La inercia es un principio físico que muchas veces funciona en las relaciones humanas y en la política, incluso en situaciones críticas. La tarde del 17 de julio de 1936 los melillenses que tenían pasaje embarcaron en el “Antonio Lázaro” de Trasmediterránea, que a primera hora de la noche debía zarpar hacia Málaga. Cuando supieron que una autoridad militar rebelde había proclamado el estado de guerra y prohibido la salida de buques, muchos de ellos, en lugar de desembarcar, se quedaron a pasar la noche en la motonave. Suponían que la crisis quedaría resuelta en poco tiempo.
La formación de nuevo Gobierno en España ha sido atendida con el ritual informativo y protocolario de costumbre, pero cualquier parecido entre lo que pasa y acontecimientos similares de los últimos decenios es pura coincidencia formal. La novedad capital es que, por su propia decisión, este Gobierno carece de la autoridad de gabinetes anteriores. El mando no lo ejerce el investido presidente, Pedro Sánchez, sino un prófugo de la justicia y autor de un golpe de Estado: el ex presidente de la Generalidad catalana Carles Puigdemont.
Este último es quien ha tenido en su mano la investidura de Sánchez y por lo tanto es capaz de derrocarle en cualquier momento, o por lo menos de hacerle imposible gobernar, con sólo abstenerse en las principales votaciones parlamentarias. Tiene además un compromiso escrito que constituye el núcleo central de la acción del Gobierno: desde la Amnistía a una serie de ventajas políticas y económicas; incluso la aceptación de negociar un referéndum de independencia.
El nuevo Gobierno está en manos de los siete votos de Puigdemont y de pandillas similares: la Esquerra catalana, los paniaguados del Partido Nacionalista Vasco y los siniestros diputados de EH Bildu, continuadores políticos de la banda terrorista ETA, con 855 asesinatos a sus espaldas. También depende de los neocomunistas de Sumar, aunque su incorporación al gabinete limita mucho sus opciones de romper con Sánchez.
Este último sólo tiene garantizada su continuidad en la Moncloa si cede a los progresivos chantajes de la mayoría parlamentara que le ha aupado al poder. Literalmente, está a las órdenes de “Puchi”. Incluso ha aceptado la indignidad de negociar el cumplimiento de los compromisos con los golpistas en suelo extranjero, con presencia fiscalizadora de verificadores internacionales. Nunca un Gobierno español había caído tan bajo. Y todavía hay sanchistas bobos que llaman a este esperpento un gabinete “progresista”. Claro que también mienten cuando dicen que fue lo que votaron los españoles el 23 de julio.
Semejante panorama no tiene nada que ver con la capacidad política de cualquier Gobierno español de la historia. Otros aspectos también son nuevos. Todos los presidentes anteriores, fueran de UCD, del PSOE o del PP, afirmaron al tomar posesión su propósito de gobernar para todos los ciudadanos. Pedro Sánchez, por el contrario, se ha fijado como objetivo levantar un “muro” contra no menos de media España, que suma los once millones de votantes del PP y de Vox, pero también a muchos que votaron socialista y rechazan ahora la amnistía y los demás chantajes. Sólo hay un precedente de este despropósito, la similar actitud de Santiago Casares Quiroga, cuando en mayo de 1936 se convirtió en presidente del Consejo de Ministros, respaldado por la mayoría parlamentaria del Frente Popular.
Otro precedente no es menos inquietante. En junio de 1936 la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acordó la creación de un Tribunal para juzgar a jueces y fiscales. Es lo mismo que ahora ha aceptado Sánchez con el “lawfare”, citado expresamente y que pone en la picota a jueces y fiscales que aplicaron la ley, lo que supone la destrucción de la división de poderes y con ello de la democracia. Naturalmente, Junts y el PNV se han apresurado a solicitar dos comisiones de investigación.
Es otra prueba de mostrar quién manda. Por supuesto la presidenta de las Cortes, “Paquita” Armengol, está así mismo a las órdenes de “Puchi´” y se apresuró a aceptar la proposición de ley de Amnistía, avalada por el infame dictamen de un nuevo Letrado Mayor nombrado ex profeso, procedente de la Moncloa. Otro más de los lacayos del sanchismo que vulneran comportamientos democráticos elementales. También es el caso del Fiscal General del Estado, García Ortiz, a quien el Tribunal Supremo, por unanimidad, ha anulado el nombramiento como fiscal de Sala de la ex ministra Delgado, por desviación de poder. En cualquier democracia auténtica el Fiscal habría dimitido. Aquí le han prorrogado el mandato.
Al lado de todo esto la composición del nuevo Gobierno es irrelevante. Es indecente que siga habiendo 22 ministros, la mitad de ellos sin competencias y con más de mil asesores de libre designación. No podían faltar dos antisemitas y una entusiasta del tirano Lenin, que figura entre los mayores asesinos de la historia. ¡El progreso!
