Los investigadores de la Policía Judicial consideran que la contratación menor de los letrados externos a la Administración terminó por asumirse como una práctica normalizada durante el mandato de la ex consejera María Antonia Garbín. Según los testigos, la responsable y los funcionarios de la Consejería eran conscientes de que estaban incurriendo en fraccionamientos de los contratos al hacer «un uso abusivo» de la contratación menor. El juicio por el ‘Caso Abogados’ continúa su curso. Ayer fue el turno de las declaraciones del capitán y de un agente de la Unidad de la Policía Judicial de la Comandancia de Melilla, responsables de la investigación que ha desembocado en este procedimiento judicial.
Según señaló el responsable de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo el mandato de la ex consejera María Antonia Garbín se asentó el sistema de la contratación menor para los letrados externos a la Consejería de Bienestar Social.
Aclaró el testigo que en el seno de la investigación se comprobó que la Consejería ya venía contando con letrados externos a la Administración desde antes de que Garbín asumiera su cargo. «Pero es en esta última fase en la que se instaura este tipo de contratación de cuatro o de seis meses», afirmó.
Falta de colaboración
Ambos testigos recibieron la orden del magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de investigar los hechos denunciados por la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Melilla, personada en esta causa como acusación popular.
Como especificaron en la vista, el objeto de esta investigación era saber cuántos letrados externos estaban siendo contratados por la Ciudad Autónoma de Melilla, así como la fórmula de contratación que se empleaba. La intención era esclarecer si se estaba incurriendo o no en un presunto delito.
Tal y como subrayaron el capitán y el agente, la Ciudad Autónoma no colaboró cuando se solicitó la información relativa a los contratos de los cuatro abogados externos a la Consejería de Bienestar Social.
La documentación que inicialmente entregó la CAM estaba incompleta, según apuntaron los testigos. Por este motivo tuvieron que recurrir a una petición de mandato judicial, tras la cual sí se mandó toda la información relativa a los expedientes de los contratos de los juristas.
Fraccionamiento
Los investigadores concluyeron que sí se produjo fraccionamiento puesto que la Consejería de Bienestar Social contrató a los mismos cuatro abogados a lo largo de doce años empleando contratos de cuatro y seis meses.
Para llegar a esta conclusión fue determinante la declaración que prestó el jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico de la CAM, quien explicó a los agentes que al principio de cada ejercicio económico era aprobada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y los presupuestos de la Ciudad.
En base a esta declaración, los investigadores dedujeron que la Consejería de Bienestar Social estaba al corriente al inicio de cada año de que no se iba a producir una ampliación en la plantilla, al menos en los próximos 12 meses.
Por este motivo, insistieron en que tendrían que haber contratado a los cuatro letrados externos mediante la fórmula del contrato mayor, ya que el objeto del contrato siempre era el mismo, el de prestar asesoramiento jurídico. «Se hizo un uso abusivo de los contratos menores que no se corresponde con la legalidad», insistió el capitán.
Dietas por desplazamientos
El capitán y el agente afirmaron que los juristas externos cobraron dietas por desplazamientos fuera de Melilla pero no presentaron facturas de los gastos. Les llamó la atención que el interventor de la Ciudad no pusiera ningún reparo, ya que estos gastos se justificaron como si fueran funcionarios del grupo A2 y no como autónomos.
Al parecer de los investigadores, no tiene sentido que la Administración invirtiera en la formación de los letrados que no estaban adscritos a la plantilla, ya que se desconocía si en un futuro continuarían trabajando para la Consejería.
Señalaron que estos cuatro letrados tenían sueldos muy similares a los de los funcionarios, que rondaban entre los 2.000 y los 2.500 euros. También apuntaron que contaban con 22 días de vacaciones y que entre ellos se cubrían para seguir facturando ese mes.
Negociado sin publicidad
Los testigos vieron algo sospechoso en el negociado sin publicidad que lanzó Bienestar Social para la contratación mayor de cuatro letrados en el año 2014. Estos contratos fueron adjudicados a tres de los cuatro letrados externos procesados en esta causa.
Los investigadores creen que los requisitos que se pedían iban encaminados a que sólo estos abogados pudieran acceder a los contratos. Entre otros, se solicitaban letrados con diez años de experiencia y que hubieran trabajado durante cinco años en la Administración.
Según explicaron, preguntaron al Colegio de Abogados cuántos letrados colegiados en Melilla cumplían con estos requisitos, pero la entidad no disponía de estos datos.
De acusada a testigo
Ayer también prestó declaración quien fuera directora general de Bienestar Social entre los años 2000 y 2004. La funcionaria pasó de acusada a testigo del caso después de que le hubiera prescrito el presunto delito de prevaricación administrativa.
Insistió en que los letrados fueron contratados mediante la fórmula del contrato menor para que cubrieran las necesidades urgentes de la Consejería debido a que no se incluían las plazas en la plantilla que se habían solicitado de forma reiterada a la Consejería de Administraciones Públicas.
El juicio continuará el jueves con la declaración de nuevos testigos.
