Tras la publicación ayer de la ley 25/2013 de factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público,las empresas proveedoras de las administraciones públicas estarán obligadas a presentar sus facturas en formato electrónico. Así, según un estudio de Seres, Melilla es una de las comunidades más preparada para este nuevo formato. Ayer entró en vigor la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, por lo que las empresas proveedoras de las administraciones públicas, entre ellas las de la Ciudad Autónoma de Melilla, estarán obligadas a presentar sus facturas en formato electrónico, bajo multa de hasta 10.000 euros.
Según un estudio de Seres (empresa especializada en la automatización de procesos documentales y de servicios de interconexión desde más de 30 años), basado en la consulta directa a 3.000 empresas proveedoras de la Administración General del Estado (AGE), las empresas más preparadas son las de Madrid, seguidas por las de Baleares y la ciudad autónoma de Melilla y, en un tercer grupo, las empresas gallegas, navarras y catalanas.
"En general, todas las comunidades autónomas han mejorado sus números, siendo la Comunidad de Madrid la que ha mejorado más significativamente. Le siguen Baleares y la ciudad autónoma de Melilla y, en un tercer grupo, las empresas gallegas, navarras y catalanas" señala dicho estudio publicado por el diario Expansión.
La nueva ley establece un modelo único de factura electrónica en toda la administración, el denominado modelo E, al que deberán adaptarse tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas para el pago a sus proveedores, entre ellos la Ciudad Autónoma de Melilla.
Mediante esta ley, por la que además se crea un único registro contable de pagos en el sector público, asegurará una mayor transparencia en la lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas, según las estimaciones del Gobierno y permitirá que salgan a la luz todas las facturas pendientes de cobro en las administraciones públicas.
La ley contó con el consenso de todos los grupos políticos en el Congreso, salvo Izquierda Plural, que criticó que redundará en una menor actividad en los servicios postales y ha lamentado que pueda tener un efecto negativo sobre el empleo en la empresa pública Correos, donde está prevista para este mes una convocatoria de huelga.
Desde este viernes 16 de enero todas las facturas asociadas a bienes o servicios prestados a este tipo de organismos cuyo importe supere los 5.000 euros deberán ser enviadas en formato electrónico a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACE).
La iniciativa, que responde a los requisitos legales recogidos en el Real Decreto 1619/2012 y en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, persigue el ahorro en los costes asociados a la factura en papel y una mayor agilidad y eficacia en la gestión administrativa.
La obligación de emitir facturación electrónica afecta a los contratos suscritos con la AGE, pero también es aplicable a las denominadas empresas de "especial trascendencia económica" que realizan transacciones con el público en general, como servicios financieros, suministro eléctrico, de agua o gas, agencias de viajes o transporte de viajeros.
