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Solidary Wheels denuncia irregularidades en el CETI tras conocer que varios solicitantes de asilo son expulsados en base a una sanción “sin respaldo legal”

Solidary Wheels denuncia medidas sancionadoras sin respaldo legal en el CETI de Melilla, generando vulneración de derechos fundamentales. La Delegación del Gobierno defiende la necesidad de garantizar la convivencia y seguridad. Se solicita una revisión exhaustiva de los procedimientos disciplinarios.
CETI 1

La organización denuncia la aplicación de medidas sancionadoras sin respaldo legal, mientras que la Delegación del Gobierno de la ciudad defiende la necesidad de garantizar la convivencia y seguridad de los residentes

 

En un preocupante panorama que revela la vulneración de los derechos fundamentales de las personas solicitantes de asilo, la organización Solidary Wheels ha expuesto las condiciones extremadamente precarias a las que se enfrentan varios residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla. Según la información proporcionada por la organización, al menos cinco individuos fueron sometidos a una medida sancionadora de expulsión temporal, sin contar con el respaldo legal adecuado.

La situación se agrava aún más al saber que estas expulsiones se llevan a cabo “sin una motivación clara” según la organización, y sin ofrecer a los afectados la posibilidad de presentar alegaciones previas. Esta falta de transparencia en los procesos disciplinarios del CETI genera confusión y desconfianza entre los residentes, quienes se ven obligados a abandonar el centro y enfrentar condiciones de extrema vulnerabilidad en las calles de la ciudad.

La ausencia de una normativa clara y transparente sobre los protocolos y procedimientos internos en la gestión del centro es otro punto alarmante. Aunque existe un reglamento que regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, parece que las medidas tomadas por el CETI no están respaldadas por esta normativa, lo que genera una absoluta inseguridad jurídica.

Uno de los aspectos más preocupantes que resaltan desde la organización es la falta de proporcionalidad en las sanciones impuestas. En lugar de considerar alternativas menos perjudiciales, como la aplicación de medidas disciplinarias proporcionales a las faltas cometidas, se opta por la expulsión de los residentes, dejándolos en una situación de desamparo y peligro en las calles.

La gravedad de esta situación se evidencia aún más al recordar casos trágicos como el del joven residente del CETI de Ceuta que se quitó la vida después de ser expulsado durante un mes del centro. Estos sucesos subrayan la urgente necesidad de revisar exhaustivamente los procedimientos disciplinarios en los CETI de Ceuta y Melilla, garantizando que cualquier medida tomada esté respaldada por una justificación clara y se ajuste a la normativa y al respeto de los derechos humanos.

Desde Solidary Wheels y otras organizaciones de derechos humanos, se denuncian estas irregularidades y se exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes.

Argumento por parte de Delegación del Gobierno

Ante las acusaciones de irregularidades en las expulsiones, desde Delegación del Gobierno han emitido una declaración defendiendo la aplicación de medidas disciplinarias para garantizar la convivencia y la seguridad de los residentes.

Según Delegación del Gobierno, el CETI acoge a personas, familias y menores, por lo que es imperativo aplicar normas que aseguren la convivencia pacífica. Aseguran que se hace hincapié en que la prioridad es proteger al personal vulnerable y garantizar la seguridad e integridad de todos los residentes. Si bien reconocen que actualmente hay personas bajo la medida de retirada temporal de acogida, aseguran que se debe a infracciones graves que ponen en riesgo la seguridad y la convivencia en el centro.

Este contraste entre las posturas de Solidary Wheels y la Delegación del Gobierno de Melilla refleja la complejidad de la situación y la necesidad de una evaluación exhaustiva de los procedimientos disciplinarios en el CETI, con el objetivo de garantizar el equilibrio entre la seguridad de los residentes y el respeto a sus derechos fundamentales.

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Elsa Almendros

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