Nuestro sistema constitucional establece el modelo de división de poderes del Estado en el que el Parlamento, órgano de representación de los españoles, elige al presidente del gobierno, realiza su función legislativa ( Art 66 CE), entre otras, debatir y aprobar la ley anual de Presupuestos Generales del Estado, ley esencial para determinar la presión fiscal, la asignación de los gastos y la política económica, que el gobierno no ha presentado en esta legislatura, y ejerce la labor de control de la gestión del gobierno mediante comparecencias, interpelaciones y preguntas según los arts.108 a 116 CE.
Actualmente, el presidente del gobierno conoce que 10 o 12 causas penales se tramitan en los juzgados investigando supuestos hechos delictivos de sus familiares, personal del PSOE y colaboradores. El exministro Ábalos ha sido juzgado por la Sala II del Tribunal Supremo y está pendiente de sentencia. Son casos ligados a la corrupción y ya se está celebrando el juicio del hermano del presidente ante la Audiencia de Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias.
Entre esta pléyade de causas hay dos de enorme gravedad que exigen una comparecencia urgente y explicación política detallada del presidente ante el Congreso sin que quepa escudarse en la tramitación judicial, porque el gobierno está sometido al control político, sin perjuicio del judicial. Uno es el acuerdo de Consejo de Ministros que concedió una ayuda de 53 Millones de euros (ahora volatilizados) de dinero público para el rescate de la empresa aérea Plus Ultra, que fue considerada como estratégica a pesar de tener menos del 0,5% del tráfico de viajeros en España. El art 98 CE dice que el presidente “dirige la acción del gobierno” y el art 108 CE que” el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”. Los ciudadanos y sus representantes debemos conocer la motivación de la gestión política sin esperar a los razonamientos de una sentencia firme sobre los posibles delitos cometidos.
El segundo caso afecta directamente al corazón del Estado de Derecho, a los derechos de los funcionarios y a la integridad del sistema democrático. En virtud de un auto dictado por el Juez Pedraz, núm. 5 de la AN, en la causa conocida como cloacas del PSOE, el miércoles pasado la UCO cumplimentó un requerimiento de registro a lo largo de 12 horas en la sede central del partido socialista sita en la calle Ferraz y, paralelamente, en la vivienda de Santos Cerdán y en la Dirección de la Guardia Civil. El auto razona que en abril de 2024 (días de reflexión del presidente sobre su continuidad por la investigación judicial a su esposa) el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con Leire Diaz, organizó en la sede citada un grupo de personas para desestabilizar a jueces, fiscales y policías que trabajaban en causas judiciales que afectan al PSOE o al gobierno. Ese grupo quedó financiado por recursos del PSOE, se servía de su personal y oficina, y su objetivo era proteger los intereses de ese partido o de miembros del gobierno, obstaculizando la tramitación de las causas que se investigaban en los Juzgados, utilizando ofrecimientos a funcionarios públicos de carácter económico o de promoción de cargos públicos.
El auto del 26 de mayo merece una lectura detenida. Cuando se conozca todo el expediente comprobaremos la gravedad de esta actuación por ser el más grave ataque al Estado de Derecho tras el golpe de Estado de 2017 del separatismo de Cataluña. El modelo parlamentario español busca el equilibrio entre la estabilidad del gobierno y el sometimiento al control parlamentario por las Cámaras parlamentarias y no es admisible la parálisis del Parlamento ante hechos de esta gravedad. Aquí no hay una conspiración judicial o periodística contra el PSOE. La creación de la organización por Santos Cerdán debe explicarse ante el pueblo español sin esconderse tras las futuras sentencias que dicten los jueces. La política se hace día a día.
Creo que la oposición política no debe aceptar ni pedir en el Congreso una votación de confianza o plantear una moción de censura porque la situación excede de cualquier tacticismo político por afectar a la esencia del Estado constitucional. El gobierno no puede permanecer callado y huidizo. La oposición debe exigir la comparecencia inmediata del presidente ante los representantes de los ciudadanos para que explique estos hechos, pase el bochorno y dimita. Después llegará la responsabilidad penal.
Carlos Entrena Palomero
Presidente del Club Liberal Español
