Pedro Sánchez, todavía presidente del Gobierno, lleva tiempo preocupado por la forma en que pasará a la historia. Podemos adelantarle que será considerado como el peor jefe de gobierno que ha tenido España en siglos, con la excepción de aquellos vinculados a guerras civiles, como su correligionario Francisco Largo Caballero en 1936-37.
El símbolo de esa calamidad se encuentra en una norma como la aberrante ley Trans, que permite el cambio de género por la mera voluntad. En las últimas semanas hemos podido ver a un caballero con barba y bigote considerado “madre no gestante”, y a otros que maltratan a su mujer, pero que también han efectuado un oportuno cambio para que no se pueda agravar su repugnante conducta. La guinda del pastel ha sido el espectáculo de una ministra de Igualdad, Ana Redondo, que protagonizó una exhibición de histeria en el pleno del Congreso de los Diputados.
Lo peor, claro está, es la política de concesiones al separatismo catalán, que está en proceso de culminar con la inconstitucional ley de Amnistía, según el criterio unánime de todas las instituciones y profesionales independientes. Los últimos en pronunciarse han sido los letrados del Senado y el Consejo General del Poder Judicial.
A Sánchez y su banda sólo les importa continuar en el poder y para ello no dudan en manipular, mentir y falsear la realidad. No había que ser muy listo para adelantar que las dos principales fuerzas políticas del nacionalismo catalán, Junst y Esquerra Republicana, iban a utilizar las concesiones del sanchismo para emprender de nuevo un proceso independentista similar al de 2017. Así lo han proclamado de forma reiterada todos los dirigentes de ambos partidos. Carles Puigdemont se ha vanagloriado de acordar la presidencia del Gobierno durante unas negociaciones celebradas fuera de España, a cambio de los siete escaños de una lista que obtuvo en Cataluña menos votos que el Partido Popular. Y Aragonés -ese presidente de la Generalidad que evita saludar al Rey y se empeña en vestir de pantalón largo, con lo bien que le sentaría el pantalón corto- ha revelado que Esquerra también negocia con el PSOE fuera de España, incluido en el esperpento un mediador internacional.
Sánchez, en definitiva, ha aceptado ser un pelele en manos de los enemigos de la nación y de la democracia. Carece de libertad de acción y su continuidad en la Moncloa depende de que acepte los sucesivos chantajes de los separatistas, tanto en el caso de Cataluña como en los del País Vasco y Navarra. Puede hacerlo gracias a la falta de dignidad, y de responsabilidad, de la mayor parte del actual Partido Socialista.
El último chantaje es el propósito de establecer para Cataluña lo que llaman “soberanía fiscal”, mediante la recaudación por la Generalidad de todos los impuestos, a cambio de un cupo a negociar con el Gobierno, de forma similar a lo que ocurre con el País Vasco y Navarra. La diferencia es que el caso de estas dos comunidades está amparado por la Constitución, en virtud de pactos establecidos durante el siglo XIX, sin solución de continuidad en el caso de Navarra y Álava.
La iniciativa busca quebrar el sistema de financiación de las autonomías, al servicio de una administración catalana mediocre y corrupta. Por razones ideológicas, los gobernantes catalanes han dedicado recursos a financiar una televisión propia derrochadora, a duplicar servicios que ya proporciona el Estado -como la meteorología- , a extender las capacidades y la plantilla de la policía autonómica, o las famosas “embajaditas”, cuya utilidad es nula. Es una política que no tiene límite. Lo probable es que cuantos más recursos dispongan, más subirá el déficit. La quiebra total de sus finanzas se produciría en el caso de alcanzar la independencia.
Se trata de una repetición de falacias como el lema aquel de “España nos roba”, o la apelación a un supuesto desequilibrio que mostrarían las llamadas balanzas fiscales, cuando los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios.
Las demás comunidades autónomas tienen el mismo sistema y ninguna padece los problemas de financiación de Cataluña. El caso de Madrid es paradigmático: fue la primera en reducir a mínimos el impuesto de sucesiones y donaciones, apenas si tiene deuda y es, con diferencia, la comunidad más solidaria. Todo ello sin un impuesto propio, frente a los 15 catalanes. Este año, de nuevo, Madrid deflactará con el IPC el tramo autonómico del IRPF, en lugar de la subida de impuestos camuflada que practica la Hacienda sanchista.
La economía catalana es un pozo sin fondo, cuya esperanza es que la falta de vergüenza de Pedro Sánchez también sea un pozo sin aparente fondo. Pelele arriba, pelele abajo.
