Foro Judicial Independiente (FJI), la asociación que preside Fernando Germán Portillo, Juez Decano de Melilla, ha advertido del «peligro de abuso de poder» que supone la futura ley de amnistía al implicar que el partido que aspira a gobernar pueda ofrecer «desactivar los procedimientos judiciales que afectan a los políticos que le apoyen», generando con ello «espacios de impunidad» que romperían el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, entre otras cosas. En un comunicado, FJI ha querido ir más allá del emitido el jueves por todas las asociaciones judiciales para rechazar la revisión parlamentaria de las decisiones judiciales en busca de supuestos casos de ‘lawfare’, medida que contempla el acuerdo cerrado ese día por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.
Sobre esto, la organización nacional de jueces que preside Fernando Germán Portillo incide en que «la amnistía estaría cuestionando la actuación de jueces y magistrados concretos, a los que se está acusando de haber sido instrumentalizados por el Gobierno para perseguir a los independentistas por sus ideas políticas». «Eso es gravísimo», afirma.
Por ello, expresa su «apoyo sin fisuras a todos los jueces y magistrados que se vieron inmersos en esos procesos y que, por tanto, caso de ser finalmente aprobada, tendrán que aplicar una ley de amnistía».
FJI ha recordado además que «la Constitución reservó la función de juzgar a los jueces y magistrados», con la «única excepción» de los indultos particulares, por lo que indica que, «si el Poder Legislativo puede archivar procedimientos judiciales en trámite o dejar sin efecto el cumplimiento de sentencias firmes, se produce una intromisión en la función constitucional del Poder Judicial, laminando la separación de poderes».
Asimismo, la asociación dirigida por el Juez Decano de Melilla subraya que el Estado de Derecho significa que «nadie está por encima de la ley, sea cual sea su cargo». De ahí, que «si el Parlamento, mediante una amnistía, decide que a determinadas personas no se les aplica la ley penal, se produce un importante agravio comparativo respecto de otras personas que pueden haber sido enjuiciadas y condenadas por los mismos tipos delictivos, o serlo en el futuro», lo que avisa que atentaría contra el principio de igualdad.
A este respecto, recalca que «el principio de igualdad es indispensable en la aplicación del derecho penal» y que, si bien puede haber distintos motivos para delinquir, «los motivos políticos no son diferentes de cualquier otro motivo y no pueden justificar una excepción al cumplimiento de la ley».
FJI también pone el acento en el hecho de que «el derecho de gracia es una institución del antiguo régimen cuyo origen es la acumulación en el rey de todos los poderes, incluida la potestad de juzgar y, también, la de perdonar los delitos».
En consecuencia, razona que el hecho de que el partido que se postula al Gobierno pueda ofrecer «en sus negociaciones políticas, sin límite alguno, la posibilidad de desactivar los procedimientos judiciales que afectan a los políticos que le apoyen –como ocurría en la Edad Media cuando el rey negociaba con los nobles sus fueros– (…) supone una enorme acumulación de poder mediante la creación de espacios de impunidad», «con el consiguiente peligro de abuso de poder».
