Hay que dejar actuar a la Justicia, que es la que deberá investigar y determinar si se ha vulnerado o no la Ley. Mientras eso no ocurra, el resto debería dejar de hacer juicios paralelos y no confundir imputaciones con condenas La decisión del Tribunal Supremo de abrir un procedimiento judicial para investigar si Imbroda cometió un delito en la contratación de un abogado externo se produce en plena antesala electoral, un momento en el que algunos partidos suelen cometer el error de seguir el juego político pisando el acelerador sin medida, cual coche kamikaze, especialmente ante noticias de alcance como la de ayer. Habitualmente quienes recurren a esa estrategia son los que menos opciones tienen de ganar, porque sólo haciendo mucho ruido consiguen disimular su carestía de propuestas que ofrecer a la ciudadanía.
Todos sabemos que el exceso de velocidad en nuestras acciones conduce, habitualmente, al error. Pocas veces es compatible con el acierto, como ayer se pudo ver en cuanto la decisión del Supremo empezó a acaparar los titulares de prensa. Prácticamente al mismo tiempo en que se estaba dando la noticia, PSOE y PPL ya estaban exigiendo responsabilidades, sin respetar la presunción de inocencia a la que tenemos derecho todos los ciudadanos en España. Ambos partidos mostraron muy a las claras su voluntad de sacar tajada de este asunto para desgastar a su rival político, aun cuando ninguno de los dos, PSOE y PPL, pueden dar ejemplo de nada y menos en lo que se refiere al ámbito judicial.
No deja de ser curioso que el único responsable político condenado de Melilla, y además por partida doble, se apresurara a convocar una rueda de prensa para pedir que Imbroda no sea candidato. Él, Ignacio Velázquez Rivera, que pretendió hace cuatro años presentarse a las elecciones como candidato de PPL pese a tener en vigor una condena de inhabilitación especial por prevaricación. Además, tampoco es que pueda aleccionar en este caso de los abogados, ya que entre las contrataciones de abogados externos que se están investigando figura una que fue obra del propio Velázquez en su etapa como presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
El caso del PSOE también es sangrante si se tiene en cuenta que buena parte de su Ejecutiva está pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados por el caso del voto por correo. La candidata Gloria Rojas no tiene implicación en él, pero sí sus compañeros de partido, entre ellos los dos diputados socialistas, que mantienen calientes los dos escaños del PSOE y el asiento de la Secretaría General. No es congruente, por lo tanto, que el mismo partido que exigía ayer dimisiones no se haya aplicado el cuento antes y, en cambio, haya optado por hacer el papel de juez.
En este caso, como ya hemos dicho otras veces, hay que dejar actuar a la Justicia, que es la que deberá investigar y determinar si se ha vulnerado o no la Ley. Mientras eso no ocurra, el resto debería dejar de hacer juicios paralelos y no confundir imputaciones con condenas. La sugerencia va dirigida especialmente a aquellos que tienen responsabilidades políticas, habida cuenta que todas las opciones representadas en la Asamblea tienen a miembros con causas pendientes con la Justicia, o incluso resueltas con condenas, como es PPL, ejemplo de lo que no se debe hacer en política.
