ONGs como CEAR, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge o Caminando Fronteras se han posicionado en contra de la decisión del Gobierno socialista de devolver a Marruecos a los inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado día 22. Según las diferentes ONGs, que califican como “desacertado” el enfoque del Gobierno, resulta imposible detectar adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad o susceptibles de optar a asilo, cuando los procedimientos de expulsión se instruyen y ejecutan en menos de 24 horas. Además, critican el hecho de que la impermeabilización de fronteras no vaya acompañada de una vía de acceso “legal y segura” al país.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional, Andalucía Acoge y Caminando Fronteras (la ONG dirigida por la activista Helena Maleno) han coincidido en calificar de “enfoque desacertado” la expulsión de migrantes a Marruecos realizada este jueves 23 de agosto por parte del Ejecutivo español y han alertado de que esta acción puede vulnerar los Derechos Humanos. A juicio de la directora general de CEAR, Estrella Galán, “este nuevo enfoque es desacertado si no se garantizan fórmulas que permitan la llegada de personas de una forma ordenada y con garantías. De nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras y en la seguridad que en las personas y sus derechos”, ha lamentado.
La expulsión se ha realizado en virtud de un acuerdo firmado entre ambos países en el año 1992 para la readmisión de extranjeros que entran de manera irregular a territorio español a través de sus fronteras. Sin embargo, CEAR considera que este cambio de políticas pone en marcha “procedimientos acelerados en poco más de 24 horas” que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional.
Asimismo, recuerda que a día de hoy “no es posible llegar a España mediante vías legales y seguras”, como visados humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas, consulados o acceso a la oficina de asilo en Ceuta. La organización también denuncia “el creciente hostigamiento” que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos, con “redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro, ya que no garantiza el principio de no devolución ni el respeto a los derechos humanos”.
Por su parte, Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación por estas prácticas porque, a su juicio, “podrían suponer una vulneración de los Derechos Humanos”.
Un país sin política migratoria
Una de las denuncias más recurrentes de las ONGs dedicadas al tránsito de personas y la acogida de refugiados es la total ausencia de un mecanismo o una vía legal/regular para solicitar el acceso a España desde terceros países.
La política migratoria española es totalmente inexistente, toda vez que se basa casi exclusivamente en la mayor o menor impermeabilización de las fronteras, sin entrar nunca a valorar la posibilidad de establecer mecanismos de inmigración regularizada a nuestro país.
Cerrar la frontera a la potencial mano de obra no cualificada, a los refugiados o a las personas en situación de vulnerabilidad, sin dar opción a que soliciten asilo de manera formal es, según muchas voces, una manera de perpetuar el problema: ¿Cómo impedir el acceso ilegal a España si no existe posibilidad de acceder legalmente?
