Estamos ante un caso de justicia política. El sanchismo ha sobrevivido más de cinco años tras el doble escudo del recurso sistemático a la mentira y la propaganda, pero desde el primer minuto estaba construido en falso y ahora ha llegado a su crepúsculo.
La alianza de investidura con separatistas, neocomunistas y ex terroristas era y es demencial, pero la puntilla la ha constituido el retorno a lo que se ha convertido en una tradición del Partido Socialista: la corrupción.
Pedro Sánchez, todavía en la Moncloa, ha intentado replicar que el PSOE siempre se opuso a la corrupción. Otra mentira más, esperemos que sea de las últimas. Sólo por citar algunos casos, la financiación ilegal del socialismo catalán llevó a prisión a su líder, Obiols. Lo mismo ocurrió con el que fue director general de la Guardia Civil, Roldán. Otros se libraron por los pelos, como el gobernador del Banco de España, Rubio. Por no hablar del mayor caso de corrupción de la historia de España, los ERE fraudulentos de Andalucía, cuya instrucción trataron de obstaculizar los socialistas, o los recientes manejos del “Tito” Berni, con prostitutas y droga por medio. El actual gobierno de Sánchez ha rebajado las penas por malversación, lo que significa favorecer a los corruptos, y negocia una amnistía que borraría los delitos de esa naturaleza cometidos por sus socios, los separatistas catalanes. La caradura de Sánchez no parece tener límites.
El caso de las mascarillas es consecuencia de la nefasta gestión de la pandemia. Se tomaron medidas con retraso, se puso como portavoz a un sujeto que equivocó todas sus predicciones, se invocó la autoridad de un comité de expertos que no existía, se decretaron estados de alarma inconstitucionales, se ocultó el número de fallecidos y se castigó a la población con prohibiciones y normas que eran básicamente propaganda, para dar la impresión de que el Gobierno hacía algo.
La necesidad de disponer de mascarillas fue acogida por los corruptos como una oportunidad extraordinaria para ganar dinero. Desde el Gobierno se facilitó la concesión de partidas presupuestarias a chiringuitos que carecían de experiencia en el comercio exterior, incluso en el sector sanitario, cuando más exigentes estaban los mercados ante una demanda universal. Algunos de ellos ni siquiera habían tenido el año anterior actividad económica, lo que no impidió que recibieran decenas de millones de euros, de los que apartaron unas comisiones indecentes.
El precio que fijaron por las mascarillas era excesivo, pero fue peor aún su calidad. El caso más escandaloso se ha producido en Baleares. Las mascarillas recibidas eran tan inadecuadas que no pudieron utilizarse, hasta el punto de que casi cuatro años después siguen en un almacén. Ello no impidió que el Gobierno balear las diera por buenas -corrupción- y pagara por ellas con fondos europeos, lo que era ilegal. La responsable de semejante dislate fue quien estaba al frente del Gobierno de Palma y es la actual presidenta del Congreso de los Diputados, “Paquita” Armengol. Como es propio de una acérrima sanchista, esta semana mintió al ser preguntada por su gestión, pero está políticamente muerta; con toda probabilidad le espera un procesamiento y hasta es posible que la cárcel. Que no haya dimitido todavía muestra su ausencia de ética política.
Otro gobierno autonómico -el de Canarias, presidido por el actual ministro de Política Territorial- y dos ministerios, los de Interior y Transportes, están también complicados. Deben aclarar, ante todo, quién les impuso comprar las mascarillas a los chiringuitos y qué control ejercieron sobre el producto recibido. Sin olvidar al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tan amigo del ex ministro Ábalos y de su asesor Koldo García, que casualmente es el encargado de entenderse con el golpista prófugo Carles Puigdemont.
Por si fuera poco, esta semana se cumplió el principio general de la Marina: toda situación desesperada es susceptible de empeorar. La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ha aparecido vinculada a negocios, y la sala Penal del Tribunal Supremo acordó, por unanimidad, investigar por terrorismo a Puigdemont, lo que complica mucho que se le pueda aplicar una eventual amnistía. El fiscal general del Estado, García Ortiz, y su adjunta, han quedado en ridículo, como unos peleles al servicio del Gobierno.
Si el PSOE quiere tener futuro necesita pasar la página del sanchismo. Su situación actual es pésima, pero los militantes nunca deberían olvidar el principio general de la Marina: las sucesivas vías de agua pueden conducir al hundimiento. En Italia y Francia los partidos socialistas han desaparecido.
