Por Miguel Platón
Se equivoca quien piense que el sanchismo tiene límites. Fue capaz de establecer estados de alarma inconstitucionales, de actuar también contra la Constitución al limitar la actividad del Congreso de los Diputados, de paralizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de burlar sentencias capitales del Tribunal Supremo al indultar a los dirigentes independentistas catalanes… La chapuza ha llegado estos últimos días a decisiones del Congreso, que afectan tanto a la esencia misma de la democracia como al sentido común.
La reforma laboral -cuyo principal efecto es entorpecer contra toda lógica determinados contratos temporales- fue aprobada por un solo voto, gracias al error de un diputado del Partido Popular. Este último efectuó voto telemático, que según el Reglamento de la cámara debe ser confirmado mediante llamada telefónica. La presidenta del Congreso mintió al decir que se había reunido la Mesa para validar el voto equivocado. Si eso no es prevaricación -decisión injusta a sabiendas-, se le parece mucho.
Otra votación apurada osciló entre el juego de trileros y el disparate cómico. Fue la renovación del uso de mascarillas, que tenía gran oposición debido a la evidencia de su inutilidad: los contagios aumentaron al doble tras su imposición el pasado 22 de diciembre. El Gobierno introdujo la norma en otra que establecía una paga a los pensionistas, que tenía consenso general. Lo mejor de todo, sin embargo, es que a las 48 horas ya se anunció que se anulaba la obligación de llevar mascarillas en el exterior, lo que por cierto ya hacían un número creciente de ciudadanos, hartos de imposiciones autoritarias e inútiles.
El aumento del salario mínimo es otra chapuza que perjudica al conjunto de la gente, debido a su impacto en colectivos de limitada productividad y en las cotizaciones de autónomos o de los convenios especiales con la Seguridad Social, cuyo importe se multiplicó por más del doble el año pasado.
La medida, presentada como “social”, es un camelo en toda regla. Con una inflación anual del 6,5 por 100, para mantener el poder adquisitivo el salario mínimo tendría que haber pasado de 965 euros mensuales a 1.028, con lo que el nuevo importe de 1.000 en realidad supone una reducción. Lo mismo ha ocurrido con las pensiones, al establecer una actualización de algo más del 3 por 100. La realidad es tozuda: durante la presidencia de Mariano Rajoy las pensiones sólo crecían un 0,25 por 100 anual, pero como la inflación era cero, los pensionistas tenían una mejora de su poder adquisitivo, aunque fuera simbólica. Con Sánchez las pensiones pierden. El crecimiento nominal no es crecimiento real, sino todo lo contrario.
Al mismo tiempo, como no se indexan los tramos progresivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que se produce es un aumento generalizado y camuflado del IRPF. El perjuicio afecta a todos los contribuyentes.
La subida del SMI sólo tiene sentido si está ligada al aumento de la productividad. Pues bien, según Eurostat -la agencia estadística de la Unión Europea-, España ha sido el país de los 27 que más empeoró eu productividad, al caer un 2,5 por 100 entre 2019 y 2021. En el conjunto de la UE la productividad creció en el mismo periodo el 1,1 por 100 y en el Eurogrupo, al que pertenece España, un 1,8 por 100. Ningún otro país de la Eurozona tuvo tasas negativas, lo que supone que la economía española ha perdido competitividad. En estas circunstancias, aumentar el salario mínimo es una locura económica.
La medida es un combinado de la demagogia del Gobierno y la irresponsabilidad e ignorancia de los sindicatos de izquierda. El Banco de España ya ha advertido que su efecto será la desaparición de miles de puestos de trabajo. Les da lo mismo. Para ellos sólo cuenta la propaganda. Sólo les falta decir que el SMI de 1.000 euros lava más blanco.
