Varios miembros de la plataforma ‘No al TTIP’ de Melilla advirtieron de que próximamente el Pleno Europeo llevará a votación la aprobación y aplicación provisional del Tratado Económico y Comercial entre la UE y Canadá (CETA). Según manifestaron, no están de acuerdo con algunas de las condiciones que incluye este tratado por considerar que antepone los intereses de las multinacionales al de los estados y las personas. Entre otros puntos, criticaron que a través del CETA se quiere crear un sistema legal paralelo al que no tendría acceso la sociedad civil. La plataforma de Melilla ‘No al TTIP’ advirtió ayer de que el Pleno Europeo llevará a votación a principios de febrero la aplicación provisional del Tratado Económico y Comercial entre la UE y Canadá (CETA).
Ante la proximidad de la fecha, la organización integrada por sindicatos, partidos y asociaciones locales protestó por el acuerdo que, según incidió, podría llegar a influir de forma determinante en las legislaciones estatales, así como en los fondos públicos.
Ante los medios de comunicación, la plataforma puso de manifiesto que el CETA se ha puesto en duda internacionalmente por desproteger a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas, además de por la falta de garantías al medioambiente.
«No estamos en contra de los tratados de comercio en general, sino en contra de cómo están siendo planteados estos», explicaba Pablo Segura, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN).
Un sistema legal paralelo
Entre otros puntos, la organización local que se muestra en contra de tratados como el TTIP o el TISA subrayó que, con el CETA, se quiere crear «un auténtico sistema legal paralelo al que las corporaciones pueden ir para defender sus derechos eludiendo los tribunales existentes, al que ni las organizaciones de la sociedad civil ni las empresas nacionales tienen acceso».
En este sentido, defendió que «los intereses comerciales de las multinacionales e inversores extranjeros no pueden estar por encima de los intereses de los estados ni de las PYMES».
Denominaciones de origen
Por otro lado, el representante de Los Verdes en Melilla, Toni Roderic, explicó que en España hay 219 denominaciones de origen de productos que «quedarán en papel mojado» en cuanto sea de aplicación el CETA.
En consecuencia, continuó exponiendo que esto afectará sobre todo a la vida de los agricultores y de los trabajadores de los territorios en los que se encuentran las materias primas, ya que su elaboración podría deslocalizarse para ahorrarse costes.
Por el contrario, los miembros de UGT, SATE-STEs, EAPN y Los Verdes e integrantes de la plataforma ‘No al TTIP’ indicaron que el camino a seguir debería ser aquel que fomentase el comercio local, que sea sostenible con el medioambiente y que no repercuta negativamente en el sistema público de los estados.
Según afirmaron, no pierden la esperanza de que algún país se manifieste en contra de la ratificación del CETA y, al menos, se puedan negociar algunas de sus condiciones para intentar que el tratado sea menos desigual.
