Afirma que solicitó en 2015 el permiso de residencia, pero que se lo denegaron porque la Oficina de Extranjería les pide una nómina fija de 1.200 euros y una vivienda en propiedad que no pueden permitirse
Samira Aznay, una madre marroquí de seis hijos, pide ayuda para regularizar su situación en Melilla, ciudad en la que afirma que lleva viviendo ocho años junto con su marido y sus hijos, y evitar que la expulsen a Marruecos cuando reabran la frontera con el país vecino. Su hija mayor, que tiene 13 años y estudia en el IES Rusadir, también se encuentra en una situación complicada al igual que ella. Según cuenta, al contrario que sus otros cinco hijos, esta nació en Marruecos y tiene una antigüedad de dos años en el empadronamiento municipal. Tampoco está inscrita en el libro de familia “Está empadronada, pero indocumentada”, resume, aclarando que, al contrario que a ella, no la pueden expulsar por ser menor de edad.
Sin embargo, la situación en la que se encuentra Samira es más grave, ya que asegura que recientemente le han remitido dos cartas de expulsión desde la Delegación del Gobierno. “¿Cómo se va a expulsar a una señora que tiene a su familia aquí?”, pregunta indignada una persona cercana a la familia, quien añade además que esta y su marido han pagado las tasas para solicitar el DNI a cada uno de sus hijos, pero lamentan que no hayan recibido respuesta aún.
“Lo tienen todo legalmente correcto, pero no se les permite la documentación ni a la madre ni a la hija”, subraya.
Samira respondió a dicha solicitud de expulsión a través de una misiva firmada por su abogado el pasado 10 de febrero, dos días después de recibir la última carta, a la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Melilla.
En dicho escrito, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, se resalta que Samira carece de antecedentes penales que «indiquen su peligrosidad» y que su detención «se produjo por el mero hecho de carecer de documentación que acredite su estancia en España», y no por haber sido partícipe supuestamente «en algún tipo de delito».
Así pues, en dicho escrito se indica que Samira «lleva residiendo en España desde hace más de 10 años» y recuerda que está tramitando su correspondiente documentación.
“Soy melillense como cualquier otra persona”
Samira cuenta con casi todos los requisitos exigidos por la Oficina de Extranjería para poder obtener ese deseado permiso de residencia, y así lo pidió en 2015, pero hay dos que se le resisten y que le están suponiendo un quebradero de cabeza: una nómina fija de 1.200 euros y una vivienda en propiedad que no pueden permitirse debido a su situación económica, con todos sus miembros en paro.
«Hay personas que no encuentran trabajo por mucho que quieran», lamenta Samira señalando a su marido, Abdeslame El Maziane, del cual apunta que, debido a una discapacidad psicológica que padece al igual que dos de sus hijos, no puede seguir trabajando. Este Diario ha podido comprobar a través de documentación facilitada por la familia que ambos poseen la Tarjeta Acreditativa de Grado de Discapacidad expeditada por el Imserso que corrobora dicho estado. Abdeslame, que lleva 21 años residiendo en España, afirma haber trabajo en ciudades como Almería, Madrid o Málaga, y que la última vez que estuvo ocupado laboralmente fue con los planes de empleo de la Ciudad, hasta que su discapacidad le apartó definitivamente.
En ese sentido, el único ingreso que recibe esta familia son 750 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda de 306 euros del Imserso por la discapacidad de dos de los niños, y otra de Hacienda de 350 euros por la condición de familia numerosa. Entre todas ellas suman 1.406 euros. Una cantidad que se consume en su mayor parte en el gasto mensuales del alquiler de la vivienda en la que habitan (500 euros) y de la luz (173). «Estamos sobreviviendo prácticamente», asegura Samira, quien agrega que incluso en esta delicada situación «no estamos buscando algo económico, sino que me den el permiso de residencia».
Ante este difícil panorama, esta familia contrató a una abogada, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo y se ha puesto en contacto con la asociación ‘Melilla Acoge’ para tratar resolver esta situación, pero ninguno de ellos les ha servido de ayuda. Y el tiempo corre en su contra. «Mis hijos y mi marido me necesitan. Soy melillense como cualquier otra persona y no tengo otro lugar donde ir y ni dinero ni casa en ningún otro sitio», concluye al final apelando al «pueblo» de Melilla ante la «inhumana desgracia» que dice padecer.
