El Gobierno melillense acusó ayer a Coalición por Melilla (CPM) de intentar interferir en las decisiones del tribunal de oposiciones de la Policía Local, que se están desarrollando desde el inicio de la pruebas físicas el 8 de mayo, y en las que los cepemistas han pedido participar como observadores. A preguntas de los periodistas, la viceconsejera de Administraciones Públicas, María de los Ángeles Gras, pidió a CPM que deje de atacar al tribunal, y mostró su apoyo a los funcionarios que forman parte de él “por lo profesionales, honestos y respetuosos que están siendo”.
Los integrantes del tribunal, dijo Gras, son personal funcionario de carrera que está “suficientemente cualificado y preparado” para llevar las oposiciones, y que actúa de forma autónoma e independiente, por lo que no puede interferir nadie, ni de la Administración ni de la oposición.
Aclaró que si diputados cepemistas han estado presentes en algunas de las pruebas físicas no fue por su condición de diputados, sino porque son abiertas al público y pueden estar presentes en las gradas como cualquier otro ciudadano.
Por esta razón, negó que no se permitiera el acceso de los diputados a una prueba, que se celebró en el interior de una sala, ni que se les quitara ningún derecho, puesto que allí sólo estuvieron presentes los miembros del tribunal, los árbitros, los aspirantes y los miembros de la Cruz Roja debido a las reducidas dimensiones de las dependencias.
De ahí que desmintiera la “falta de transparencia” denunciada por CPM en las oposiciones a la Policía Local, al tiempo que recordó que ningún miembro del Gobierno ni de sindicatos forman parte del tribunal, como tampoco ella interfiere como viceconsejera en sus actuaciones hasta que terminan las oposiciones, salvo para resolver recursos de alzada.
Preguntas “racistas”
Respecto a las preguntas supuestamente racistas que CPM ha afirmado que se hicieron en las pruebas psicológicas de las anteriores oposiciones, Gras recordó que ese asunto está en los juzgados porque siete opositores presentaron una demanda y están en su derecho de hacerlo si creen que ha habido un error administrativo.
