El Ministerio del Interior anunció ayer la creación de unas oficinas de asilo y protección internacional en los pasos fronterizos de las dos ciudades autónomas, una muy buena noticia que supone un gran paso adelante en materia de derechos humanos y que debería haberse llevado a cabo hace ya tiempo para evitar situaciones tan dramáticas como las que se han dado en nuestra frontera Las ONGs que trabajan de cerca con los colectivos de inmigrantes llevan años quejándose de que el sistema de petición de asilo no se estaba cumpliendo en nuestra ciudad o, al menos, no con la eficacia deseada en un procedimiento del que dependen los inmigrantes más vulnerables que necesitan protección internacional. La grave presión migratoria que sufre Melilla y la saturación del CETI se unen al hecho de que los recursos humanos para atender a cientos de personas son siempre escasos, lo que termina afectando sin poder evitarlo a quienes quieren ejercer su derecho de pedir asilo.
De ello también han sacado buena tajada las mafias que trafican con seres humanos, que durante más de un año han estado vendiendo a precio de oro pasaportes falsos a familias sirias que llegaban huyendo del conflicto bélico que asola su país. Las redes criminales que mueven los flujos migratorios clandestinos han llegado a cobrar hasta 2.000 euros por cada pasaporte falso, aprovechándose de la desesperación de estas personas, y rizando el rizo con casos de tráfico de menores por los pasos fronterizos.
Este tipo de situaciones que se han estado dando en nuestra frontera hasta hace muy poco tiempo evidenciaban la necesidad de que el Gobierno reaccionara tomando medidas para evitar que personas que tienen derecho a pedir asilo tuvieran que arriesgar tanto para poder ejercerlo. Y no sólo los sirios, también otros inmigrantes de origen subsahariano, como los malienses, cuya única opción para poder solicitar la protección internacional es saltar la valla. No es lógico y por eso las ONGs llevan varios años pidiendo que Melilla y Ceuta no sean una excepción en el sistema de petición de asilo que se sigue en el resto del territorio nacional.
El Ministerio del Interior anunció ayer la creación de unas oficinas de asilo y protección internacional en los pasos fronterizos de las dos ciudades autónomas, una muy buena noticia que supone un gran paso adelante en materia de derechos humanos y que debería haberse llevado a cabo hace ya tiempo para evitar situaciones tan dramáticas como las citadas anteriormente. Probablemente el temor a un efecto llamada ha impedido que estas oficinas fueran una realidad antes, algo comprensible sobre todo si se analiza el problema desde dentro de Melilla y no desde la lejanía, donde la percepción es diferente y no tiene en cuenta el factor de la seguridad en la frontera que tanto valora la población en general.
Sin embargo, la gravedad de la situación hacía necesario mirar el fondo del problema y darse cuenta de que estas oficinas, si se implantan con los medios necesarios como ha anunciado Interior y como solicitan las ONG, contribuirán a que el procedimiento de asilo se lleve a cabo de manera ágil y con las garantías necesarias, cumpliendo lo que establece Europa en esta materia. No hacerlo por miedo a un efecto llamada sólo contribuía a perjudicar aún más a los inmigrantes que llegan huyendo de guerras y persecuciones, aumentar su situación de desesperación, dar pie a que se produzcan situaciones de peligro en la frontera y, sobre todo, propiciar un panorama ideal para las mafias.
