Miguel Marín, actual presidente de la Autoridad Portuaria, mostró su satisfacción por el sobreseimiento de la causa dictado por la Audiencia Provincial de Málaga en la que se juzgaba al que era jefe de Relaciones Laborales, Enrique Mignorance, en 2007 por un presunto delito de prevaricación administrativa. Contra esta sentencia, tal y como dicta el auto que publicó este diario en su edición de ayer "no cabe recurso ordinario alguno". Además, el auto resalta que "no se puede trasladar al derecho penal toda irregularidad administrativa" y asegura que la contratación supuestamente irregular a través de los contratos firmados por Marín han sido realizados en el marco de un procedimiento correcto. Así, lo avalan tal y como indica el escrito de la Audiencia, el Juzgado de lo Social de Melilla, la Sala de lo Social del TSJA y el informe del Consejo de Estado sobre la contratación. Miguel Marín, actual presidente de la Autoridad Portuaria, afirmó que ha sido "mala suerte" que el auto dictado por la Audiencia Provincial de Málaga "haya sido posterior" al recurso que al propio Marín le fue desestimado, ya que si hubiera sido anterior "mi causa también debería ser sobreseída".
Así se mostró el que era consejero de Administraciones Públicas en 2007 al respecto del auto emitido por la Audiencia Provincial que sobresee la causa por la que investigaban al que era responsable de Relaciones Laborales, Enrique Mignorance por la presunta contratación irregular de un arquitecto por parte de la Ciudad en 2007.
Dado que no ha sido el caso de Marín, éste tendrá que ir a juicio oral, aunque afirma que con dicho auto, se pregunta que "tipo de juicio será", dado que "es un juicio donde los propios órganos judiciales ya han dictado que no existe ilegalidad en el procedimiento administrativo".
Aún así, Marín puso en valor al funcionario quien ha sido un empleado público "magnífico" y que "ha demostrado a lo largo de los años dentro de la administración pública, ser un extraordinario profesional". Es por ello, por lo que consideraba "injusta su situación procesal".
Una "gran noticia"
Al mismo tiempo, señaló este escrito como una "gran noticia para la propia justicia", dado que "demuestra que cuando ésta profundiza en el caso, saca a relucir la verdad y realidad de los hechos". A su vez, afirmó que dicho auto demuestra "que la justicia es lenta" y que el próximo Gobierno "deberá dotar a jueces y magistrados de más recursos técnicos y humanos para que los procesos sean más rápidos".
Marín aseguró que el auto relata cada uno de los argumentos que durante estos nueve años ha ido explicando para defenderse. Estos son entre otros, que el procedimiento de contratación se hizo legalmente a través de un proceso establecido en la normativa de previsión de puestos de trabajo y en la propia constitución de la bolsa de trabajo que fue oferta genérica del Servicio Público de Empleo. A esto se suma, que la contratación se realizó con un proceso selectivo, a través de un tribunal de selección independiente, donde solo estaban empleados públicos.
Marín agregó que tras realizarse ese procedimiento de selección " se estableció una bolsa de trabajo acorde a la normativa de previsión de puestos y de la propia normativa de la bolsa de trabajo". El proceso, subrayó, es el mismo que se ha hecho con "miles de contratados temporales", algo que refleja el auto.
La legalidad avalada por diversos órganos judiciales
Del mismo modo, destaca que el escrito del magistrado también "corrobora" la sentencia del Juzgado de lo Social de Melilla y otra de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el primer contrato que se firma con el arquitecto, la recesión de mutuo acuerdo del contrato primitivo con el arquitecto y la formalización del nuevo contrato,"es legal".
En este sentido, también resaltó que el escrito de la Audiencia Provincial hacía referencia a las conclusiones del informe del Consejo de Estado en el que el propio Marín se ha apoyado en alguna ocasión, ya que decía "que no había ningún vicio de nulidad en el procedimiento administrativo".
Asimismo, considera que dicho auto le beneficia a su situación judicial dado que "hasta el día de hoy, se me había acusado insistentemente de que había cometido un delito de prevaricación, y yo también decía que para cometerlo hacían falta dos elementos, uno objetivo y material como es la comisión de un ilícito administrativo y un elemento subjetivo, que es la intencionalidad".
Esto es que "se conozca que está mal lo que se está firmando y que se firme", algo que según Marín "ha sido todo lo contrario", dado que no se tienen "ni si quiera el primero de los elementos, que es el ilícito administrativo".
Ataques “furibundos e injustificados” hacia su persona
El presidente de la Autoridad Portuaria lamenta haber "sufrido todo tipo de ataques furibundos, totalmente injustificados y que como decía en su día, la justicia con mayúscula esclarece los hechos y vuelve a decir que los procedimientos llevados a cabo, fueron legales". "Si es el técnico que es el que avala ese procedimiento administrativo ha actuado legalmente, yo lo que lo único que hago es firmar ese procedimiento administrativo, pues no queda otra cosa que lo que he firmado es legal", sentenció Marín.
Del mismo modo, reprochó a parte de la oposición y a los demandantes que "no hayan contado" aquello a lo que hace referencia el auto y que por el contrario, "hayan tergiversado la realidad" aludiendo a “hechos espurios”. Y es que Marín afirma que el auto de la Audiencia Provincial "describe y relata de manera pormenorizada" todos los hechos a los que el propio Marín ha hecho referencia desde que se inició la causa.
