Amnistía Internacional ha pedido a España que suspenda la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio, incluido el acuerdo de readmisión de ciudadanos de terceros países, “y dejar de devolver a Marruecos a personas de terceros países hasta que ese país respete plenamente los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo”. Ésta es una de las recomendaciones que se incluyen en el informe ‘Miedo y vallas: Los planteamientos de Europa para contener a las personas refugiadas’, que presentó ayer tras el trabajo de campo que ha realizado la ONG desde 2013 en las principales rutas camino de la Unión Europea. En este informe, AI insta a las autoridades españolas a derogar o reformar la ley para regular con precisión los “rechazos” en la frontera de Ceuta y Melilla, “que deberán llevarse a cabo con las debidas salvaguardias para evitar las devoluciones y las expulsiones colectivas de España a Marruecos”. En este sentido, también pide “detener la práctica de expulsar sumariamente a Marruecos a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”.
En cuanto a los refugiados de manera específica, AI solicita que se levanten “de inmediato las restricciones impuestas a la libertad de circulación de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla”, y España permita que quienes ejerzan ese derecho “viajen libremente por el país”. También pide que se garantice que “las condiciones de acogida de Ceuta y Melilla estén en línea con las normas internacionales, destinando a este fin los recursos necesarios, de conformidad con el artículo 29.2 de la Directiva sobre Condiciones de Acogida”.
“España es responsable”
La ONG expone que las 15 personas que habían intentado saltar las vallas con las que se entrevistaron habían padecido o haber presenciado violencia desproporcionada tanto de las fuerzas marroquíes como de las españolas. Dice que España “es directamente responsable de cualquier acto de violencia que sufran las personas migrantes y refugiadas cuando las autoridades españolas las devuelven sumariamente a Marruecos”.
“España está implicada en cualquier violación de derechos humanos incluido el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes que tenga lugar en territorio español en presencia de las autoridades españolas o con su ayuda”, afirma, para incidir en que “se arriesga a ser legalmente responsable del uso excesivo de la fuerza” que ellos empleen.
AI advierte también que al igual que España ha venido colaborando con Marruecos pese a “ser cómplice del maltrato” y no contar aún con un sistema sólido de protección internacional, la UE ahora apuesta por involucrar a Turquía para que impida la migración “haciendo la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos a las que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes en este país”.
“El objetivo de hacer cumplir la ley no debe conseguirse a cualquier precio. Si el nivel de fuerza necesario para ello causa daño y sobrepasa su efecto beneficioso, las autoridades deben aceptar que el objetivo no se consiga y que las personas entren en el territorio”, afirma.
El rechazo en frontera
Según explica AI, en esas vallas se devolvía de forma sumaria a Marruecos a quienes intentaban saltar el perímetro, algo que, tal y como denuncia el informe, no es exclusiva de España. “Lo que diferencia las devoluciones ‘en caliente’ de España de las que AI ha denunciado anteriormente en Bulgaria y Grecia es que el gobierno español no trata de ocultarlas, sino que intenta convencer al mundo de que son legales y no vulneran la legislación ni sus obligaciones internacionales”, añade.
El informe recuerda que de hecho, las ha incluido en la Ley de Extranjería bajo una nueva figura jurídica denominada “rechazo en frontera”. “Las autoridades españolas están dispuestas a redefinir dónde empieza el territorio español caso por caso, tratando de eludir sus obligaciones internacionales”, denuncia Amnistía.
La ONG incide en su informe que “toda persona, con independencia de cuál sea su país de origen, debe tener acceso a procedimientos individuales de concesión de asilo en los que pueda demostrar sus necesidades particulares de protección”. Sin embargo, lamenta que con los rechazos en frontera no se puede cumplir esta premisa, que también afecta a los menores de edad “al no haber procedimientos de identificación”.
Lo mismo ocurre con el “protocolo de actuación integral en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla” anunciado el 22 de octubre de 2014 por el ministro del Interior, ya que no indica “ninguna salvaguardia de derechos humanos, excepto una disposición sobre el acceso a asistencia médica de las personas heridas”.
AI denuncia también que las oficinas de asilo de Ceuta y de Melilla “no son accesibles a los africanos subsaharianos que no tienen documentos de viaje” debido a que sus características físicas les impide recurrir a la estrategia del documento “alquilado” a la que recurren sirios y argelinos.
