Lo que ha ocurrido hasta ahora es: una fiscal se dirigió a nosotros, no para anunciarnos su amparo, sino para amenazarnos "de oficio"; la Policía Nacional no ha logrado, tres meses más tarde, solucionar el caso; el delegado del Gobierno ni siquiera ha respondido a nuestra demanda de protección. ¿Es todo esto esperanzador? ¿Se nos trata como ciudadanos o como súbditos contribuyentes sin derechos?
"La Audiencia exculpa a un guardia civil de revelar secretos. El agente fue acusado por denunciar corruptelas al subdelegado del Gobierno". Son los titulares de una noticia que publicó el diario El País el pasado 24 de enero. El agente, que podía haber sido condenado a 18 meses de multa y tres años de inhabilitación, fue exculpado por la Audiencia Provincial de Ciudad Real "tras haber elevado al subdelegado del Gobierno denuncias por presuntos delitos, incluidos los de tráfico de drogas y trata de blancas, en los que estaría supuestamente implicados, al menos por omisión, agentes del instituto armado".
El corporativismo, en su sentido de tendencia de determinados grupos profesionales a defender sus propios intereses en detrimento de los otros grupos o los generales de la sociedad (el otro significado es el de doctrina política y económica, propia de regímenes totalitarios, que defiende la integración de trabajadores y empresarios bajo una misma organización profesional) es uno de los graves problemas de España, por su grado de profunda extensión y práctica, en los dos sentidos de la palabra corporativismo. Una prueba, una más de entre tantas, la tuvimos cuando, un día de hace ya más de tres meses, publicamos en este periódico parte (sólo parte) de unas declaraciones que nos hicieron sobre presuntos delitos y malas prácticas en las que podrían haber incurrido algunos (repito, algunos) miembros de la Guardia Civil de Melilla. Cuarenta y ocho horas después surfrimos un primer atentado y dos días más tarde el segundo, que culminó con la quema nocturna de mi coche en la puerta de mi domicilio, atentados perpetrados por unos cuantos individuos de los bajos fondos locales. Lo que ha ocurrido hasta ahora es: una fiscal se dirigió a nosotros, no para anunciarnos su amparo, sino para amenazarnos "de oficio"; la Policía Nacional no ha logrado, tres meses más tarde, solucionar el caso; el delegado del Gobierno ni siquiera ha respondido a nuestra demanda de protección. ¿Es todo esto esperanzador? ¿Se nos trata como ciudadanos o como súbditos contribuyentes sin derechos?
Escibe Albert Boadella en su magnífico libro "Adiós Cataluña" que en nuestro país "existe verdadera escasez de ciudadanos, en el sentido que atribuye a este término la Ilustración…. España continúa padeciendo una mayoría de 'pueblo', de 'súbditos', e incluso de 'vasallos vocacionales', y ello constituye uno de los mayores fracasos de nuestra democracia… Pervive la ancestral dejación de las responsabilidades sobre quien ostenta un cargo superior". Y añade que en España "la cobardía personal de la gente adquiere popularmente reputación de sensatez". Desde luego, hace falta valentía para luchar contra este estado de cosas, pero también ocurre que, como dice Boadella refiriéndose a Cataluña (así escrito, no Catalunya, como hoy se estila), todo esto, tanto pueblo, tantos súbditos, tantos vasallos vocacionales, tanta sumisión ante el poder establecido, tanto cobarde, tantos corporativistas, producen una inevitable y desagradable "sensación de pesadez y hastío", envuelta en la idea de que es muy probable que sea precisamente eso lo que pretenden los que tan mal nos tratan.
Además, la información es un bien público que hay que proteger. Lo dice Julia Cagé, la que, según definición de El País, el periódico oficial de cabecera del PSOE, es una "economista experta en comunicación". Pero no es eso lo habitual, sino lo contrario: que desde la administración pública, desde la política, lo que se pretende es todo lo contrario, controlar los medios de comunicación, amenazarlos judicialmente, asfixiarlos económicamente. Así la democracia siempre resultará fallida.
Para demostración, lo que está pasando ahora en la política española. Creo que todas las encuestas y todos los medios de comunicación están, estamos, de acuerdo en que el espantoso panorama político-económico que padecemos podría mejorar si los dos líderes de los dos partidos más votados renunciaran a seguir aspirando a ser presidentes e incluso a liderar sus respectivos partidos. Pero también estamos de acuerdo todos en que las posibiliddes de que tal cosa ocurra son muy, muy pequeñas, por no decir nulas, así que se pueden seguir haciendo todas las miles de cábalas que se quiera, pero no se vislumbra una solución que permita un gobierno con un mínimo de sensatez, o sea, un gobierno en el que no estén los que defienden y se nutren económicamente de regímenes opresores gobernados por delincuentes, ni estén los independentistas que quieren participar en el gobierno español para terminar con él. El caso es que nos encontramos al borde de la ruina y el caos del que, desde luego, no se sale a base de no hacer nada, ni esperando que otros lo hagan por nosotros, sino luchando cada uno de nosotros en nuestro particular ámbito, iniciando nuestra guerra contra el timo nacional, por definirlo utilizando las misma palabras que Albert Boadella usaba para para definir su particular guerra "contra el timo regional", el liderado por el delincuente Pujol y sus descendientes políticos "en una Cataluña donde el dinero público se utilizaba -y se sigue utilizando- para acallar la contestación".
Una muestra, en clave de humor, de lo que nos espera la proporcionaba el pasado domingo Alfonso Ussia en La Razón. Decía, aludiendo al atuendo que el candidato utilizó en su visita al Rey para comunicarle lo que ha decidido hacer con España, que la elegancia del vicepresidente Iglesias "realzada por su larga melena que besa su espalda y casi llega a sus nalgas" (como decía el poeta) abruma, mientras que el Rey, que lo recibió con traje y corbata, incurrió en una grosería. Muy gráfico.
Termino con una frase de la contraportda del último libro de Daniel Lacalle: "La fórmula del éxito no existe. La del fracaso, en cambio, sí: esperar a que el Estado te solucione la vida". Muy adecuada para los tiempos presentes.
