La Guardia Civil ha intervenido medio millón de bolígrafos y 12.000 gorras deportivas falsificadas en el puerto de Melilla y ha denunciado a dos empresarios de la ciudad, que figuraban como consignatarios de la mercancía, que han pasado a disposición judicial como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial.
Según informó ayer la Comandancia de la Guardia Civil en una nota de prensa, estas actuaciones se han producido entre abril y mayo de este año, después de que la Unidad de Análisis de Riesgos, integrada por guardias civiles y personal de la Aduana y Agencia Tributaria, registraran dos contenedores que habían llegado a Melilla vía marítima con mercancía declarada como cajas de bolígrafos una de ellas, y mercancías textiles variadas la otra.
Tras la apertura y reconocimiento físico de la mercancía, se apreció que en el primero de ellos, el de las mercancías, había 31 cajas con 11.850 gorras, quepis y similares con visera con logos de marcas comerciales deportivas. Debido a que eran susceptibles de no ser auténticas, se procedió su intervención e instrucción de diligencias judiciales al apreciarse indicios de delitos contra la propiedad industrial.
Lo mismo ocurrió con el segundo contenedor, en cuyo interior había 134 cajas con 536.000 bolígrafos de una marca comercial muy conocida, susceptibles de ser manifiestamente falsos.
Además, se iniciaron gestiones para determinar el origen cierto de la mercancía, su consignatario y destino presumible de la misma.
Los representantes legales de las marcas en España confirmaron la falsedad de los productos intervenidos, cuyo valor superaba los 415.000 euros. En el caso de las gorras, apuntaron que la falsificación era muy buena por el material utilizado para su fabricación y sus embalajes, que eran prácticamente iguales a los auténticos, lo que podía inducir a error.
El destino final de la mercancía falsificada intervenida presumiblemente era la venta en diversos establecimientos de Melilla y por su cantidad, también en Marruecos.
Los consignataria de la mercancía son dos empresarios afincados en Melilla, uno marroquí con tarjeta de residencia comunitaria y otro español, que han pasado a disposición judicial como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, quedando la mercancía intervenida en el almacén de la Aduana de Melilla a disposición de la autoridad judicial.
