Ni el juez ni la fiscal del ‘Caso Abogados’ estuvieron de acuerdo con la petición de las defensas de declarar la nulidad de todas las pruebas. Según resolvió el magistrado titular del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Melilla, la documental recabada en fase de instrucción no causa indefensión a ninguno de los acusados. El juez tampoco admitió la aplicación de la ‘doctrina Botín’, según la cual la acusación popular no tendría potestad para sentar a alguien en el banquillo sin el respaldo de la Fiscalía o la acusación particular. El lunes que viene comenzarán a declarar los procesados. Finalmente serán trece, ya que una de las funcionarias ha sido absuelta por prescripción del presunto delito.
La principal pretensión de las defensas del ‘Caso Abogados’ se topó ayer con las negativas de la fiscal y el juez. Los seis abogados que representan a los 14 acusados, entre los que se encuentra la ex consejera de Bienestar Social María Antonia Garbín, solicitaron el pasado lunes la nulidad de todas las pruebas obtenidas durante la instrucción del procedimiento.
La fiscal se posicionó en contra de esta solicitud. Como expuso en sus alegaciones, la documentación que se recabó en la fase de instrucción no se basó en las declaraciones que prestaron los cuatro juristas enjuiciados cuando declararon en sede policial en calidad de testigos. «Las pruebas no son ilegítimas y no vulneran ningún derecho fundamental», sostuvo.
La representante de la Fiscalía argumentó que el juez instructor habría llegado a las mismas conclusiones si no hubiera tenido en cuenta los testimonios de los abogados acusados por la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Melilla, personada en este procedimiento como acusación popular.
Según alegó la fiscal, la aplicación de la ‘doctrina de los frutos del árbol envenenado’ en esta causa generaría una «situación de verdadera impunidad» que chocaría de lleno con el sentido de la justicia.
El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla, Carlos Viader, finalmente resolvió en contra de la petición de las defensas.
No declarará la nulidad de las pruebas. Coincidió con la fiscal en que los informes aportados en la fase de instrucción por la Guardia Civil «se basan de forma mínima» en las declaraciones de los letrados enjuiciados.
‘Doctrina Atutxa’
El juez tampoco aplicará la ‘doctrina Botín’. No evitará que los letrados enjuiciados declaren en calidad de imputados, pese a la petición de las defensas. Argumentó que, aunque el Ministerio Público no reclame cargos para los cuatro juristas, ALA Melilla sí puede mantener su acusación en solitario, tal y como contempla la ‘doctrina Atutxa’.
Esta última doctrina fue la que se aplicó en el ‘Caso Nóos’ para que la Infanta Elena pudiera comparecer en calidad de procesada, como reclamó la acusación popular, pese a no contar con el respaldo de la Fiscalía ni la acusación particular.
Prescripción del delito
La segunda sesión del ‘Caso Abogados’ se saldó con una baja en el bando de los acusados. El magistrado resolvió que ya había quedado prescrito el delito de prevaricación que presuntamente cometió la que fuera directora general del Área del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar Social entre los años 2003 y 2005.
Pese a la absolución, la funcionaria será llamada a declarar en calidad de testigo, tal y como demandó la acusación popular.
Pese a la absolución, la funcionaria será llamada a declarar en calidad de testigo, tal y como demandó la acusación popular.
Arrancan las declaraciones
El procedimiento conocido como el ‘Caso Abogados’ continuará el próximo lunes 19 de junio. Los trece acusados por el presunto delito continuado de prevaricación comenzarán a prestar declaración a partir de la siguiente sesión. En el caso de que no se acojan a su derecho a no testificar en su contra, tendrán que responder a las preguntas formuladas por el Ministerio Público, la acusación popular y los abogados de la defensa.
Además de ex consejera y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, María Antonia Garbín, se encuentra procesados otros ocho funcionarios de la Consejería de Bienestar Social y cuatro letrados externos a la Administración por la supuesta participación activa en la contratación ilícita de abogados.
Las claves del ‘Caso Abogados’
El origen: El procedimiento conocido como el ‘Caso Abogados’ nace tras la denuncia en 2011 de la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Melilla. La entidad personada como acusación popular puso de manifiesto las presuntas contrataciones de letrados que no pertenecían a la Administración y que supuestamente se realizaron ‘a dedo’, sin respetar los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación que exige la ley.
La acusación de Garbín: La que fuera consejera de Bienestar Social entre los años 2003 y 2005, María Antonia Garbín, se encuentra procesada por la supuesta formalización de 91 contratos menores que realizó a cuatro abogados a los que, según la acusación, contrató para que representasen a la Consejería saltándose los procedimientos ordinarios de contratación.
Las penas: El delito continuado de prevaricación administrativa se castiga con la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público.
Tanto el Ministerio Público como la acusación popular piden para la ex consejera una pena de diez años de inhabilitación.
En el caso de los ocho funcionarios, la Fiscalía les reclama nueve años de inhabilitación, mientras que ALA Melilla solicita ocho años y seis meses para cuatro de ellos, y nueve años de inhabilitación para los otros cuatro empleados públicos.
El Ministerio Fiscal ya solicitó el sobreseimiento de los cuatro letrados procesados en esta causa. La acusación popular, sin embargo, pide para cada uno de los abogados la pena de cuatro años de inhabilitación.
