Apenas 24 horas después de que la Guardia Civil volviera a entrar en dependencias municipales por una operación judicial, en este caso la Operación Tosca, el presidente melillense, Juan José Imbroda salió ayer públicamente para desmentir que la Ciudad Autónoma sea un foco de corrupción. Como otras veces, Imbroda admitió que se hayan podido producir errores en la gestión públicas causando “irregularidades administrativas”, pero mostró su desacuerdo con que éstas se estén “elevando a la categoría de lo penal”. Además, señaló a los partidos de la oposición como los responsables de haber lanzado desde el inicio de la legislatura un mensaje para calar en la opinión pública melillense y sus instituciones la creencia de que la Administración local está inmersa en un “mundo corrompido”. Según Imbroda, cuando en 2011 el PP ganó de nuevo las elecciones, los partidos de la oposición optaron por una estrategia de judicializar la vida política “porque no valen para ganar las elecciones” en las urnas. Para ello, Imbroda aseguró que sus rivales políticos crearon una imagen de corrupción en el Gobierno melillense lanzando “una lluvia pertinaz de mensajes” a través de las redes sociales y sus medios de comunicación, todos en la dirección de que los ciudadanos, la planta judicial, las instituciones públicas y las Fuerzas de Seguridad del Estado crean que la Ciudad Autónoma está siendo gestionada por “corruptos” y que es necesario “echarlos” por esta razón.
“Y hay gente que ha comprado ese mensaje en algunos puestos que no debería dar lugar a ello”, lamentó el presidente melillense, convencido de que quienes piensan eso son “una minoría” a la que quedará demostrada que “la verdad tiene nada más que un camino y al final triunfa, aunque cuesta muchas veces”.
“Aquí no hay corrupción. Nos hemos equivocado seguro y hay irregularidades administrativas, como las hay en cualquier sitio de España”, aseveró el mandatario local, que ayer ofreció su rueda de prensa arropado por prácticamente todos los miembros de su Gobierno, dirigentes del PP y otras personas de su confianza.
En esta comparecencia, dejó claras varias cosas. Una, que entre los 15 detenidos que hubo en la Operación Tosca el pasado martes no hay ningún miembro de su Consejo de Gobierno. Ello, a pesar de que durante toda la jornada sí hubo rumores que apuntaban a que habían sido arrestados varios integrantes del Ejecutivo melillense, lo cual Imbroda dio por desmentido con la presencia de todos ellos en la sala de prensa.
En concreto, informó de que 5 de los 15 detenidos pertenecen a la Administración local, concretamente un director general -el de Seguridad Ciudadana, Gregorio Escobar-, una gerente de una sociedad pública -Carolina Gorgé, de Promesa- y tres funcionarios. A todos ellos mostró su confianza plena, defensa y apoyo, y lamentó que estén “sufriendo en sus carnes muchas veces la incomprensión”. Sin embargo, insistió en que todos ellos hacen su trabajo bien y de forma honesta, aunque el martes tuvieran “problemas entre comillas” por su detención en el marco de la Operación Tosca.
Imbroda dijo estar convencido de que cuando los implicados declaren ante el juez, se conseguirá “aclarar que no hay nada” respecto a esas “connivencias entre comillas” en la adjudicación de contratos públicos. Ello, aunque ahora lo estén pasando “mal inmerecidamente” y tengan que soportar “el sambenito de una culpabilidad que no existe” debido a la imputación.
“Confío en la Justicia porque va a buscar la verdad”
En opinión del mandatario local, “esto está un poco desproporcionado”, aunque mostró su respeto y confianza en la Justicia porque “va a buscar la verdad”. Como otras veces, mostró la predisposición del Gobierno local a colaborar con el juzgado en cuanta información le sea requerida y lamentó la lentitud con la que se está desarrollando la investigación, dada la falta de medios con la que cuenta la Administración de Justicia.
“España tiene que poner más medios para que la Justicia sea más rápida”, dijo Imbroda recordando que son ya “muchos años con esto”, lo que genera una “duda e incertidumbre” que “quema y gasta día tras día”, aunque “no tanto” cuando, como es su caso, se tiene “la conciencia tranquila”.
Además, aseguró que esto no va a distraer al Gobierno de su objetivo de seguir gestionando, “aunque tengamos esta espada de Damocles que va y viene en función de la operatividad de los encargados de impartir justicia”. Según Imbroda, este caso tampoco va a impedir que el Pueblo siga dando su confianza en el PP en las próximas elecciones, tal y como se aprecia en las encuestas, y a pesar de las acciones de la oposición.
A los otros partidos atribuyó las “maledicencias” que apuntaban a que había miembros del Gobierno en los calabozos de la Guardia Civil, algo por lo que Imbroda avanzó que no tomarán medidas porque se ha demostrado que no era así y están acostumbrados a “tanta calumnia y tanta infamia”.
Lecciones de moralidad
En este sentido, rechazó las “lecciones de moralidad” lanzadas por el resto de partidos de la oposición, ya que recordó que “algunos tienen mucho por lo que callar” porque están “procesados” en otros casos judiciales, algo que no ocurre en el Gobierno porque ninguno de sus miembros está en esa situación jurídica.
Asimismo, Imbroda desmintió que el caso por el que está “imputado o cuasi imputado” en el Tribunal Supremo sea similar al que salpica al PSOE andaluz con el caso de los ERE y los cursos de formación. También recordó que varios miembros de PPL y otras personas cercanas a ese partido estuvieron detenidos por la Operación Salander, en la que “a lo mejor nos llevamos una sorpresa morrocotuda”.
A dicho partido, del que dijo que “son una especie de corsarios porque quieren apropiarse de los símbolos de los demás”, rechazó su petición de que el Gobierno sea sustituido por una gestora, ya que recordó que su presidente, Ignacio Velázquez, está doblemente condenado “y es reo de la Justicia”.
