La actualización del plus de residencia sólo tiene dos grandes obstáculos, que el Gobierno melillense debe tener en cuenta. Uno, que la medida no depende de su voluntad, sino de quién esté en el Ejecutivo central. Y dos, el hecho de que se haya anunciado en la antesala electoral, lo que le hace perder irremediablemente parte del crédito y más en un colectivo que ha sufrido varios hachazos en sus ingresos desde el arranque de la crisis El PP se ha propuesto recuperar al funcionariado en las elecciones generales que se celebrarán dentro de un mes, consciente de que las medidas de austeridad que ha tomado en esta legislatura el Gobierno de Rajoy han recaído en mayor parte sobre este colectivo laboral, que tiene un enorme peso social y económico en Melilla. No es de extrañar, por lo tanto, que los populares se hayan esforzado en dar a conocer la que será, a buen seguro, una de las medidas estrella de su programa electoral: la actualización del plus de residencia hasta alcanzar el 100% del salario base y los trienios.
Según el estudio que ha elaborado la Ciudad Autónoma, esta aspiración está cifrada en poco menos de 30 millones de euros. Es, sin duda, un importante esfuerzo económico que tendría que repartirse en varios años para que pueda ser más factible su consecución, como ya se hizo en el segundo gobierno de Aznar, cuando las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de manera conjunta, consiguieron arrancar este compromiso. Su continuación quedó truncada con el cambio de color político en el Gobierno que se produjo en 2004, cuando el poder pasó del PP al PSOE. Tampoco ha sido posible con el que vino posteriormente en 2011, del PSOE al PP, debido a la crisis económica. La Ciudad Autónoma cree que ahora que se están dando los pasos para la recuperación es el momento de retomar ese objetivo, cuyo impacto positivo en la economía local nadie puede poner en duda.
Ya tuvimos como precedente lo que pasó a principios de la década anterior, cuando el gobierno Aznar empezó a actualizar el plus de residencia. Pero como ejemplo más reciente, tenemos lo que ocurrió justo a la inversa, cuando los empleados públicos perdieron poder adquisitivo con la supresión de la paga extra de Navidad de 2012. El comercio y la hostelería de Melilla percibieron de manera muy notable que en el bolsillo de los funcionarios de nuestra ciudad había menos dinero en una época clave de consumo como son las fiestas navideñas. Si se logra lo contrario, es decir, aumentar el poder adquisitivo y además de manera permanente en todos los meses y no sólo en una paga extra, el efecto dinamizador del consumo que podría ejercer esta medida en el sector privado puede ser muy importante.
La actualización del plus de residencia sólo tiene dos grandes obstáculos, que el Gobierno melillense debe tener en cuenta. Uno, que la medida no depende de su voluntad, sino de quién esté en el Ejecutivo central, que seguramente estará condicionado por acuerdos políticos de varios partidos. Y dos, el hecho de que se haya anunciado en la antesala electoral, lo que le hace perder irremediablemente parte del crédito y más en un colectivo que ha sufrido varios hachazos en sus ingresos desde el arranque de la crisis, tanto con el gobierno actual como con el anterior. No será fácil conseguir superar estas dos dificultades, aunque los beneficios que se lograrían con la medida bien merece luchar contra ellas.
