Por Juan Ríos, periodista y consultor político
Yo no vi nacer la democracia en España ni viví el 23F. No conozco el miedo ni el ruido de sables. Pertenezco a una generación que creció con la certeza de la estabilidad en todos los ámbitos. No tuvimos que preocuparnos nunca por que el sistema se revalidara sin incertidumbres cada cuatro años, se ensanchara la carta de derechos sociales y el país se fortaleciera gracias a una economía cada vez más estable. Para nosotros, vivir en el progreso era lo natural. Nos movíamos en un marco reglado que definía ciertos límites, y estaba bien. La palabra aún tenía valor, y, en política, sobre la confianza de esa palabra dada se edificaba todo un país.
Pero hay algo tan importante como el marco constitucional y los niveles de deuda y superávit para un país. No se ve, pero es igual de fuerte. Es la responsabilidad política del gobernante. Llevamos meses asistiendo a una perversión completa del sistema basada en la idea de que quien gobierna puede cambiar las normas por interés personal o capricho, independientemente del daño político, social o institucional, por el simple hecho de ostentar un cargo, y sin que nadie asuma una mínima responsabilidad. Como si el poder fuera una barra libre de cuatro años a la que solo están invitados los miembros del gobierno.
Sobran los ejemplos. Por decir tres: el entramado de podredumbre que salpica a Ábalos y Francina Armengol con su lista interminable de secuaces; el contorsionismo jurídico de Sánchez y Bolaños con tal de aprobar la Ley de Amnistía a toda costa; o el desfile de políticos de Coalición Por Melilla de esta semana por los juzgados y la cárcel a razón de fraude, malversación, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Ahí es nada.
Hay lugares donde la política no llega. Las instituciones no juzgan, no pueden dictar sentencias. Y al revés, hay espacios que quedan fuera del alcance del poder judicial. Un juez puede dictar si una conducta es constitutiva o no de delito, pero no puede actuar para reparar la inmoralidad política. Necesita hechos tangibles para juzgar. Del mismo modo, un político puede mentir, manipular a la calle, desmantelar territorialmente a su partido, atacar a los rivales, pervertir leyes y códigos aunque suponga un retroceso, hacer presión y teatro y utilizar toda su influencia en los medios para justificar una decisión política, y no habrá un juez que pueda toserle.
La responsabilidad política es tan líquida que el corrupto, incluso con sentencia condenatoria, puede aferrarse a su escaño de diputado y sin que nadie pueda obligarle a renunciar. También puede hacer lo contrario de lo que prometió en campaña, enarbolar la jurisprudencia europea para saltarse el Código Penal y a los jueces con tal de amnistiar a la carta a un delincuente, y mentir abiertamente, y nadie podrá sentenciarle por pretender salvar de ese modo su legislatura. O, por hablar en términos locales, un consejero de la Asamblea puede pedirle a sus amigos que monten empresas y untarles concediéndoles contratos menores prácticamente. Es algo tan legal como indecente.
Al nombrar a alguien consejero, ministro, presidenta del Congreso o presidente del Gobierno, se ocupa una cuota de espacio político que emana de las urnas, pero ese nombramiento exige más que una simple filiación o ideología. Puede destruir cuanto quiera su reputación, pero lo que no debería permitir es el daño social o institucional que provoca cometer su delito o su falta de responsabilidad. Las instituciones son públicas por algo. Y los políticos deberían entender que se deben a una colectividad que es mucho más amplia que su electorado, y rendir cuentas.
La responsabilidad política, que tanto se airea cuando conviene, no está al albur de la conveniencia ni del momento. Debería ser ley primera de cualquier institución, y todo cargo público, grande o pequeño, debería aplicarla con la misma convicción. El teatro en que se ha convertido la política degrada más la democracia que cualquier caso de corrupción porque el sistema funciona, y la Justicia, más tarde o más temprano, termina encontrando siempre al delincuente, pero no puede reparar la desafección ni el desprestigio. Como ciudadanos, debería alarmarnos la mascarada constante, la mentira continuada, la manipulación casi pegajosa que acompaña cada declaración pública, la doble moral y la absoluta falta de moral, la sombra de la sospecha, siempre presente. El verdadero error de la sociedad es pensar que un poco de corrupción es aceptable. El del político, pensar que es compatible no denunciar las irregularidades de un compañero y seguir en tu cargo, o no hacerlo porque tu estancia en el podré depende de él. Y el de la prensa, creer que renunciar a los principios y la deontología por un interés puramente económico no es tan grave. El error es exigir pulcritud y ejemplaridad a otros pero no aplicártelas a ti mismo, o hacerlo a medias, solo cuando conviene o alguien mira. Es justificar cualquier medida con el argumento pobre de que, al menos, no gobiernan los otros; es creer que el paso por la política no tiene por qué tener un fin, en fijar un rasero de honestidad distinto, en función de quien se trate. El mal mayor de la política, en definitiva, está en entender la oposición política como un ariete para arrasar con todo a base de acusaciones de brocha gorda, y creer que el gobierno es un mazo o un salvoconducto para forrarse a cara descubierta.
Errores y males que la Justicia no puede reparar.
Esta semana se presentó en el Ateneo el libro ‘La teatralización de la política en España’ y se habló de la mascarada y la irresponsabilidad que produce el electoralismo como fórmula de gobierno cuando se lleva al extremo, y de cómo todo desemboca siempre en más polarización y radicalización política, mediática y social. Me faltaron soluciones, pero tuve la suerte de hablar después brevemente con Cristina Monge. Me dijo que el libro aporta algunas claves y comentamos un par de cosas. Una, que el aviso que dejó en su último artículo está más vigente que nunca: entre una democracia abocada al espectáculo incapaz de garantizar un nivel de vida adecuado y un sistema menos democrático que sí cumple, cada vez hay más gente —sobre todo jóvenes— que prefiere el segundo modelo. Y otro, que todo se agrava por la ausencia total de liderazgo, de personas con coraje que dejen a un lado la hipérbole y sean capaces de superar el cortoplacismo y liderar las reformas que hacen falta.
Afortunadamente, aunque no se lo crean, desde que comenzó la democracia hasta 2023, las leyes que se han aprobado en el Congreso han tenido un promedio de acuerdo del 90%. Lo recoge Xavier Coller en el libro. Lo malo es que la irresponsabilidad política que permea en la calle echa por tierra la percepción social de la clase política. Y ojo, hemos crecido tranquilos. Pero las cosas no duran para siempre. Ni siquiera la democracia. Si no, echen un vistazo al mapa. Las democracias no se derrumban por la corrupción. Se resquebrajan por faltarles el respeto.
