Políticas inútiles y populistas para un problema complejo: los despidos que se avecinan.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, sorprendió recientemente (aunque sus ocurrencias e idioteces cada vez sorprenden, por esperadas, menos) con el anuncio de que reforzará el papel de la Inspección de Trabajo para que pueda “controlar las causas que motivan un expediente de regulación de empleo (ERE)”. “La cuestión va de que no se pueda despedir, del endurecimiento de las causas”, afirmó.
Los temores y dudas sobre el alcance y la materialización de esta promesa crecen entre las empresas, los laboralistas y los despachos de abogados. Lo único que parece claro es la razón que la motiva: el temor a una oleada de despidos colectivos que empezará a materializarse en 2023, en pleno año electoral.
La reforma laboral de 2012 acabó con la autorización administrativa previa para los despidos colectivos. La citada autorización suponía que la autoridad laboral competente, que podía ser desde un ayuntamiento a la consejería de una comunidad autónoma, era la que daba luz verde o vetaba el expediente. Ello implicaba una clara injerencia política en los procesos que siempre fue criticada por las empresas. Después de la reforma, impulsada por el PP, la decisión corresponde a la empresa y son los trabajadores y los sindicatos los que, en caso de desacuerdo, pueden recurrirla por vía judicial (que tampoco se caracteriza precisamente por dar la razón a las empresas, pero que, al menos, se supone menos influida por “otras cuestiones” confesables o inconfesables). Díaz no se atrevió (seguramente no le faltaban ganas, pero sus socios no le hubieran dejado hacerlo) a derogar este apartado en su propia ley laboral.
Es una constante de este gobierno comunista que nos ahoga a impuestos y prohibiciones (ya dejó hace mucho de ser social-comunista para radicalizarse hacia la izquierda y el populismo) el querer imponer cosas y hacer que otros (en este caso las empresas) paguen sus múltiples errores.
Por mucho que se empeñe la ministra Díaz en que no haya despidos, por mucho que persiga y amenace a las empresas con inspecciones, las empresas que tengan que despedir para sobrevivir (y para que el resto de trabajadores puedan conservar sus trabajos), lo harán. Si de verdad quisiera que no hubiera despidos tendría que convencer a sus compañeros de gobierno para que las ayudas a las empresas sean más altas y lleguen antes de que estas mueran, tendría que convencer a sus compis de que las subidas de salarios se pueden dejar para un poco más tarde (sobre todo las de los funcionarios y políticos) y, sobre todo, tendría que convencerles de que dejen de subir impuestos y de que utilicen lo mucho que están recaudando ahora para que las clases medias y bajas y las pymes (de verdad, no con las habituales medidas populistas) paguen menos por la luz, el gas y los carburantes.
Pero todos sabemos que lo que quiere Díaz (y Pinocho y los demás que están en los sillones) es vender “medidas humo” que le hagan acortar la actual distancia en intención de voto que tienen los partidos del actual gobierno respecto al PP y Vox. Con su ejército de inspectores (que va a incrementar en otros 600) puede conseguir lo contrario a lo que dice pretender: las empresas cambiarán un ERTE o un ERE por un cierre y una liquidación.
Melilla y Ceuta deben ser una sola Autonomía.
Es cierto que hay mucha distancia física entre ambas Ciudades Autónomas españolas, pero también lo es que tienen muchas cosas en común que aconsejan el dejar de ser dos ciudades autónomas y pasar a ser una Comunidad Autónoma más (con los mismos derechos, cosa que no ocurre actualmente, que el resto de las existentes en España).
Problemas como la inmigración, el paro, la falta de inversiones, la educación, la lucha contra el fundamentalismo islámico, los precios y deficiencia de los transportes y la falta de tejido industrial y empresarial privado, son comunes a ambas ciudades, que son también de gran importancia para Europa por ser las dos fronteras del sur.
Una nueva Comunidad Autónoma que incluya ambas Ciudades Autónomas (con dos alcaldías) tendría un peso mucho mayor a la hora de defender los intereses de los melillenses y ceutíes ante el gobierno de turno de España y ante Europa. La fuerza de una Comunidad común, con cerca de 200.000 habitantes y con dos lugares estratégicos desde el punto de vista migratorio y de control económico y militar del Mediterráneo, haría que fuese más fácil conseguir muchos de los objetivos comunes de ambas ciudades, como pueden ser: 1) Entrar en la Unión Aduanera Europea; 2) Recibir importantes fondos de Europa para fomentar la españolidad e independencia económica de nuestros vecinos marroquíes, para tener una frontera europea moderna con fondos suficientes y para, desde Melilla/Europa, promover el desarrollo económico y de mejora de las libertades de los países africanos cercanos. 3) Que ambas ciudades tengan regímenes especiales que las hagan atractivas para que vengan personas físicas a vivir (no sólo funcionarios) y personas jurídicas (empresas) a establecerse.
