En lo que a las elecciones generales del próximo domingo se refiere, no cabe duda alguna de que en Melilla se repetirá el triunfo, de manera holgada, de la diputada y los dos senadores del Partido Popular. Sólo cabe añadir que la oposición local se lo ha puesto muy, muy, fácil.
En medio de las permanentes noticias y las no menos permanentes críticas sobre el estado de la Justicia en España leo dos de esas noticias que afectan a una misma persona directamente, pero también a todo el país, y a nosotros y nuestro periódico de manera muy especial. La persona protagonista de esas dos noticias es el controvertido periodista Federico Jiménez Losantos, un ex comunista reconvertido en liberal y extraordinariamente luchador.
"Jiménez Losantos gana un juicio a la Generalitat", titulaba un artículo del diario El Mundo el pasado domingo, que añadía: "La Justicia ha dado la razón a Federico Jiménez Losantos frente a la Generalitat al desestimar la demanda que el Gobierno autonómico de Cataluña había interpuesto contra el periodista por unas declaraciones que, en opinión del demandante, constituían "una intromisión ilegítima contra el honor del poble catalá -el pueblo catalán-", interpretación que ha sido rechazada por el juez, considerando, entre otras cosas, que los separatistas catalanes no son el poble catalá, todo el pueblo catalán.
"Jiménez Losantos vence a Gallardón en Estrasburgo. En la batalla judicial con Alberto Ruíz-Gallardón iniciada ahora hace una década, Federico Jiménez Losantos ha vencido en la última posibilidad posible. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo declaró el pasado martes que la condena que le impuso la justicia española por sus invectivas contra el ex-alcalde de Madrid a cuenta del 11-M no estuvo justificada", decía un artículo de El Mundo, comentado el varapalo a la Justicia española que el alto Tribunal europeo ha acordado, con el voto favorable de todos los jueces excepto el de la representante de España, nombrada por Gallardón en su etapa de ministro de Juticia. Gallardón se querelló contra Losantos porque este, en su larga campaña contra lo que judicialmente se ha hecho para intentar aclarar, o más bien todo lo contrario, lo que pasó en la mayor catástrofe terrorista que España ha padecido, le criticó por su pasividad. Estrasburgo, además de criticar duramente lo que la Justicia (o injusticia) española hizo en este caso, realizó una clara defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa.
El día 3 de este mes, paseando por el madrileño Parque del Retiro con ocasión de la Feria del Libro, compré varios libros, entre ellos uno del periodista de investigación Jorge Cabezas, Asuntos internos. Las tramas de la corrupción policial en España. Un libro que, efectivamente, plantea la perturbadora pregunta: ¿quién vigila a los que nos deben defender del mal?. Un libro que relata, entre otros casos, la trama de agentes corruptos de la Guardia Civil en Málaga o un coronel, de la Guardia Civil, en la banda (capítulo 3 del libro) con motivo de una operación de investigación en Granada a una banda que traficaba con estupefacientes. El coronel, conocido dentro de la banda como Padre, era el por entonces, años 2005 y 2006, comandante Santaella. Y termina el libro con un dato revelador y escalofriante: desde el año 1982 casi quinientos guardias civiles se han suicidado.
¿Cómo habría actuado la fiscal jefe de Melilla ante cualquiera de estos tres casos que he comentado? ¿Habría actuado, de oficio, como hizo la Generalitat contra Jiménez Losantos y como ha hecho ella, en una decisión sin precedentes conocidos en nuestra ciudad, en contra de los que hacemos MELILA HOY? ¿Seguirá manteniendo sus actuaciones contra la libertad de prensa como hizo Gallardón y tendremos que llegar a Estrasburgo para conseguir que, una vez más, se compruebe lo mal que funciona en general la Justicia española? ¿Actuará de oficio y con la sorprendente celeridad con la que está actuando contra nosotros, o, tras leer el libro de Jorge Cabezas, abrirá con toda prisa y similar saña una serie de investigaciones sobre la causa de los suicidios de varios guardias civiles melillenses o, por ejemplo, sobre los responsables de la quema, al segundo intento y en la puerta de mi casa, del coche de mi esposa, sobre los que me lanzaron una indisimulable amenaza del tipo o callas o mueres? ¿Denunciará, de oficio, al capitán de la Guardia Civil que firmó y dirigió -y que, encima, ahora nos denuncia- las lamentables "investigaciones", repletas de falsedades e irregularidades en la trama política disfrazada de denuncias al golf? ¿Profundizará, de oficio, en la investigación sobre el tiroteo con herido muy grave de días pasados en una disputa sobre drogas y en la que, muy probablemente, está involucrado el que, siguiendo una orden recibida, ordenó quemar mi coche? Yo tengo mi respuesta sobre esas cinco preguntas, pero les sugiero a nuestros lectores que, por la libertad y la seguridad de todos, piensen sobre ello y vuelvan a la pregunta que hacía Jorge Cabezas en su libro: ¿quién vigila a los que nos deberían defender del mal y les pagamos, nosotros, para ello?
En lo que a las elecciones generales del próximo domingo se refiere, no cabe duda alguna de que en Melilla se repetirá el triunfo, de manera holgada, de la diputada y los dos senadores del Partido Popular. Sólo cabe añadir que la oposición local se lo ha puesto muy, muy, fácil. En el ámbito nacional todas las encuestas y casi todas las opiniones coinciden en que el resultado electoral no diferirá mucho de lo ocurrido en diciembre, con la incógnita, que a mí me parece menor, de si Unidos Podemos superará o no al PSOE. El caso es que España será, de nuevo, ingobernable y que el Rey puede hacer muy poco, probablemente nada, para solucionar eso. La incógnita es si España está mejor, o menos mal, con un Gobierno en funciones, que intervenga lo menos posible, o con uno funcionando condicionado por políticas suicidas. El mejor gobierno, sin duda, sería el que dejase respirar a los españoles, que son los que pueden crear empleo, por ejemplo, no los políticos, que sólo pueden crear gasto y déficit, o sea, pobreza.
