Parece claro, a juzgar por los acontecimientos, que en Motril sólo quieren el barco para que los melillenses sigan llenando sus arcas utilizando esa línea marítima para viajar y transportar mercancías. En otras palabras, para seguir haciendo negocio a costa de que Melilla no pueda aspirar a mejorar sus comunicaciones por mar, fundamentales para su desarrollo Lo que está ocurriendo con la adjudicación del nuevo contrato marítimo de Melilla debería dar lugar a un antes y un después en todos los sentidos. Porque lo que no puede ser es que esta ciudad, que tanto depende del transporte marítimo para su desarrollo social y económico, tenga que esperar dos años para la adjudicación de un servicio público esencial. Haciendo memoria, resulta que en febrero de 2013 empezó el Gobierno a elaborar el pliego de condiciones del contrato marítimo, el primero que quedó desierto, al que siguió un segundo con idéntico resultado. Y aunque parecía que a la tercera iba a ir la vencida, de momento nos encontramos con una paralización de toda la maquinaria administrativa a sólo tres días de la resolución del concurso de licitación como consecuencia del recurso que ha presentado una plataforma empresarial de Motril con el apoyo del ayuntamiento de dicha ciudad.
La sucesión de hechos a lo largo de estos dos últimos años obliga a un análisis pormenorizado de cara sobre todo al futuro, ya que Melilla no puede permitirse perder dos años cada vez que haya que sacar un nuevo contrato marítimo. Pero también mirando al presente, ante la incertidumbre de qué va a ocurrir con el pliego que está actualmente sobre la mesa de adjudicación. El Gobierno de Melilla confía en que el recurso finalmente no llegue a buen puerto, pero lo cierto es que en estos momentos cualquier opción es posible y los melillenses no tienen garantizado que pronto pueda darse ese salto de calidad que todos anhelamos. Todos, menos las empresas e instituciones de Motril, que curiosamente son las que no cogen el barco ni dependen de él para moverse libremente por España. Parece claro, a juzgar por los acontecimientos, que en Motril sólo quieren el barco para que los melillenses sigan llenando sus arcas utilizando esa línea marítima para viajar y transportar mercancías. En otras palabras, para seguir haciendo negocio a costa de que Melilla no pueda aspirar a mejorar sus comunicaciones por mar, fundamentales para su desarrollo.
En ese análisis obligado de lo ocurrido desde febrero de 2013 no se pueden escapar varios hechos incuestionables. Uno, el interés del Estado por mejorar la calidad de las líneas que hemos tenido hasta ahora, contando con la opinión del Gobierno local y con su colaboración a la hora de financiar el contrato. Dos, el oportunismo político del que ha hecho gala la oposición aun cuando se trata de un tema de ciudad como es el transporte. Un oportunismo que ha incluido, lamentablemente, alegrías por el avance a trompicones de la adjudicación del contrato.
No es de recibo que los partidos de la oposición se hayan posicionado en este caso al lado de Motril, alimentando la alarma inventada de una hipotética desaparición de la línea que opera la Naviera Armas cuando esta compañía nada ha dicho al respecto, salvo seguir dando lo mejor de sí como desde el principio. Es lamentable que la oposición utilice este tema para hacer política y desgastar al Gobierno en vez de apostar por los intereses de Melilla, aunque ello suponga defender la declaración de servicio público de dicha línea a sabiendas de que la normativa europea lo impide. Lo peor es que todos lo saben, incluso las empresas, partidos políticos e instituciones de Motril, que a estas alturas aún no se han dado cuenta de que el Ministerio de Fomento no impulsa el contrato marítimo de Melilla para que los puertos hagan negocio (como han planteado reiteradamente en sus recursos), sino para que los melillenses puedan moverse por su propio país. El tribunal administrativo que ahora debe estudiar el recurso debería tener en cuenta el enorme perjuicio que todo este asunto está causando a los melillenses por el egoísmo económico de una ciudad hermanada con la nuestra, y el egoísmo político de otros a los que mueve más el barullo que el interés de los que realmente usan el barco. Y una vez que todos sepamos qué va a ocurrir con todo este asunto, establecer medidas para que Melilla no tenga que sufrir un calvario cada vez que haya que hacer un nuevo contrato sólo por su legítimo derecho de aspirar a mejorar este servicio primordial, lamentablemente utilizado por unos pocos como un juguete en sus manos.
