La asociación de guardias civiles Jucil ha reclamado que los agentes del instituto armado puedan llevar cámaras personales en sus actuaciones “que eviten insidias como la fabricada en torno al vuelco de una patera en Melilla” el pasado lunes, en la que iban 11 migrantes, que tuvieron que ser rescatados.
Jucil ha lamentado que deba de ser una asociación profesional y no la Dirección General o el Ministerio del Interior quien asuma la defensa pública de los guardias civiles en sus intervenciones “en favor de la vida y del orden público”, como en este caso.
El secretario de comunicación de Jucil, Agustín Leal, cree que estas cámaras permitirían dejar constancia “clara y evidente” de las actuaciones de los agentes y éstos tendrían “la seguridad de lo que ha pasado”, si bien lamenta que no se les ha autorizado utilizarlas, ni siquiera comprándolas los propios guardias civiles.
“Las imágenes grabadas facilitarían mostrar la versión real de lo ocurrido, sin que nos veamos, una vez más, en la necesidad de desmentir versiones interesadas o directamente falsificadas con oscuros intereses bien distintos a que se conozca la verdad”, ha afirmado Leal al recordar que muchos guardias civiles al año “se ven envueltos innecesariamente en este tipo de circunstancias”.
En el caso de la patera de Melilla, asegura que varios testigos han confirmado a Jucil que la embarcación volcó porque iba sobrecargada con once personas a bordo.
Así, ha explicado que la zodiac del GEAS se colocó en paralelo a la patera, de fibra, para una primera identificación, momento en el que el patrón “intentó una maniobra, posiblemente para zafarse de este control” y “la proa, muy baja por el sobrepeso, pasó por debajo de la goma de la barca de los guardias civiles”, provocando su vuelco.
“La rápida actuación de los nadadores y la colaboración de varias personas facilitó el rescate de todos los migrantes. De todos, incluida la esposa y el hijo del patrón que ha sido detenido”, insiste Jucil para lamentar que, “con imágenes de las cámaras de los guardias civiles, se podría tener la constancia de lo que sucedió”.
En cambio, este caso ha dado lugar a “términos insidiosos y fuera de tono que han utilizado algunas personas contra los guardias civiles que actuaron para rescatar y poner a salvo a todas las personas en este incidente”.
Ello se une a la presión migratoria por mar que sufre Melilla, con una media de 40 migrantes que tratan de llegar a la ciudad a nado este verano, de ahí que la embarcación de la Guardia Civil “navega por esta zona para ayudar y evitar los ahogamientos de migrantes”.
Jucil ha reclamado que el Ministerio del Interior asuma la defensa jurídica de los guardias civiles en sus intervenciones, ya que “es triste que deba de ser una asociación profesional la que se ocupe de la defensa, en los juicios paralelos en los medios de comunicación e incluso en los tribunales a los guardias civiles”.
Según Jucil, muchos agentes se enfrentan al cabo del año a numerosas acusaciones “por actuaciones que han sido absolutamente lícitas, pero en las que se ven envueltos por motivos dispares, desde venganzas hasta búsqueda de indemnizaciones impropias y otras muchas situaciones en las que la administración abandona a su suerte a sus servidores públicos”.
