Los tres socios de Gobierno, habitualmente discordantes, coinciden en una cosa, y es en sostener una y otra vez que esta legislatura que ahora acaba ha sido dura y difícil para todos. También lo ha sido, por qué no decirlo, en su relación con los medios de comunicación, que no ha sido, precisamente, un camino de rosas. Sobre todo en este tramo final, forzosamente alargado por la impugnación electoral, en el que los problemas y tensiones se le acumulan al mal llamado tripartito. Los periodistas, en tiempos revueltos, no son, precisamente, una compañía cómoda. Especialmente, cuando empiezan a preguntar.
Seguramente eso es lo que pensarán los miembros del Gobierno de Melilla, a los que apenas se les ve el pelo en la sala de prensa desde que su gestión fue abrumadoramente suspendida en las pasadas elecciones. Sobre todo, desde que la Policía accedió, hace hoy dos semanas, al Palacio de la Asamblea, en el marco de una investigación judicial que ha hecho saltar por los aires al Gobierno de la regeneración.
Pero una cosa es intentar evitar a los periodistas quedándose en los despachos, y otra muy diferente es vetarlos en la Asamblea, la casa de todos los melillenses, donde reside la soberanía del Pueblo. Y eso, precisamente, es lo que ocurrió ayer, por increíble e imposible que parezca, porque las sesiones plenarias son audiencia pública y puede asistir cualquiera.
A la prensa siempre se le convoca a los plenos. Es un deber de la Corporación, si es que no quiere incumplir el derecho a la información de la ciudadanía, un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y recogido en el artículo 20 de la Constitución Española. Porque las cuestiones que se abordan en la Asamblea son de interés general, que nos atañen a todos y, por ello, deben llegar a la opinión pública.
El Gobierno de Melilla, a través de su Gabinete de Comunicación, no convocó a los medios de comunicación al Pleno, a los que ocultó su celebración hasta horas después de haberse celebrado. Aún no ha explicado por qué, pese a que se le ha preguntado tres veces en su canal oficial de comunicación con los periodistas acreditados. Parece claro que no ha habido error ni despiste, sino una intencionalidad clara de veto que va mucho más allá de una mera falta de respeto hacia la prensa que se suma a otras tantas que este gremio ha tenido que aguantar en esta legislatura.
La cuestión no es baladí y dice mucho de quienes lo hacen y lo permiten. El Gobierno y su personal eventual deberían tener claro que estar en funciones no significa que dejen de trabajar, pues siguen cobrando de manera generosa, este mes el doble por la paga extra. Los cargos públicos exigen un plus de responsabilidad, que en estos días brilla por su ausencia.
