El 24 de junio de 2007 fallecían, víctimas de un ataque con explosivos, en la localidad libanesa de El Khiam, 6 Caballeros Legionarios Paracaidistas españoles. Formaban parte del Contingente de las Naciones Unidas en aquel país. El vehículo en el que se desplazaban, un vehículo Blindado Medio sobre Ruedas (BMR) quedó seccionado longitudinalmente, desapareciendo totalmente el lado en el que se produjo el impacto de los explosivos colocados en un vehículo al lado de la carretera.
Como consecuencia de aquel ataque, se desencadenó un debate público en los medios de comunicación sobre la protección de la que disponían los vehículos de nuestros soldados para resistir siquiera mínimamente ataques de estas características. El debate derivó en la recriminación al Gobierno, recriminación que trasladó a la cadena de mando militar, sobre las razones por las que los vehículos no disponían de inhibidores, siendo una tecnología ya muy experimentada en España como consecuencia de la experiencia antiterrorista acumulada por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El asunto de los inhibidores se resolvió con cierta agilidad y rapidez. El de la protección inherente al propio vehículo es aún hoy, 14 años después, objeto de controversia presupuestaria y técnica, si bien todo apunta a que hemos emprendido el camino de no retorno para la renovación de la flota de dichos vehículos, esperándose disponer de los primeros relevos para final del próximo año.
El caso es que, durante dicho debate, se llegó a manifestar públicamente que tampoco el resto de los contingentes, como el italiano, con el que trabajábamos en estrecha cooperación, disponían de dichos inhibidores. Esta manifestación pública fue objeto de presentación de queja formal por parte de Italia que exigió al Gobierno español evitar hacer públicas las presuntas vulnerabilidades de contingentes militares desplegados en zonas de operaciones. Nos vinieron a decir que si nosotros éramos tan insensatos como para hacerlo con nuestros contingentes, que adelante, que era nuestro problema, pero que no lo hiciésemos extensivo al resto de las fuerzas operando en aquel país. En otras palabras, nos echaron en cara nuestro poco sentido común en aspectos tan sensibles.
Esta semana se ha hecho público en los medios de comunicación la interpelación de un Senador de Compromís al Gobierno, en la que afirmaba que la única salida posible a la recuperación de las buenas relaciones con Marruecos era darle la razón en el asunto de El Sahara, es decir, reconocer su soberanía sobre dicho territorio, en contra de la postura sostenida, hasta el momento, por la comunidad internacional, incluida España, de respaldo a las tesis de las Naciones Unidas en esta materia.
En su argumentación sobre las relaciones hispano-marroquíes introducía consideraciones que ponían en duda la seguridad de las ciudades de Ceuta y Melilla, habida cuenta del importante proceso de rearme acometido, a decir del Senador, por el reino de Marruecos y, que según él, Ceuta y Melilla no disponen del paraguas de seguridad proporcionado por nuestra pertenencia a la OTAN, ya que ninguna de ambas ciudades están incluidas en la redacción literal de la cláusula de defensa colectiva del art. 5 del Tratado fundacional de la Alianza Atlántica.
Ya expliqué en otra ocasión que eso no es así y que cualquier agresión física a ambas ciudades vulnerando el derecho internacional, tendría consecuencias en el ámbito de la Alianza Atlántica, ya que desde 1949, fecha en la que se redactó el Tratado de la Alianza, momento en el que nosotros no formábamos parte de la misma y una vez superados los criterios de la guerra fría, las cláusulas de defensa colectiva se han visto muy matizadas como consecuencia del desarrollo de los sucesivos Conceptos Estratégicos de la OTAN. Ahora rige el de 2010, que está en revisión para asumir nuevas amenazas como las procedentes del ciberespacio, no vinculadas a delimitaciones territoriales físicas, como se contemplaba en el Tratado original. En el Concepto vigente, la defensa colectiva está más apoyada en la defensa de valores compartidos que en la de superficies territoriales delimitadas de una u otra manera, razón por la cual no cabe hablar de la exclusión de las ciudades de Ceuta y Melilla de esa defensa colectiva.
El caso es que, como se ve, a diferencia de lo que sucede en la generalidad de los países con los que nos relacionamos, en nuestra nación, los asuntos de la seguridad y la defensa son utilizados irresponsablemente para practicar la confrontación política, menospreciando el efecto que sobre nuestra seguridad y nuestra defensa tiene dicha confrontación. Y es que la configuración de una adecuada cultura de defensa es una asignatura pendiente de nuestra evolución política. Es preciso tomársela en serio, de una vez por todas, por parte de todos los actores implicados, especialmente, los que asumen responsabilidades de carácter político.
Es necesario pasar progresivamente de la divulgación de una Cultura de Defensa de la Asistencia Humanitaria y de los buenos oficios a la de una cultura de defensa de la Disuasión y de proporcionar a nuestros soldados la capacidad de desempeñar sus cometidos siempre con la más exquisita proporcionalidad en el empleo de la fuerza, pero con garantía de eficacia y sobre todo de su propia seguridad. Es una obligación que tenemos para con ellos, para lo cual, debemos estar dispuestos a garantizarles la disponibilidad de unos presupuestos de defensa que les permitan contar con los equipamientos necesarios y con la capacidad de sostenerlos en los niveles de rendimiento adecuados, así como acceder a unas retribuciones dignas de la evolución del poder adquisitivo de la generalidad de los españoles. Sólo desde esa perspectiva se puede acometer con decoro y eficacia un aspecto tan relevante de nuestra seguridad como es el de la defensa de España.
