¿Dónde está el beneficio que Juan José Imbroda podría haber obtenido? ¿En qué se puede basar el presunto delito de prevaricación? En nada, excepto en intentar obtener algún provecho político aquellos que no lo han logrado, ni lo lograrán, en las urnas y a costa de hacer perder el tiempo a guardias civiles, jueces y demás elementos de la estructura pública que tantas cosas graves tienen retrasadas o desatendidas porque, aducen, no tienen tiempo de atenderlas. Me parece indiscutible e indisimulable que España está pasando una mala época, que lo que se ha venido a llamar "el Sistema" está acabado, aunque todavía no haya terminado. Como vengo diciendo un y otra vez en mis Cartas y en las charlas con los amigos -de todo tipo- un cambio profundo es inevitable.
Pero no cualquier cambio. Arcadi Espada, en un magnífico artículo del pasado jueves en El Mundo, bajo el título de "Monstruos", se refería a la gente de Podéis, como él llama, con acierto, a Podemos. Y añade: "Su autoritarismo se declina en el nombre. Muchas personas dicen que (lo que predicen las encuestas) es imposible y se basan en "el carácter monstruoso de las propuestas de Podéis… algo que va contra el orden de la naturaleza…como el comunismo". "Mucha gente no da crédito a que una parte sustancial de los ciudadanos opte por el voto monstruoso. No es (dice Arcadi) mi caso. Podéis es un producto de una ficción basada en hechos reales… con un trato privilegiado que ha recibido de las televisiones", la Cuatro y la Sexta, sobre todo, añado yo.
Arcadi, que es catalán, señala también y muy acertadamente, que "el probable éxito de Podéis convive en el tiempo con un éxito mayor todavía, el del secesionismo catalán, con el que comparte su carácter ficcional y el apoyo mediático más entregado y fanático. Podéis y Proceso son dos productos de la ficción televisiva de nuestra época", lo que Mario Vargas Llosa llamaba, como decía yo en mi Carta anterior, la cultura del espectáculo, en la que lo importante no es lo que se es, sino lo que se parece. Y tanto Podéis como Proceso "demuestran tener los mismos escrúpulos con la verdad…su carisma está en el relato". Para terminar su artículo, Arcadi abre una puerta a cierta esperanza: "el encuentro de estos dos fabuladores (Pablo Iglesias y Artur Mas) en el reino de ficción de Katatonia" y su posible consecuencia de "que se inutilicen como dos cuñas de la misma madera y que, sobre ese paisaje de cuentos muertos, los adultos consigan hacerse finalmente con el mando a distancia".
Me parece más que evidente que si el cambio profundo que España necesita ha de venir a través de Podéis (o Podemos) o de Proceso (o el separatismo catalán) el resultado ineludible sería salir de Guatemala para entrar en Guatepeor, pero no un Guatepeor cualquiera, sino en una verdadera monstruosidad.
Claro que no son sólo monstruosos Podéis y el secesionismo. Porque cerca de la monstruosidad están también otras cosas que están pasando en nuestro país, además de la indignante corrupción política. Por ejemplo, en el País Vasco. Leo un artículo de Luis María Ansón que dice "En docenas de Ayuntamientos vascos y navarros dominados por los proetarras…ya no se necesitan ni secuestros ni chantajes revolucionarios para recaudar dinero. Allí donde gobiernan los proetarras han impuesto la dictadura del miedo y se benefician con el mayor descaro". Y, se pregunta Ansón, ¿investigará la UDEF (de la Guardia Civil) o la UCO (también de la Guardia Civil) con la debida diligencia lo que está ocurriendo? Mucho me temo que la única respuesta cierta es un no, y desde luego es cierto que allí no están aplicando la misma, ni debida ni indebida, diligencia que están empleando en Melilla, y la inevitable nueva pregunta es ¿no sería conveniente que esas unidades de la Guardia Civil emplearan mejor el dinero de los contribuyentes atendiendo y persiguiendo lo que es verdaderamente grave y delictuoso en vez de perdiendo el tiempo, y el dinero público, en investigar denuncias imprecisas, falsas y absurdas, de presuntos delincuentes, además?
Otro ejemplo de absurdidad monstruosa nos la proporciona ese pésimo periodista que es Ignacio Cembreros, un autonombrado experto en asuntos del Norte de África que publica un artículo en el que dice que "la Fiscalía Anticorrupción (controlada en buena parte por el PSOE, dicho sea de paso y por muy increíble que parezca después de tantos años de mayoría absoluta del PP) se ha mostrado favorable a que el Tribunal Supremo nombre un instructor para investigar a Imbroda, porque considera que hay suficientes indicios de un delito de prevaricación en la contratación de un abogado". Los hechos ocurrieron en el año 2006. El que contrató al abogado fue el socialista Rafael Hernández. El abogado contratado fue Juan Jesús Olivares, también muy próximo al socialismo. Para pagar al abogado se necesitó el visto bueno de diferentes, y numerosos, empleados públicos e Imbroda se limitó a estampar, también, su firma, como un acto protocolario y administrativo más, para pagar a una persona que yo creo que ni siquiera conoce. ¿Dónde está el dolo? ¿Dónde está el beneficio que Juan José Imbroda podría haber obtenido? ¿En qué se puede basar el presunto delito de prevaricación? En nada, excepto en intentar obtener algún provecho político aquellos que no lo han logrado, ni lo lograrán, en las urnas y a costa de hacer perder el tiempo a guardias civiles, jueces y demás elementos de la estructura pública que tantas cosas graves tienen retrasadas o desatendidas porque, aducen, no tienen tiempo de atenderlas.
Termino emulando a mi buen amigo Enrique Entrena y preguntándome: ¿Conclusiones? Pues que en España, como estamos y a punto de romperse, no podemos seguir así. Que las soluciones que se vislumbran son peores que la enfermedad (y no digamos en Melilla, con las alternativas de Bassets/Dionisios o Velázquez/Liarte). Y que la Justicia y sus adláteres, impregnados de politicismo, funcionan muy mal. Los ciudadanos estamos más que hartos y hay que buscar, y encontrar, otras formas de participación democrática en la vida pública, que debe revalorizarse.
