El transporte ha sido, desde siempre, el tendón de Aquiles de Melilla. Lo es en cualquier territorio insular o alejado del resto del territorio nacional, como es el caso de esta ciudad. Nuestro carácter extrapeninsular debe ser motivo suficiente para que el Gobierno haga el mayor esfuerzo posible para que el transporte funcione como una máquina perfectamente engrasada, pues de él depende nuestro desarrollo no solo económico, sino también social y, por supuesto, turístico. Es nuestro cordón umbilical con el resto del país y de ello, incluso, se puede hacer una lectura política y territorial. Favorecer un buen transporte, que nos mantenga conectados de manera permanente con el resto de España, y que sea accesible y asequible para los ciudadanos de ambas orillas, es el mensaje más potente allende las fronteras.
El problema es que no se palpa una voluntad en esa dirección, a tenor de las decisiones que está tomando el Gobierno de España, del que dependen los transportes, ni tampoco del Gobierno de Melilla que, sin tener las competencias, no presiona en Madrid para que se pueda dar un giro de 180 grados en este ámbito. Quejarse públicamente con la boca pequeña, o hacerlo en petit comité por lo caros que están los billetes de avión para volar a la península o de las limitaciones de nuestro aeropuerto, como han hecho más de una vez algunos miembros del Gobierno local en corrillos con periodistas, no sirve de nada. Lo que deben hacer es hacer valer sus cargos públicos como altavoz para que nos tomen en serio en Madrid, cosa que no está sucediendo. Pero eso no sucede porque ponen por encima el pacto político con el PSOE, que es quien parte el bacalao en Moncloa, dejando a Melilla bastante menos que migajas.
La prueba la tenemos en el contrato marítimo, cuyo pliego es prácticamente un copia-pega del mal contrato que tenemos ahora en vigor, hecho cuando había tiempos de duras restricciones en el transporte por la pandemia, en las que el PSOE se basó para justificar los pasos atrás. Ahora que la movilidad se va recuperando, aunque la pandemia siga, ese argumento ya no nos vale. Este ya no es un contrato puente para ir tirando mientras se hace uno mejor, como nos vendió el año pasado Gloria Rojas. El nuevo contrato marítimo es para dos años vista, con menos presupuesto que ahora, precios que bajan muy poco o nada, y manteniendo el reducido cupo de precios dentro de la OSP, dejando prácticamente toda la capacidad del barco al libre mercado.
Otra prueba está en la negativa del PSOE a que las líneas aéreas de Málaga y Madrid se conviertan en OSP, como ya se hizo con las de Almería, Granada y Sevilla. Es importante hacerlo porque son las más demandadas, abarcando prácticamente todo el tráfico del aeropuerto, tal y como adelantó ayer MELILLA HOY, y justo ahora nos quedamos sin la preciada competencia. Todo el mundo vaticina que subirán los precios, que no son precisamente asequibles, salvo mucha antelación u ofertas puntuales, que es el lamentable clavo ardiendo al que se agarran los socialistas para salir del paso al rechazo del PSOE en el Congreso y el Senado a la petición del PP en este sentido.
Para que mejore el transporte, y a melillenses y turistas nos resulte más fácil, cómodo y barato viajar, es necesario poner más dinero encima de la mesa y el Gobierno socialista no está dispuesto a hacerlo. La pena es que el Gobierno de Melilla tampoco está dispuesto a defender esta demanda justa para nuestra ciudad para que los socios políticos no entren en conflicto (una vez más). Intereses políticos por encima de los ciudadanos.
