“En resumen, un impuesto al trabajo tan alto como son las cotizaciones sociales, por muy camufladas que estén, es absolutamente inapropiado para conseguir el principal objetivo que los españoles, Gobierno incluido, pretendemos: bajar el índice de paro. Un objetivo que no se conseguirá, a base de Planes de Empleo públicos, ni de más colocados en cualquiera de las Administraciones Públicas, sino alentando a las empresas privadas, especialmente a las medianas y pequeñas”
Recibo una entrañable carta de despedida del Delegado de Defensa en Melilla, el coronel Mario Ciércoles, a la que prefiero contestar públicamente a través de esta Carta, que es lo que él se merece. Como "un gran militar y una gran persona" definía, con toda justicia, el editorial de nuestro periódico el pasado miércoles a Mario Ciércoles, que ha permanecido casi nueve años al frente de la Delegación de Defensa en Melilla, "años plenos de actividad y de satisfacciones", según los mismos términos que él emplea en la carta que me envía y con los que coincido totalmente.
Es siempre una pena que, por comprensibles razones burocráticas de limitación del tiempo de estancia en un determinado puesto, personas tan valiosas como el coronel que ahora se retira y abandona Melilla para residir en Logroño -que es un sitio muy agradable para vivir, por cierto- tenga que dejar una ciudad, la nuestra y la suya, en la que deja una huella inolvidable y en la que, desafortunadamente, no abundan las personas de su talla humana y moral. Como muchos otros melillenses, te deseo, querido Mario, lo mejor en tu nueva etapa vital y espero poder tener pronto la oportunidad de volver a verte, aquí, en Logroño o donde sea.
Lo que no se va, ni de Melilla ni del resto de España, es la insoportable presión fiscal que padecemos inermes y que es una de las razones más importantes de que suframos el paro más alto de Europa (por cierto, el paro en los Estados Unidos ha bajado considerablemente y se ha situado en el 6,1%) y una profunda crisis económica. Incluso las llamadas cotizaciones sociales no dejan de ser realmente, como bien señala John Müller en un artículo del El Mundo del pasado jueves, un "impuesto al trabajo".
La descorazonadora consecuencia de tanta presión fiscal es que cada español trabaja nada menos que 184 días al año para pagar impuestos y sostener el monstruoso entramado público (político, sindical, etc) que nos agobia. O, dicho de otra manera, sólo lo que ingresa un español a partir del 4 de julio será realmente suyo, y de esos 184 días nada menos que 102 días corresponden a cotizaciones sociales que pagan el trabajador (6,35%) o la empresa (29,9%) en su nombre. Y aunque las que paga el trabajador no se ven en la nómina y los trabajadores no son conscientes de su importe, no dejan de ser un coste, muchas veces disuasorio (como el alto índice de paro demuestra) para cualquier empleador.
Además, las cotizaciones sociales españolas, que son un verdadero impuesto al trabajo, son de las más altas de Europa, aunque se camuflan, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, porque las paga mayoritariamente, como antes decía, la empresa, lo cual y lo señala John Müller en su artículo "dificulta que el trabajador vea lo que realmente se está detrayendo de su renta, puesto que en la nómina sólo aparece el 6,35% que él aporta".
En resumen, un impuesto al trabajo tan alto como son las cotizaciones sociales, por muy camufladas que estén, es absolutamente inapropiado para conseguir el principal objetivo que los españoles, Gobierno incluido, pretendemos: bajar el índice de paro. Un objetivo que no se consigue, ni se conseguirá, a base de Planes de Empleo públicos, ni de más colocados en cualquiera de las numerosas Administraciones Públicas, sino alentando -en vez de gravando con impuestos, trabas, lentitudes y pegas varias- a las empresas privadas, muy especialmente a las medianas y pequeñas.
Sobre el tema del paro, no deja de ser una mala noticia que en Melilla, a diferencia del resto de España, haya subido el paro en junio y se haya superado de nuevo la cifra de los 13.000 desempleados (13.419). El Servicio de Empleo Público (SEPE), vía su directora provincial, Esther Azancot, achaca a la terminación de los planes de empleo esa subida del paro de junio en 614 personas, justificación razonable pero que habría que enmarcar en la extendida opinión, que también es la mía, de que los planes de empleo no son solución alguna al paro, sino todo lo contrario, dificultan tal solución, además de ser una manera lamentable de dilapidar fondos públicos (lo que a su vez contribuye a que no bajen los impuestos y a la espiral de falta de crecimiento económico y, para cerrar el círculo vicioso, a que no se solucione el problema del alto paro). La instalación de parte del Gobierno de Melilla en la "zona de confort" de la que escribía en mi Carta del domingo pasado, también contribuye, como destacaba la oposición (excepto, creo, ese político inútil, eternamente odiador y nefasto que es Julio Liarte) a que al problema del paro no se le vea solución clara en Melilla, por desgracia, aunque el hecho de que la Ciudad destine 2,3 millones de euros adicionales a un segundo plan de inserción laboral de parados en empresas (ahí está la diferencia) a través de la sociedad pública Promesa sea un buen camino, como la propuesta de CPM de pedir un crédito específico para ayudar a la creación de empleo en Melilla.
Entre los melillenses hay preocupación por el paro y la falta de actividad económica suficiente en nuestra ciudad, pero también hay preocupación por el posible resultado de las elecciones locales de mayo del 2015. Tras los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo y extrapolando esos resultados a las elecciones locales -que es una extrapolación muy probablemente fallida- resultaría que el Partido Popular perdería la mayoría absoluta, que ahora tiene en 33 capitales de provincia más Ceuta y Melilla, en todas ellas… menos en Ceuta y Melilla. Es comprensible que Mariano Rajoy quiera ahora cambiar la ley electoral y que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada, aunque me parece incomprensible que el PP, que tiene mayoría absoluta y puede reformar la mencionada ley sólo con sus votos, declare que únicamente si logra el acuerdo al menos con el PSOE lo hará. Es no sólo incomprensible, sino hasta extraño y, desde luego, muy poco práctico.
Más práctico me parecen los intensos y reiterados intentos del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ante el ministro Montoro para conseguir que llegue más dinero a Melilla destinado a aumentar la actividad económica y, como consecuencia, luchar contra el alto paro estructural que padecemos. Imbroda está dispuesto hasta a jugarse su puesto, la continuidad en él, con tal de lograr esos incentivos que nuestra ciudad necesita para modernizarse y crecer económicamente (y para dejar de depender tanto de la pesada carga administrativa, tanta norma trasnochada, tanto miedo funcionarial, tanta lentitud, que oprime a los ciudadanos y lastra las imprescindibles iniciativas económicas privadas, sin las que jamás se logrará salir del paro y la pobreza).
