AUGC ha ofrecido una rueda de prensa en Madrid para informar sobre la remilitarización de la Guardia Civil y la amenaza de prisión para sus trabajadores, recién plasmada con el ingreso en el penal militar de Acalá Meco el pasado jueves 29 de enero de Sergio, un guardia civil con doce años de intachable servicio que ha sido condenado a cuatro meses de cárcel por una simple exceso verbal con un superior.
En la rueda de prensa han intervenido el secretario general de AUGC, Alberto Moya, y el portavoz nacional de la asociación, Juan Antonio Delgado. Los representantes de AUGC se han referido a la actual situación como una remilitarización que rompe el estatus anteriormente alcanzado, en el que la aplicación del Código Penal Militar se ceñía a situaciones de guerra, estado de sitio u operaciones militares. Por el contrario, en el último año se han comenzado a dictar sentencias de prisión por simples infracciones laborales producidas en el trabajo diario de los guardias civiles.
Como consecuencia de ello, en estos momentos los servicios jurídicos de AUGC trabajan en la defensa de ocho guardias civiles procesados por discutir con sus superiores, además del caso de Sergio. No se conocen, por el contrario, casos en el sentido descendente. Es decir, de abusos de autoridad de superiores a sus subordinados. Esto refleja, en opinión del secretario general de AUGC, “que la aplicación del Código Penal Militar no es sino una forma de garantizar las jerarquías en la Guardia Civil”.
“Además, el Gobierno está impulsando la tramitación de una nueva reforma del Código Penal Militar que va más allá, con una jurisdicción militar reforzada e injustificada que busca la extensión a este Código de delitos ya incluidos en la justicia ordinaria”, explica Alberto Moya.
Los representantes de AUGC han denunciado también que en dicha reforma se incluye igualmente un nuevo artículo que supone “un torpedo dirigido a las asociaciones”. Se trata de una disposición por la que se puede imputar delito si al ejercerse el derecho a asociación se infringiera la disciplina militar, “algo tan poco preciso que deja a las asociaciones totalmente expuestas”.
Entre las razones que AUGC ve en este proceso de remilitarización, exponen en primer lugar la falta de trabajo de los Tribunales Militares. Por eso, retorciendo las leyes, buscarían justificar su existencia.
Por otro lado, el Gobierno se encuentra cómodo con la situación de la Guardia Civil como un cuerpo militarizado, ya que las actuales o posibles futuras convulsiones sociales requerirían una policía militarizada que no pudiera protestar contra la vulneración de derechos de los ciudadanos de forma tan contundente.
AUGC aboga por la supresión del Código Penal Militar, tanto para guardias civiles como para militares, como ya sucede en otros países, de manera que se homologase la jurisdicción militar a la ordinaria, con alguna disposición específica en la que se recogiera la condición castrense.
En este sentido, AUGC considera que el ministro del Interior está aplicando un trato discriminatorio a los guardias civiles, recortando el Cuerpo tanto en efectivos como medios, aprobando una ley de personal muy inferior a la de la Policía Nacional, negándoles el derecho de sindicación, etcétera.
Por todo ello, Alberto Moya ha anunciado que el próximo día 4 de marzo se realizará una concentración ante la sede del Ministerio del Interior como preámbulo a una manifestación que tendría lugar en Madrid en las semanas siguientes.
“Mientras Interior nos abandona, Defensa nos acoge en sus cárceles militares”, ha manifestado Juan Antonio Delgado en relación al sentimiento que los guardias civiles albergan respecto a la actitud del actual Gobierno. Para AUGC, la actual situación provoca que los trabajadores de la Guardia Civil sean tratados como ciudadanos de segunda, aplicando unas medidas represoras que han supuesto un retroceso abismal en sus derechos laborales, y “el guardia civil de hoy no es el de 1985, cuando se aprobó el Código Penal Militar, y no nos vamos a quedar callados.
