“Queremos hacer un llamamiento a una primavera de movilizaciones. Es fundamental que se dé la batalla en la calle”. Con estas palabras el ínclito Pablo Echenique sentenció el 26 de febrero lo que hoy es ya una realidad: que las calles están siendo “tomadas” por el movimiento gramsciano que dirige la nueva generación podemita que irrumpió en el panorama social y político de España a raíz del 15M. La única e importante diferencia es que ese movimiento social gozó de la espontaneidad y frescura que representaba la “indignación” de una parte de la ciudadanía por las duras y necesarias medidas económicas que el Gobierno de Rajoy tuvo que adoptar para sacar a España del abismo de pobreza al que íbamos indefectiblemente encaminados ante la cuasi quiebra financiera y económica del Estado.
El ascenso al poder institucional de los populistas cambió aquella espontaneidad y frescura del movimiento callejero por los acomodados escaños de la denostada casta del Congreso y Senado, de los parlamentos autonómicos y de las alcaldías y concejalías de grandes, medianos y pequeños municipios. Todo parecía prever que un “nuevo aire” entraba en la vida política española de la mano de esa savia joven, desenfadada y desaliñada que representaba Podemos junto a los aggiornados de Ciudadanos, marca indefinida de una España que, para esta formación política, puede acostarse socialista y levantarse liberal/conservadora.
Pero la “revolución” a la que aspira Podemos no se puede hacer desde un “sistema” encapsulado en una Constitución de hace ya cuarenta años. La política debe socializarse siguiendo el camino trazado por el comunista italiano Gramsci. Las instituciones y las organizaciones públicas son un traje que se ha quedado pequeño, el salto es la ampliación del Estado para que la “sociedad civil” sea una alternativa al “sistema”, dirigida desde los movimientos y redes sociales, alentados convenientemente por algunos medios de comunicación e información.
No es difícil comprobar cómo desde el anuncio que hizo Echenique, toda España se está sintiendo convulsionada por las “movidas” callejeras que ya se han iniciado al hilo de la huelga feminista del 8M, la reivindicación de unas pensiones justas y suficientes o la más reciente y masiva protesta por una controvertida sentencia de la Audiencia de Navarra en el caso de la “Manada”, que está llegando a enfrentar peligrosamente a los poderes del Estado.
Es decir pensiones, feminismo, salarios o violencia sexual, todo vale para “calentar” el ambiente, provocar un estado de excitación colectiva y lo que es peor desatar los nervios ante lo que es ya el inicio de una larga campaña electoral para el 2019. Caer en esa trampa del “todos a la calle” puede resultar letal para nuestra democracia y para la arquitectura del modelo constitucional que se fraguó en la transición, por el desbordamiento de un cauce difícilmente controlable, como es el del sentimiento y la pasión ciudadana.
El vértigo que está produciendo a la sociedad española tanto desatino en algunas de las conductas que atañen a los/las representantes de las instituciones y poderes del Estado debe hacer recapacitar seriamente a quienes son responsables de dirigir y administrar los intereses y el destino de una España que no se nos oculta que esta navegando por un proceloso mar de incertidumbres.
Hacer una llamada a los partidos constitucionalistas para que hagan gala de un mínimo de sensatez y consenso en los graves temas de Estado que nos preocupan seriamente ya no se puede limitar exclusivamente a la unidad territorial de España, sino que pasa también por ahondar en las causas sociales y económicas que están perturbando seriamente la convivencia de una sociedad que como la nuestra se mueve hoy entre el desconcierto y la desconfianza hacia sus dirigentes políticos.
