Los juzgados están repletos de trabajo acumulado, y cuanto más lento se avance para la resolución de los casos, menos justicia se impartirá porque además de restar efecto ejemplarizante, se condena a una incertidumbre y un juicio público a quienes se ven implicados en estos casos aunque al final resulte que son inocentes Una Justicia lenta como la que tenemos en España hace que ésta sea menos justa. Lo hemos apuntado en varias ocasiones desde estas líneas y ahora, nuevamente, debemos señalarlo a raíz de la operación policial que desarrolló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado martes. Esta actuación, enmarcada en la Operación Tosca, conllevó la detención del viceconsejero de Festejos, Francisco Díaz, y de una pareja de empresarios adjudicatarios de contratos de la Ciudad Autónoma, causando un importante revuelo en el ámbito político de la ciudad y, de nuevo, la inquietud en parte de la opinión pública melillense por lo que supone que la gestión pública de la Administración local vuelva a tener sobre sí una sombra de duda. Son ya varios sobresaltos de este tipo los que acumula Melilla desde que en septiembre de 2013 se llevaron a cabo los primeros registros de la Operación Ópera, matriz de la Operación Tosca. Ambas investigan presuntas irregularidades en la contratación pública de la Ciudad Autónoma.
El inicio de la Operación Tosca se remonta a algo más de tres años, finales de 2012. Pero la investigación de la Operación Ópera va camino de siete años, pues empezó en 2009. No son los únicos casos judiciales que se están demorando en el tiempo. Otro ejemplo muy sonado lo tenemos en el Caso Voto por Correo, que investiga unos presuntos hechos cometidos en la campaña de las elecciones generales de marzo de 2008, y cuyo juicio no termina de arrancar. Queda claro que los juzgados están repletos de trabajo acumulado, y que cuanto más lento se avance para la resolución de los casos, menos justicia se impartirá en este país porque además de restar efecto ejemplarizante, se condena a una incertidumbre y un juicio público a quienes se ven implicados en estos casos aunque al final resulte que son inocentes. Para que la Justicia sea ágil y, por tanto, más justa, es necesario que el Estado destine más recursos a esa administración pública, una asignatura pendiente que debe resolverse en esta XI Legislatura que ayer empezó oficialmente con la constitución de las Cortes Generales.
Otra cuestión que se plantea tras la última operación de la UCO es las consecuencias que podría conllevar en el plano político. Si bien las anteriores detenciones e imputaciones en la Operación Tosca y la Operación Ópera no tuvieron ninguna en forma de ceses o dimisiones, también es cierto que el escenario político que había en la anterior legislatura no era el mismo que ahora, en el que el PP gobierna con estabilidad gracias al acuerdo de PPL, partido que ha calificado como graves los hechos ocurridos anteayer. De las declaraciones de su presidente y su diputada, Ignacio y Paz Velázquez, se desprende una invitación a introducir cambios en el Gobierno para «satisfacer» y «tranquilizar» a la población, lo que podría apuntar directamente a Francisco Díaz como primera «víctima» política de esta legislatura si finalmente se produce su salida del Gobierno tras su detención. Sería, en ese caso, una muestra más de que algo ha cambiado en este mandato, aunque habrá que esperar en todo caso a los próximos días a que Imbroda anuncie la reforma de su Ejecutivo, obligada también tras la marcha de Sofía Acedo después de tomar posesión como senadora.
