Visto lo visto, no empieza bien esta legislatura el presidente Imbroda, que ha perdido una buena oportunidad para dar la razón a las urnas en cuanto a la necesidad de hacer algún cambio y de empezar a aplicar los efectos de la austeridad por uno mismo, es decir, por su equipo de trabajo, donde todos los melillenses sabemos que sobran muchos. Las quinielas y rumores dieron paso ayer a las confirmaciones: el Gobierno de la Ciudad Autónoma para los próximos cuatro años tendrá exageradas dimensiones, más incluso que en anteriores mandatos, casi idéntica estructura y muy pocos cambios en cuanto a su composición. Además, supone más gasto público y la permanencia de algunos que lo han hecho mal, aparte de la polémica que generará el nombramiento de Paqui Conde como viceconsejera de Acción Social, pues aunque nadie dude de la valía profesional y política de la esposa del presidente, ello no evitará las críticas de quienes opinen que no se han guardado las formas.
Un total de 24 altos cargos entre presidente, consejeros y viceconsejeros para una ciudad, Melilla, que no tiene tantas necesidades para tan mastodóntico equipo ejecutivo. Prácticamente la única novedad es que PPL entra pisando fuerte con más de uno de sus dirigentes entre los miembros del Gobierno como consecuencia del acuerdo firmado con el PP. Un pacto, por cierto, en el cual una de sus medidas decía textualmente: "Reducción de las consejerías existentes hasta el momento, así como de las viceconsejerías". Era el compromiso número 1 del Objetivo 2 del pacto, denominado "Una ciudad libre bien gobernaba".
Vemos, pues, el acuerdo de gobernabilidad, que se firmó como la garantía de la estabilidad, empieza a ser papel mojado, porque las consejerías se han reducido, excluyendo al presidente, en la mínima expresión, pasando de las 10 que había antes a 9, mientras que las viceconsejerías han aumentado de las 10 anteriores a las 14 actuales. Y de los 24 miembros en total, apenas 8 caras nuevas, casi la mitad producidas por el efecto del pacto que parecía servir para la estabilidad de una ciudad y de la mayoría de los miembros del Gobierno, algunos de los cuales siguen sorpresivamente en sus cargos pese a haber desempeñado una gestión nada brillante, desapercibida, o incluso cargada de polémicas en los últimos cuatro años.
Efectivamente, este Gobierno no es lo que Melilla necesita. Los ciudadanos esperaban que esta nueva legislatura, llamada a ser la del diálogo, fuera también la de la austeridad y reducción drástica de la estructura administrativa porque la situación lo requiere y porque viene escrito en el acuerdo de gobernabilidad entre PP y PPL.
Visto lo visto, no empieza bien esta legislatura el presidente Imbroda, que ha perdido una buena oportunidad para dar la razón a las urnas en cuanto a la necesidad de hacer algún cambio y de empezar a aplicar los efectos de la austeridad por uno mismo, es decir, por su equipo de trabajo, donde todos los melillenses sabemos que sobran muchos.
Imbroda podía haber seguido el ejemplo de Juan Vivas en Ceuta, que hace cerca de un mes nombró un equipo con sólo 8 consejeros y ningún viceconsejero. Eso sí se asemeja a lo que Melilla necesita y no este macrogobierno que ayer empezó a dar sus primeros pasos entre las críticas más que justificadas de muchos ciudadanos y miembros de la oposición.
Porque cualquier atisbo de cambio ya es imposible. Y lo que realmente hacía falta era un cambio radical, pero no a peor como parece que va a ocurrir con un gobierno en el que una buena parte de los nombramientos no se han hecho teniendo en cuenta los méritos y la capacidad, sino más bien otros criterios que se alejan de lo que la situación verdaderamente requiere.
