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Los tres veterinarios de la Ciudad acusan a Maeso de insultos, gritos, amenazas y menosprecios

Los tres técnicos veterinarios de la Ciudad Autónoma de Melilla han acusado a la consejera de Política Social, Salud Pública y Bienestar Animal, Paqui Maeso, de actuar contra ellos con una “obsesión y persecución”, hasta el punto de llegar a insultar, gritar, amenazar, menospreciar y ningunear en su trabajo. Todo ello aparece recogido en un informe firmado por los tres técnicos veterinarios, remitido al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, la Dirección General de Función Pública y la Junta de Personal de la Ciudad Autónoma, para dar conocimiento de los “graves problemas” que, según afirman, sufren en sus puestos de trabajo como empleados públicos.

En el informe, los técnicos aseguran que la consejera les está “entorpeciendo y dilatando continuamente en el tiempo” su trabajo, con “menosprecios, amenazas veladas y poniendo en entredicho” su honradez y capacidad personal ante el brote de rabia que sufre Melilla, donde desde hace meses está declarado el nivel de alerta 1.
Los tres técnicos veterinarios que firman el documento son la jefa de Sección Técnica de Salud Pública y Consumo, el jefe de Sección de Inspección Veterinaria y responsable de la Unidad de Sanidad Animal y Zoonosis, y la responsable de la Unidad de Seguridad Alimentaria, algunos de los cuales acumulan más de 30 años de ejercicio del cargo.
Según indican, han emitido diversos informes por la situación que atraviesa Melilla por la rabia, advirtiendo del peligro de que en Melilla haya animales vagabundos y asilvestrados deambulando y sin control sanitario, llegando a ser “una gran población”, así como de la carencia de personal y medios del servicio de recogida de animales.
En este escrito, los tres técnicos afirman que la consejera ha hecho “caso omiso” a los informes “en base a un malentendido y exacerbado animalismo”, hasta el punto de que en las reuniones “siempre hacía gala de su animalismo por encima de todo, situándolo al mismo nivel que la Salud Pública y a veces incluso por encima”.
Aseguran que la consejera ha intentado anularlos, evitando solicitarles informes sobre asuntos que son de su competencia, dando lugar a un “deterioro del servicio” y produciendo “un grave peligro contra la salud pública que puede conllevar a la aparición de casos de rabia humana”.
Todo ello “se ratifica por la gran preocupación de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, que han tenido que tomar medidas restrictivas en cuanto al paso de animales por Motril y Granada, siendo incluso posible, que de continuar esta situación, se restrinja totalmente el paso de los mismos hacia el resto el territorio nacional”, advierten.

“Trato de favor”
Los técnicos veterinarios de la Ciudad Autónoma señalan como origen de “esta animadversión” su negativa a que se produjera un “trato de favor con una entidad concreta” para la aplicación del proyecto de creación y control de colonias felinas en la ciudad a través del método CES.
Apuntan en el informe que la consejera indicó a dos de ellos que “quería que se le otorgase un protagonismo especial a una determinada asociación animalista”, si bien los técnicos se negaron “alegando que en la ciudad existen otras asociaciones y voluntarios particulares que deseaban y tenían que participar, y que son los que actualmente ayudan a estos animales con sus propios medios, y que además esa modificación iba en contra del propio espíritu del proyecto”.
“Sin informe técnico veterinario, la consejera concede a esa asociación una subvención de 24.000 euros para llevar a cabo un proyecto CES en la ciudad”, agregan los técnicos en su escrito, e insisten en que este tipo de proyectos deben ser muy escrupulosos con todos los protocolos de lucha contra la rabia, y por supuesto controlados y liderados por la Administración, no por una asociación privada”.
Los veterinarios municipales apuntan que es a partir de entonces cuando las relaciones con la consejera “prácticamente desaparecen”, hasta el punto de no invitar a algunos de ellos a reuniones donde se iban a abordar asuntos de su competencia, modificar expedientes sin el conocimiento de los técnicos e incumpliendo reglamentos al dar instrucciones en el centro de acogida.
“Los últimos hechos intolerables ocurridos con la consejera se producen a raíz del brote de rabia, por el cual los técnicos, aplicando los protocolos convenientes, estamos intentando atajar el problema, hecho totalmente imposible debido a sus continuas injerencias, no respetando lo dispuesto en la normativa vigente y no informándonos de ninguna actuación que ella hubiera tomado por su cuenta”, aseguran.
Los técnicos apuntan que, pese a contar con el visto bueno del director general de Salud Pública sobre sus procedimientos, la consejera se personó a recriminarles una actuación, por la que acudieron a la llamada de una ciudadana que alertaba de que uno de sus animales estaba agresivo, que le había mordido, con el que procedieron a su retirada y la del resto de los animales con los que tuvo contacto.
“Al parecer, no estaba de acuerdo con que se hubieran retirado esos animales en contacto con el rabioso, exigiendo que se procediera a su devolución inmediata, a lo que evidentemente, la veterinaria se negó”, apuntan en el informe los técnicos, que aseguran que la consejera “comenzó a recriminar, gritar e insultar a la compañera de Seguridad Alimentaria”, siendo testigos todos los empleados públicos presentes en ese momento, incluso el vigilante de seguridad”.
“Todo esto está poniendo en grave riesgo nuestra salud, tanto psíquica (por lo detallado antes) como física, ya que por su negligente actuación durante estos meses se ha provocado un aumento en los casos de rabia en la ciudad sobreexponiendo al virus a técnicos y operarios que deben realizar las tomas de muestras para el diagnóstico, con el consiguiente peligro que eso conlleva”, señalan.

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Redacción

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