Es inconcebible que en estos cuatro años no se haya puesto remedio a un asunto cuya dimensión se va incrementando cual bola de nieve que rueda cuesta abajo. Sobre todo cuando en teoría están los elementos que habrían posibilitado cambiar la situación: uno, un Gobierno con mayoría absoluta del mismo color político de la Ciudad Autónoma; y dos, unas excelentes relaciones con Marruecos Acaba de terminar oficialmente la legislatura con la disolución de las Cortes Generales. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, y el diputado Antonio Gutiérrez han hecho ya balance de lo que ha sido esta legislatura compleja, marcada por más de un centenar de reformas. Pero este mandato toca a su fin con una asignatura pendiente en Melilla, como es el problema de los menores extranjeros no acompañados. Cada día que pasa se agrava más por la falta de soluciones y las consecuencias que está teniendo tanto para la Guardia Civil, que se ve absorbida a la hora de atender esta función, como para los propios chavales, que asumen más y más riesgos que ya se han cobrado más de una tragedia.
Es inconcebible que en estos cuatro años no se haya puesto remedio a un asunto cuya dimensión se va incrementando cual bola de nieve que rueda cuesta abajo. Sobre todo cuando en teoría están los elementos que habrían posibilitado cambiar la situación: uno, un Gobierno con mayoría absoluta del mismo color político de la Ciudad Autónoma, que es la administración a la que directamente compete este problema por estar estos menores inmigrantes bajo su tutela; y dos, unas excelentes relaciones con Marruecos, que podrían cambiar (o no) en función de lo que pase en las elecciones generales del 20 de diciembre.
El problema de los menores extranjeros no acompañados fue uno de los primeros asuntos con los que Imbroda fue a Madrid a sentarse con el Gobierno. Entonces el ministro de Justicia era Alberto Ruiz-Gallardón, que se despidió de su cargo sin dar una solución. Tampoco parece que su sucesor se haya esmerado demasiado porque el problema sigue, aunque en el Parlamento se haya debatido una Ley en la que se da potestad a las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta para ajustarla a sus “condiciones particulares”.
El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, confirmó ayer que muchos de los menores acogidos por la Ciudad Autónoma en el Fuerte de la Purísima lo que quieren es llegar a la península como polizones a bordo de uno de los barcos de Melilla. Y mientras se han hecho los estudios para constatar lo que todos los melillenses saben, la Guardia Civil sigue literalmente absorbida para tratar de evitar que estos chavales se cuelen en el puerto y se hagan daño, como ya pasó hace unos días cuando un joven se descolgó desde la escollera y fue encontrado semi-inconsciente. El último comunicado de la Benemérita es muy revelador por cuanto asegura que es tal el esfuerzo de medios humanos y materiales, que prácticamente tienen que destinar todos los recursos disponibles en el servicio para atender este problema. Lo peor es que con las elecciones a la vuelta de la esquina, no parece que pronto pueda llegar la solución que todos, Guardia Civil y ciudadanos, anhelamos.
