Aunque Melilla ya no sufre esos saltos multitudinarios diarios como ocurría hace unos años, la presión migratoria sigue ahí y podría volver a incrementarse porque la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin lugar a dudas, le da alas. Sobre todo, a las mafias que se encargan de mover los hilos de la inmigración irregular sacando un importante beneficio económico a costa del drama ajeno Una sentencia que llega desde Estrasburgo, dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vuelve a poner en entredicho la labor que con tanto esfuerzo desempeña la Guardia Civil para custodiar la valla de Melilla. Precisamente la frontera sur de Europa, esa a la que las instituciones de los Veintiocho miran para criticar, censurar y reprobar la vigilancia y control que se hace de ella y no para arrimar el hombro, que es lo que cabría esperar por ser un problema común aunque en la práctica sólo le haya hecho frente España por estar implantada en su territorio.
Muchas han sido las entidades que han celebrado esta sentencia condenatoria a España, que abre un nuevo periodo de incertidumbre por lo que supone que un tribunal europeo diga que la valla no es una barrera fronteriza, sino que es ya por sí misma territorio español. No olvidemos que, aunque Melilla ya no sufre esos saltos multitudinarios diarios como ocurría hace unos años, la presión migratoria sigue ahí y podría volver a incrementarse porque la condena, sin lugar a dudas, le da alas. Sobre todo, a las mafias que se encargan de mover los hilos de la inmigración irregular sacando un importante beneficio económico a costa del drama ajeno.
Además, no se entiende esta condena después de varios archivos judiciales en España, donde la Justicia no vio delito a la actuación de la Guardia Civil. Así ocurrió con el caso de los kamikazes, que llevó ante el juez al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y al comandante de la Guardia Civil, Arturo Ortega, que era el jefe accidental de la Comandancia cuando fueron devueltos los 21 inmigrantes que entraron con enorme riesgo y peligro a bordo de coches kamikazes por las fronteras de Beni Enzar y Farhana. Aquel caso quedó archivado dos veces, después de que las oenegés y partidos políticos denunciantes presentaran un recurso que la Audiencia Provincial tiró, directamente, a la basura por carecer de una base sólida en la que pudiera sostenerse.
Después se produjo el archivo definitivo de la causa por la que varios guardias civiles fueron imputados como consecuencia de la denuncia de varias asociaciones. Como ocurrió con los kamikazes, este caso ya fue archivado, pero las oenegés insistieron en su objetivo de mantener esa duda sobre la Guardia Civil y recurrieron en vano, porque nuevamente la Audiencia Provincial ha desestimado dicho recurso.
Previamente también quedó archivada la causa por la que estuvo imputado el anterior coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, que igualmente tuvo que ir a declarar como imputado por la denuncia de estas asociaciones.
Fueron tres archivos que dieron carpetazo a las denuncias de unas entidades que causaron un enorme perjuicio por poner la duda sobre una institución, la Guardia Civil, que únicamente se ha dedicado todo este tiempo a cumplir con el mandato constitucional de custodiar la frontera española para seguridad de todos. La Justicia española decretó su archivo, pero ahora un tribunal europeo reabre la herida y la incertidumbre después de unos meses de relativa tranquilidad en la frontera provocada, probablemente, por ese respaldo judicial que ahora ha quedado en agua de borrajas tras la condena del TEDH. Si esto causa un efecto llamada, como ya han pronosticado el presidente Imbroda y el delegado del Gobierno, el tiempo lo dirá.
