Nueve años y medio después de que la supuesta compra de votos en las elecciones generales de 2008 en Melilla, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla dará comienzo hoy al juicio del caso ‘Voto por Correo’, en el que una treintena de dirigentes y exdirigentes socialistas y de CPM están investigados por su supuesta relación con los hechos investigados. El juicio arranca esta mañana, a partir de las 9.30 horas, y está previsto que se prolongue hasta julio. En concreto, la Audiencia Provincial tiene hasta el 18 de julio fechas señaladas para la celebración de este macrojuicio. Por lo tanto, se prevé que el juicio se extienda durante algo más de nueve meses debido a la necesidad de espaciar las vistas orales con una frecuencia de dos o tres semanales, aproximadamente, ya que si se celebraran todas en días consecutivos, la Audiencia Provincial no podría seguir atendiendo otros casos, han señalado fuentes judiciales.
Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla, presidida por Federico Morales, formarán parte del tribunal que se encargará de enjuiciar el denominado caso voto por correo.
El juicio se desarrollará en dos bloques, al igual que se ha hecho en otros macrojuicios anteriores celebrados en España, como el caso Malaya. Uno de los bloques estará dedicado a los hechos supuestamente constitutivos de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, de los que están acusados sólo cinco de los investigados: Dionisio Muñoz, que en aquel momento era secretario general del PSOE; Mustafa Aberchán, que era y sigue siendo presidente de CPM; Gregorio Escobar, que era el candidato al Congreso de los Diputados de la candidatura PSOE-CPM; Ana Mansilla, que era responsable de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), encargada de gestionar los planes de empleo, y Joaquín Arana, que era director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Los investigados
En este caso figuran como investigados una treintena de dirigentes y exdirigentes socialistas y de CPM por su supuesta relación con una trama de compra de votos en las elecciones generales de 2008.
La Fiscalía de Melilla pedía para ellos un total de 231 años de cárcel, además de 272 años de inhabilitación para empleo o cargo público y más de 1,1 millones de euros entre multas e indemnizaciones, por presuntos delitos electorales, de falsedad, asociación ilícita, prevaricación, y malversación de caudales públicos.
Sin embargo, tras la celebración de las cuestiones previas antes del verano, los tres magistrados del tribunal decidieron suprimir de los hechos enjuiciados el presunto delito de malversación, respetando así el sobreseimiento que ya dictó el juez de instrucción.
Además, el tribunal también anuló las principales pruebas acusatorias del caso e Inadmitió la declaración de Nordin Abdel-Lal, el testigo más importante, y las intervenciones telefónicas realizadas en fase de investigación.
Más del doble de votos por correo
Durante la instrucción quedó de manifiesto la existencia de un “entramado” conformado por diversas personas que pretendieron la “obtención ilegítima” de votos a favor de la coalición que formaban entonces CPM-PSOE, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo.
La Fiscalía señala “el desproporcionado incremento de votos por correo” que se dieron en aquellas elecciones, que se elevó hasta el 11,42% del total, una cifra “desmesurada” pese a que cuatro años antes solo el 5,39% del electorado envió su papeleta vía postal.
