La nación española en virtud de su poder constituyente se dio la Constitución de 1978 configurando al Estado como monarquía parlamentaria, democrática, descentralizada y solidaria. España recuperó la democracia liberal y desde entonces ha avanzado enormemente en desarrollo económico, político y se ha integrado en la Unión Europea como miembro de pleno derecho.
La democracia liberal le ha sentado bien a España. Sin embargo nuestro país tiene actualmente tres alertas encendidas en el cuadro de mandos, que son: los persistentes nacionalismos separatistas, la necesidad de continuar el crecimiento económico creador de empleo y las insistentes promesas populistas de algunos partidos políticos sobre el supuesto derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vida personal garantizada por el Estado a costa de una altísima presión fiscal de quienes pagan los impuestos y las cotizaciones sociales. Así pues, la razón ordena frenar los separatismos con la ley, y explicar, a quienes prometen y a los que se creen las utopías, que el socialismo no crea riqueza sino que reparte pobreza; además, cada persona tiene su responsabilidad y no cabe esperar “todo” del Estado. El comunismo ha sido un fracaso como demuestran los países que lo han sufrido. El Estado de bienestar no se puede concebir como una aspiración de ilimitado aumento del gasto público e intervencionismo que hace perder prácticamente la propiedad privada. Un Estado moderno que aspire al progreso técnico y a la creación de riqueza debe llegar al equilibrio presupuestario cuantitativo y a limitar el porcentaje del PIB para impuestos para que no se esterilice el espíritu de trabajo de las empresas, autónomos, empleados o profesionales.
Han transcurrido muchos años de desviación de poder de los gobernantes nacionalistas que ha fraccionado la igualdad de todos los españoles y ha limitado las libertades en esas regiones. Pero actualmente, hay varias iniciativas de la sociedad civil, harta de abusos de esos dirigentes políticos, que acreditan que la nación está despertando y revindican que somos una nación en libertad e igualdad así como que procede la defensa de la legalidad y de la Constitución Española de 1978; la aspiración es convivir en libertad en su respectiva localidad sin sumisión al dictatorial pensamiento único nacionalista separatista. Así en Cataluña han surgido Convivencia Cívica Catalana, Sociedad Civil de Cataluña, los periodistas de la asociación Pi y Margall, y se ha anunciado la publicación de un manifiesto de juristas catalanes en defensa del cumplimiento de las leyes por los políticos y grupos políticos de Cataluña. A su vez, desde muchos frentes se ha denunciado el sectarismo y el abuso de poder de la Generalidad mediante la exclusión del idioma español en las escuelas, las administraciones y medios de comunicación subvencionados con cargo al presupuesto público.
Por ello, merecería la pena que el Gobierno del Estado desplegara, ostentosamente, una estrategia doble: una, para hacer frente a este independentismo estéril y otra, para hacer una propuesta de progreso que estimule a los españoles a creer en la acción del Estado y nos haga confiar en un provechoso futuro común en el marco de los valores europeos.
A) Cumplimiento de la ley. La deslealtad del gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña a la CE de 1978 y a las leyes se comprueba en las sentencias del Tribunal Constitucional que ha declarado nulas, una tras otras, las iniciativas parlamentarias separatistas. La Generalidad hace uso de las instituciones y de los recursos del Estado (malversando fondos públicos) para perseguir su fin partidista de independencia, con flagrante violación de la legalidad, invocando como “papagayos” que actúan democráticamente, olvidando que la democracia exige actuar conforme a la ley. El Tribunal Constitucional ha reiterado que “autonomía no es soberanía”; ha recordado el art. 2º Constitución Española que habla de “indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionales y regimenes que lo integran y la solidaridad entre todas ellas” y ha reiterado que el título VIII de la CE dice, en el art. 137, que las Comunidades Autónomas son entidades que integran la organización territorial del Estado junto a los municipios y provincias.
En cualquier caso, el ámbito autonómico requiere un cambio de discurso y sería muy conveniente cerrar el capítulo de la distribución de competencias estatales y autonómicas mediante una ley de armonización (art. 150.3 de la Constitución Española), a la vista de la experiencia vivida y por razón de interés general, para coordinar lo que, en 1982, intentó hacer el proyecto frustrado de la LOAPA. Evidentemente, sería un paso adelante avanzar en paralelo con la configuración del nuevo modelo de financiación autonómica cuya negociación ya está en marcha y en donde hay que explicar bien que el FLA ha “mutualizado” gran parta de la deuda de las Comunidades Autónomas (porque no consiguen crédito de financiadores) en deuda pública del Estado (es decir, ahora, el Estado ha asumido esa deuda aunque sea acreedor, a su vez, de las Comunidades Autónomas).
B) La modernización del Estado y la creación de empleo han de ser estímulo para los españoles. Ello requiere ideas ambiciosas sobre educación, formación, desarrollo científico y tecnológico pues, la nueva economía, requiere formación adecuada de los españoles y atracción de inversiones en los sectores y subsectores en los que la economía española es claramente competitiva en la economía globalizada. No hay otra solución pues los trabajos de poco valor añadido no pueden resolver el problema de los bajos niveles retributivos. El gobierno, la comunidad científica y las empresas pueden ayudar a los inversores a conocer ordenadamente las necesidades del país y de los avances tecnológicos demandados en sectores y subsectores de turismo, infraestructura, ingeniería, medicina, servicios sociales, deporte, etc. en los cuales nuestra economía es muy competitiva; esos sectores tienen alto valor añadido y su desarrollo crearía empleo cualificado de adecuada retribución. Pero para alcanzarlo quedan reformas estructurales pendientes y, entre ellas, el coste de la energía, desorbitado, que pagamos en España en comparación con otros países europeos más industrializados.
CONCLUSION: España, como nación de personas libres e iguales, necesita que desde el gobierno se presenten objetivos ilusionantes que den valor a la unidad y al progreso económico. No debe limitarse el Estado a la acción defensiva jurídica frente a los separatismos. España es mucho más de lo que creen los separatistas. Este monotema separatista es esterilizante pero no nos van a aburrir porque somos muchos más los españoles que creemos en nuestra nación de personas libres que aspiramos a vivir y progresar en unión.
