La Ciudad Autónoma de Melilla ha reclamado una revisión “al alza, decisiva y contundente” de su financiación autonómica por parte del Estado, debido a la “presión” que supone la prestación de todo tipo de servicios públicos “en una ciudad entroncada en un cruce migratorio de mayores y menores de edad”.
En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar, ha afirmado que esta situación “coarta el desarrollo” de la ciudad “por insuficiencia del compromiso” del Gobierno de España hacia Melilla, habida cuenta que la financiación que recibe en el actual sistema, desde 2009, es “un sistema lesivo para sus intereses”.
Por ello, el Ejecutivo melillense considera urgente reformar ya el sistema de financiación, aunque no oculta su malestar porque “el PSOE, en nombre del Gobierno de España, antes de convocar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya había pactado una serie de concesiones a otros partidos y gobiernos autonómicos”.
Mohatar, que estuvo presente en el CPFF de este lunes en sustitución del consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha apuntado que la ministra María Jesús Montero “se afanó en desmentir una y otra vez que no había nada firmado ni se había hecho un traje a medida para Cataluña”, pero es algo a lo que el Gobierno de Melilla no da credibilidad.
“Es vox populi, ha salido en todos los medios y todo el mundo conoce ya a estas alturas que el Gobierno de España, a través del PSOE, hizo una serie de concesiones muy generosas a otras autonomías antes de que se constituyeran las Cortes y antes de sentar al resto de territorios en una mesa”, ha lamentado la portavoz de la Ciudad Autónoma.
El Ejecutivo melillense lo considera “una falta de respeto y consideración” que “atenta contra la igualdad de toda la ciudadanía española” y defiende que, mientras se inicia la reformulación del sistema de financiación, se pacte un fondo transitorio de nivelación “para paliar el enorme desfase que tiene la Ciudad Autónoma entre ingresos y gastos”.
Según Mohatar, ello ya fue tasado en un informe de un grupo de expertos en 2017, durante el Gobierno de Rajoy, que recomendaba una revisión y “un fortalecimiento” de las dos Ciudades Autónomas debido a sus “dificultades presupuestarias”, aunque nunca se llevó a cabo porque en 2018 hubo un cambio de color político en Moncloa con la moción de censura.
Carencias en los servicios públicos del Estado, “la quiebra del discurso”
El Gobierno de Melilla cifra en más de 20 millones de euros el gasto en competencias impropias “para suplir carencias de los servicios públicos que deberían estar garantizados por el Estado”, como la Educación y la Sanidad, que “el Gobierno enarbola para jactarse de progresismo en Melilla” y “es la quiebra del discurso”.
Así, se ha referido a la huelga de médicos “más larga de la historia” que se está produciendo en Melilla y Ceuta desde hace más de nueve meses, así como “la peor de las notas” que han recibido ambas ciudades en el reciente Informe PISA de 2022, “cuestiones que vienen a evidenciar que las responsabilidades del Estado tienen una gran carencia” en Melilla.
Mohatar ha explicado en este sentido que la ministra defendió que estas cuestiones deberían estar pactadas en el Congreso de los Diputados, si bien la portavoz del Gobierno melillense ha recordado que las diferentes cuestiones que se han llevado a las Cortes Generales para solventar las carencias presupuestarias han sido rechazadas.
Así, ha enumerado la ampliación del puerto, un mejor ecosistema para atraer empresas de base tecnológica, la financiación de la universidad pública como elemento dinamizador socioeconómico o “la fulminación, de un plumazo, de la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social”, lo que se une a las desventajas que sufre Melilla por su extrapeninsularidad.
