agosto 12, 2022 17:41

Los ladrones somos gente honrada

Nunca pudo imaginar Jardiel Poncela que su comedia de este título podría aplicarse, 80 años después de su estreno, a una peripecia de la política nacional, digna de una pandilla de pícaros.

Repasemos los hechos: durante más de diez años, sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía aplicaron unos falsos Expedientes de Regulación de Empleo, en beneficio de amigos políticos y con la finalidad reconocida por los tribunales de establecer una red clientelar. Su importe costó al erario público 680 millones de euros.
Se trata, con diferencia, del mayor caso de corrupción no ya de la democracia, sino de la historia de España. Pero los dirigentes del PSOE se han convertido actores de una comedia bufa y con raras, aunque significativas excepciones, han afirmado la honestidad de los principales condenados: Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán, que fueron presidentes de la Junta y del propio partido. Otros altos cargos también han visto confirmadas, por el Tribunal Supremo, las penas que recibieron en 2019 de la Audiencia de Sevilla.
El argumento de Sánchez, Montero, Alegría y demás espabilados es que Chaves y Griñán no se metieron dinero en el bolsillo. No era lo que se juzgaba, sino el daño económico causado a la Hacienda pública, lo que nadie discute ya. Pero de modo indirecto por supuesto que se lo metieron. Esos 680 millones de euros iban destinados a pagar el voto de los beneficiarios, de forma similar a las prácticas de algunos caciques decimonónicos. El PSOE jugaba así con ventaja, mediante el aprovechamiento para sus intereses electorales del dinero de todos. Con ello buscaban asegurarse la continuidad en el poder, lo que suponía las nóminas de miles de cargos, entre ellos los propios Chaves y Griñán. De manera indirecta, por tanto, claro que se lucraron personalmente, cada mes que recibían la nómina de un cargo que, al menos en parte, mantenían gracias a que jugaban con cartas marcadas.
La palma de los desatinos se la ha llevado, como no, Pedro Sánchez, para quien “han pagado justos por pecadores”. Es decir, que la sentencia del Tribunal Supremo es injusta. Y en tal caso, ¿quiénes son los pecadores? No se atrevió a decirlo, pero no tardará algún sanchista enloquecido en imputar la responsabilidad a la derecha, desde Franco hasta Feijóo. Si hay algo seguro es que justos y pecadores no piensan devolver a los ciudadanos ni un solo euro.
El Gobierno sigue, así, en su nube, como si unas manidas técnicas de propaganda pudieran engañar a la opinión pública. Es lo mismo que ha ocurrido con las negociaciones privilegiadas que varios ministros mantuvieron con algunos consejeros de la Generalidad de Cataluña. Los acuerdos, pendientes de aplicación, pasarán a la historia del disparate nacional. El Gobierno se compromete a no recurrir al Derecho contra las decisiones del gobierno catalán, en manos de una fuerza política que hace menos de cinco años llevó a cabo un intento frustrado de sedición y cuyos dirigentes repiten, día sí y día también, que lo volverán a hacer.
Uno de los acuerdos es que el Gobierno se compromete a fomentar la lengua catalana, cuando lo que está perseguido es el uso del español, como una y otra vez reconocen los tribunales. Los separatistas tienen como objetivo básico destruir los lazos nacionales comunes y uno de los fundamentales, reconocido además en la Constitución, es el idioma. El ministro de la Presidencia Félix Bolaños, que acumula una tontería tras otra, se ha felicitado de una supuesta mejora de las relaciones entre el Gobierno nacional y Cataluña, pero de inmediato la consejera de presidencia de la Generalidad manifestó que lo pactado no era más que un primer paso.
Una vez más, el Gobierno Frankenstein cede en políticas de largo recorrido a cambio de una ventaja a corto plazo: mantenerse algunos meses más en el poder. Para ello entrega a los separatistas de Esquerra Republicana bazas que facilitan una hipotética reclamación futura de independencia.
A veces produce vértigo considerar los desafíos que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular deberán afrontar cuando, a lo más tardar el año que viene, se instalen en el palacio de la Moncloa.

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