Lo más razonable es que la Ciudad Autónoma se apriete realmente el cinturón allí donde puede hacerlo en vez de exigir más esfuerzos a sus contribuyentes, aunque sólo sea de uno o dos euros al mes. Y si con ello no es suficiente, que al menos el sacrificio sea compartido La Asamblea ha aprobado esta semana una subida del IPSI de Telecomunicaciones, que se duplica de una tacada. El impuesto con el que están grabados los servicios de telefonía, Internet o televisión por cable pasará del 4 % actual al 8 %, tal y como podrán ver dentro de poco los usuarios en la factura. Una medida impopular por parte del Gobierno de Melilla, que ha impulsado esta medida en solitario por el rechazo de todos los grupos de la oposición, y con la que tendremos que apechugar todos los ciudadanos como siempre que se habla de impuestos.
No es una buena noticia, desde luego, esta subida del IPSI por mucho que el Gobierno haya intentado convencer a todos de que no es tan mala porque apenas supondrá uno o dos euros más en la factura. La oposición ya respondió en el pleno del pasado lunes que depende de para quién ese euro o dos puede ser mucho, si se trata de una familia sin ingresos que depende de ayudas sociales. Y eso es algo de lo que la Ciudad Autónoma es consciente, habida cuenta que Melilla sigue teniendo unas tasas de paro y pobreza más elevadas que la media nacional, aunque hayan mejorado en los últimos años, y las prestaciones que destina a la población desfavorecida ha ido en aumento en los últimos años debido, fundamentalmente, a la crisis y el incremento demográfico.
De hecho, uno de los argumentos empleados por el Gobierno para defender esta subida es que necesita más ingresos para hacer frente a la financiación de todas sus actuaciones, incluida la subida de prestaciones de IMI y otras ayudas. Por lo tanto, la subida del IPSI de Telecomunicaciones es inoportuna, porque afecta al conjunto de la población, incluida aquella que necesita ayuda, habida cuenta que el teléfono es hoy por hoy un servicio básico para todo el mundo. Y también Internet, pues la brecha digital puede ser considerada una forma de exclusión social.
También decimos que es inoportuna porque no son pocas las familias que pasan apuros para poder afrontar los gastos diarios, teniendo en cuenta que aún no se ha salido por completo de la crisis y, pese a todo, se ha disparado el coste de la vida en poco tiempo por el encarecimiento de la cesta de la compra y de servicios tan básicos como la electricidad. Por eso, la excusa del Gobierno melillense respecto a que esta subida del IPSI es de apenas un euro o dos sería válida si la factura de telefonía fuera la única que las familias tuvieran que pagar, y si se hubiera dado una subida de los salarios y las pensiones mayor de la que se ha producido. No es así, de manera que esta medida no hace más que contribuir a esa pérdida de poder adquisitivo de las familias por una subida generalizada de los precios que también afectará, paradójicamente, a la Ciudad Autónoma a la hora de afrontar el pago de la factura de los cientos de líneas telefónicas y de Internet que tiene contratadas.
Con esta medida, la Administración melillense se tira piedras contra su propio tejado, y contra el del conjunto de los ciudadanos, en vez de optar por la manera más lógica de buscar más recursos, que es el ahorro de gastos perfectamente prescindibles. La Ciudad Autónoma tiene muchos donde poder meter la tijera con las denominadas medidas de racionalización del gasto público, que son posibles, como ya se demostró cuando el Gobierno central obligó en la legislatura anterior a las administraciones autonómicas y locales a llevarlas a cabo. Los melillenses así lo perciben y estarán de acuerdo, muy probablemente, en que lo más razonable es que la Ciudad Autónoma se apriete realmente el cinturón allí donde puede hacerlo en vez de exigir más esfuerzos a sus contribuyentes, aunque sólo sea de uno o dos euros al mes. Y si con ello no es suficiente, que al menos el sacrificio sea compartido.
