Rojas admite que una empresa que optaba a la vigilancia privada de la ciudad de Melilla presentó documentos falsos

La mesa de contratación podría imponerle una sanción de 300.000 euros, el 3% de los 9 millones de euros del contrato

La vicepresidenta primera de la Ciudad, Gloria Rojas, ha admitido que una empresa que opta a al “servicio de vigilancia de seguridad privada en dependencias municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla” ha presentado documentación falsa. Ha sido a preguntas de los periodistas, cuando Rojas ha reconocido la existencia de un informe que está en manos de la mesa de contratación del contrato tramitado por la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo.

La dirigente socialista ha subrayado que “ahora la mesa de contratación tiene que tomar una serie de decisiones que se publicarán”, si bien no ha podido adelantar cuáles. “No las voy a contar porque le toca a la mesa de contratación decidir qué hacer, y yo sí quiero recordar que en la mesa de contratación no hay ningún político. La mesa de contratación -ha recalcado- está constituida por técnicos de la Ciudad Autónoma”.


Al respecto, ha dejado claro que “no hay ninguna decisión política ni absolutamente nada. Ahora ellos tienen que tomar una serie de decisiones que, evidentemente, publicarán en la página, donde publican todas las decisiones y acuerdos de la mesa de contratación, pero les corresponde a ellos”.
Gloria Rojas se ha pronunciado así a raíz de unas informaciones publicadas por la Cadena Ser, en las que la presunta irregularidad proviene de “una empresa valenciana que venía de la mano de un empresario melillense, relacionado con uno de los partidos que gobiernan en el tripartito del gobierno local”.


La adjudicación, asegura, estaba ya realizada, pero “minutos antes” llegaron las denuncias sobre documentación falsificada, por lo que optaron por paralizar el proceso para realizar las comprobaciones pertinentes. Entre las irregularidades halladas, señala la Ser, están que una de las firmas que falsifican es la del propio subdirector que hace el informe y se usan impresos de la fábrica de moneda y timbres, que están caducados desde el 2018. La empresa que habría actuado de este modo podría enfrentarse a una sanción de 300.000 euros, es decir el 3% de los 9 millones de los que consta este contrato

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