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Imbroda plantea revisar el tratado Schengen para evitar un “almacén de inmigración” en Melilla

A juicio de Imbroda, lo sucedido en Melilla demuestra la “poca capacidad” de los gobiernos de España y Melilla en la gestión migratoria

El presidente regional del PP, Juan José Imbroda, planteó ayer la posibilidad de revisar la excepcionalidad de la aplicación del tratado Schengen, por la cual las fronteras de Melilla están en el puerto y el aeropuerto, para favorecer el traslado de inmigrantes a la península y evitar que nuestra ciudad se convierta “en un almacén de inmigración”.

En rueda de prensa, Imbroda dijo que el hecho de que la frontera esté situada en el puerto y el aeropuerto hace que se produzca “un tapón” que impide salir a los inmigrantes.

Por ello, llamó a “reflexionar” sobre la aplicación de esa excepcionalidad en la aplicación del tratado Schengen en Melilla, ya que eso permitiría que todo el mundo pudiera salir en el barco o el avión desde Melilla sin enseñar el DNI, de la misma forma que otras personas pueden coger un avión, un tren u otro medio de transporte en la península para ir a otro punto del territorio nacional.

Si no se aplicara dicha excepcionalidad, los melillenses podrían salir más fácilmente de la ciudad, aunque “sobre todo, la gente que no es de Melilla”, que ahora consigue entrar en la ciudad por la frontera terrestre “y se queda aquí”, máxime desde que el Gobierno no organiza traslados de grupos hacia la península.

“¿Hasta cuántos menores vamos a tener en Melilla? ¿Hasta cuantos marroquíes de forma ilegal? Podríamos reventar y hay que replantearse eso como cuestión de fondo”, dijo Imbroda para defender su propuesta para que no se aplique la excepcionalidad del tratado Schengen en la ciudad.

“Bombas de relojería”

A su juicio, es necesario porque con una “situación excepcional” como es la pandemia, la saturación de los centros de acogida de inmigrantes que hay en Melilla, tanto menores como adultos, se han convertido en “bombas de relojería” debido a que “hay mucho hacinamiento” en ellos y sus residentes “tampoco tienen un gran entusiasmo por guardar las distancias”.

Ello, dijo el líder popular, no solo perjudica a los propios inmigrantes, sino también a Melilla en general como ha sucedido en el rebrote que sufre la ciudad desde finales de abril, de ahí que cargara contra el Gobierno central por no hacer traslados de inmigrantes a la península, especialmente “cuando se veía venir” la crisis sanitaria en marzo.

“Poca capacidad”

Según Imbroda, con la gestión migratoria realizada ha quedado demostrada “la poca capacidad y voluntad para arreglar” el problema que sufre Melilla no solo por parte del Gobierno central, que no realiza traslados de inmigrantes a la península ni rechazos hacia Marruecos como en la época de Gobierno del PP, sino también por parte del Gobierno de Melilla.

Así, Imbroda considera que la Ciudad Autónoma “no tendría que haber consentido” la situación a la que se ha llegado por la gestión migratoria realizada, pero cree además que “no tiene ni idea” por algunas decisiones que ha adoptado, como “la procesión itinerante” de marroquíes e inmigrantes por diferentes zonas de Melilla desde el cierre fronterizo y la apertura de centros de acogida y aislamiento en barrios de la ciudad.

Pide emular a Ceuta sobre la expulsión de quienes se niegan a retornar a Marruecos

Respecto a la repatriación de marroquíes acogidos en Melilla que se ha llevado a cabo en los últimos días, el presidente regional del PP, Juan José Imbroda, se preguntó por qué solo han sido retornados aquellos que lo han pedido y no todos, de ahí que defendiera que se tramite una orden de expulsión a quienes no hayan querido regresar a Melilla, como se ha hecho en Ceuta.

Según Imbroda, en Ceuta “se han adelantado” a Melilla en esta cuestión porque en nuestra ciudad “están más en la foto que en la solución de los problemas”. Por ello, defiendr la necesidad de ir a la Plaza de Toros y tramitar una orden de expulsión contra quienes se han quedado allí, “si no es por la frontera de Melilla, por la de Algeciras”, y aplicar una prohibición de entrada en España de 3 a 5 años.

Lo contrario, en opinión de Imbroda, supone mantenerlos invitados como “un turismo un poquito indeseable”, además de sostener el problema de una acogida en condiciones “inhumanas” en la Plaza de Toros, convertida en “otro CETI en malísimas condiciones”.

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Redacción

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