Hace poco más de un mes, MELILLA HOY era el primer medio de comunicación de la ciudad que daba la voz de alarma sobre lo que estaba pasando en la zona de Aguadú y el Barranco del Quemadero, una de nuestras zonas naturales más protegidas por normas europeas que, sin embargo, no estaban impidiendo su destrozo por unas obras del Ministerio del Interior para reforzar la valla. Nos hacíamos eco de la preocupación de Melilla en Verde, que anunciaba su intención de presentar una denuncia ante la Comisión Europea por las obras que se estaban haciendo en una de nuestras joyas naturales sin que, a priori, se estuvieran respetando las normas europeas y estatales que vienen dadas por su doble protección como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEC (Zona de Especial Conservación).
Ha pasado, como decíamos, un mes, en el que las obras han seguido adelante a pesar de los intentos de la Consejería de Medio Ambiente para que se pararan, las denuncias públicas de asociaciones ecologistas y el estudio de la Universidad de Granada constatando el atentado medioambiental que se estaba cometiendo, afectando “gravemente” al entorno natural porque los trabajos “han modificado sustancialmente el paisaje y la geología del lugar en alrededor del 65 % de su recorrido lineal” en esta ZEC, que cuenta con, aproximadamente, 6,5 hectáreas. “Algunas de las especies importantes que han resultado altamente dañadas como consecuencia de las obras”, concretamente 29, era otra de las conclusiones de ese informe científico, que la delegada del Gobierno puso en cuestión, una postura la de Sabrina Moh que ha quedado en entredicho porque el Ministerio del Interior ha decidido paralizar las obras ante el daño causado.
Vemos, por lo tanto, que se repite lo que ya le pasó a la delegada anteriormente con el asunto de los cortes de agua anunciados para agosto, cuando salió en tromba a atacar al consejero pocas horas antes de que el propio Gobierno central diera la razón al representante de la Ciudad Autónoma, aunque eso supusiera dejar por los suelos a su delegada en Melilla.
Más allá de posturas políticas, aquí hay que lamentar realmente lo sucedido y cómo ha sucedido. Porque las normas medioambientales son de obligado cumplimiento para todo el mundo, incluido el Gobierno central, que debería ser, si cabe, el primero en dar ejemplo. Que existan razones de seguridad para actuar con la obra de emergencia en una zona protegida no le da razones para arrasarla, como ha sucedido. Y menos aún que haya seguido adelante con sus obras, por encima de ecologistas y la autoridad competente para proteger la zona, como es la Ciudad Autónoma. En este mes desde que se dio la voz de alarma en estas páginas hasta que Interior ha decidido atender a razones hemos perdido mucho. No es justo, porque el daño está hecho y se podría haber evitado. ¿Quién pagará por ello? ¿O es que esto va a quedar impune? Mal mensaje para todos sería que lo sucedido no tuviera consecuencias.
