Elena es una eficaz gestora, como lo demuestra la frecuencia con que aparece en el Melilla Hoy, realizando las actividades propias de su cargo. Hace unos meses, cuando escribí dando mi opinión sobre quienes deberían ser los lideres de los partidos políticos en nuestra ciudad, cité a Elena como la deseable líder del Partido Socialista. Recibí comentarios entonces sobre el carácter políticamente extremista de Elena.
Apelando a su inteligencia, y pretendiendo no recargar su apretado calendario con una larga lista de lecturas sobre el tema, le sugeriría que vea la serie de televisión denominada “Cómo convertirse en un dictador”. Observará, si se atreve a poner su mente en “modo recibir” como yo hice con la mía, que lo que menciona la serie como características comunes y necesarias para los dictadores, parece presentar claras coincidencias con determinados aspectos de la actual dirección de su partido. La última, el intento de control de la justicia mediante el nombramiento de afines y la crítica despiadada, cuando las sentencias emitidas no responden a sus deseos.
No solo en España, también en muchas otras partes del mundo, se está observando una clara deriva hacia regímenes autoritarios, cuando no claramente dictatoriales, que precisan siempre de la confrontación entre buenos (nosotros) y malos (los que se oponen) y en ocasiones, al menos temporalmente, en la creación de alianzas contra natura. Y, por supuesto, siempre dificultar en todo lo posible la separación de poderes del estado.
La mal llamada ‘ley de memoria democrática’ es un engendro creado por el también engendro de gobierno de sanchistas (no son socialistas, sino seguidores del líder del culto), filocomunistas, filoterroristas y separatistas. Al publicar la ley, siguen al pie de la letra el concepto que George Orwell expresó muy bien dentro de su novela ‘1984’: “Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro”. El engendro de gobierno se ha inventado una historia y exige, por ley, que nos la creamos y actuemos en consecuencia. Para así, tratar de controlar nuestro futuro.
Tras lo anteriormente expuesto, aconsejaría a Elena que leyera o releyera los artículos que, sobre el tema del Monumento a los Héroes, publiqué en junio-julio de 2021 donde pretendía razonar por qué el monumento no debería ser derribado. Todas las razones entonces expuestas siguen siendo validas.
Aún más válidas cuando Elena afirma, en declaraciones al Melilla Hoy, que “lo que sí tenemos claro es que tenemos que cumplir la ley”, añadiendo que “tiene que hacerse a lo largo del mes de enero sin falta para que se lleve a cabo antes de que finalice la legislatura”. Con ello Elena parece pronosticar una próxima victoria del PP en Melilla y asume que, con el PP, el monumento no se derribará. Si la democracia debe respetar la voluntad popular y Elena indirectamente reconoce que la mayoría del pueblo no quiere que se derribe el monumento ¿por qué trata de convencernos de que su empeño en derribar el monumento es una imposición democrática, cuando todo apunta a que se trata de una venganza partidista – o más probablemente una manera de reescribir la historia en beneficio del sanchismo- sobre algo que paso hace más de 80 años con el fin de la guerra civil; o, si se quiere, hace casi 50 años con la muerte de Franco? ¿Qué razón hay para revivir y abrir viejas heridas, que debieron quedar cerradas para siempre cuando se aprobó la constitución de 1978, hace más de 40 años?
Elena también dijo al Melilla Hoy: “Al final, tenemos que construir una Melilla de todos y todas, del siglo XXI, libre y que, sobre todo, ahonde en los valores de la democracia”. Prescindiendo de la siempre presente e inútil palabrería al uso, afirma querer profundizar en los valores de la democracia. ¿A qué democracia se refiere? ¿A la del gobierno de las minorías, prescindiendo de toda ética y solo buscando la obtención del poder y la perpetuación en el mismo? ¿Ha olvidado que el PSOE llegó al poder formando en el congreso una mayoría de minorías extremistas, éticamente repugnante?
Quiero recordar a mis lectores algo de verdadera memoria histórica, reflejada en un documento oficial.
En la noche del sábado 7 de noviembre tuvo lugar una reunión decisiva entre los socialistas que tenían la Consejería de Orden Público’ (bajo el mando de Santiago Carrillo) y miembros de la Federación local de la CNT. De la reunión se levantó acta. Esta acta fue encontrada por Martínez Reverte en el archivo de la CNT de Ámsterdam, en el curso de la investigación para su libro ‘La batalla de Madrid’ publicado en 2004.
El acta decía lo siguiente: “A continuación da cuenta de los acuerdos que han tenido con los socialistas que tienen la Consejería de Orden Público sobre lo que debe hacerse con los presos, habiendo tomado el acuerdo de dividirlos en tres grupos, a saber: Primer grupo. ―Fascistas y elementos peligrosos. Ejecución inmediata, cubriendo responsabilidad …”.
Elena habla de que se ‘aniquiló’ y ‘extermino’ el Café la Peña y a sus contertulios habituales ¿Serían también de aplicación, en su criterio, las palabras ‘aniquilar’ y ‘exterminar’ al contenido y resultado de esta acta? ¿O a las matanzas en la Cárcel Modelo y en Paracuellos?
El tiempo de la guerra civil y de la dictadura de Franco ya ha pasado hace muchos años. La aceptación por parte de los españoles de la Constitución de 1978 y lo que ello significó de presencia en el mismo Congreso de enemigos anteriormente irreconciliables, fue y debería haber seguido siendo un punto final. Tras acabar la guerra civil en Estados Unidos, en 1865, también se impuso una reconciliación necesaria y los monumentos dedicados a generales y políticos del Sur esclavista han seguido en sus lugares hasta ahora. Tan solo la llegada al poder de un político negador de la democracia y generador de divisiones ha hecho que se abran las viejas heridas y se empiecen a retirar monumentos.
No creo que ese el ejemplo que debamos seguir, sino el de los políticos que hicieron posible la nueva España, tras el 1978. Creo que Elena está haciendo un magnífico trabajo y que su prestigio no debe ser empañado por actuaciones manifiestamente disruptivas y partidistas. Si una mayoría del pueblo de Melilla ha manifestado, repetidamente, que no quiere que se quite el monumento, respetemos democráticamente su voluntad.
