El galimatías en los municipios y en las Comunidades Autónomas está servido. La falta de mayorías absolutas en los resultados electorales del 24-05-15 está obligando a los partidos, o agrupaciones políticas, que han ganado representación, a negociar y formalizar pactos de mayoría.
Las negociaciones se están haciendo a diversas bandas, muchos de los puntos debatidos son impropios de las competencias de los entes (bancos públicos, desahucios…) y los ciudadanos tienen la visión de un paisaje político confuso con serios interrogantes de gobernabilidad. De ahí, el uso de la palabra galimatías de la que dice el Diccionario de María Moliner: “Lenguaje incomprensible por la confusión de las palabras o de las ideas”, es decir, “confusión o lío”.
Con independencia de quienes legítimamente pactan para llegar al poder, me ha llamado la atención el uso de expresiones que son más que frases retóricas, pues dañan la esencia del pluralismo democrático. El PSOE y Podemos repiten que hay que “sacar al PP de las instituciones” o que no quieren tratar con ellos por estar al otro lado de las “líneas rojas” o bajo “cordón sanitario”. La referencia a la expulsión de las instituciones contiene un error de concepto pues una cosa son las instituciones y otra el gobierno de las mismas; por ello, habrían de ser más precisos porque, si bien es lógico intentar alcanzar el poder para sustituir al partido gobernante, ello no significa expulsarlo “de las instituciones”. La lucha política en democracia exige que la confrontación por el poder se someta al pluralismo político y estas expresiones (repetidas en otros casos) son inadecuadas en partidos que deben reconocer este principio democrático, más aún, cuando, a la postre, todos hablan entre sí y habrá pactos de todos los colores.
Esta visión confusa de los ciudadanos alcanza, también, al contenido de los pactos. En general, los negociadores no parece que trabajen “por y para” un programa de acción sino, que tratan, exclusivamente, de sumar votos para alcanzar el poder, sin proponer soluciones a muchos de los problemas que preocupan a los ciudadanos: la seguridad local, la eficacia de los servicios municipales, la limpieza viaria, el respeto del equilibrio presupuestario, la bajada de impuestos (plusvalía e IBI) (que han subido, desproporcionalmente, en casi todas las poblaciones y por ello, los municipios son los únicos entes territoriales sin déficit público)… Incluso es peor en las negociaciones de algunos municipios en donde PSOE-PODEMOS actúan en la penumbra (en Madrid…), pretenden incrementar el gasto público (sin precisar –viviendas- en qué, ni cuánto), desean subir los impuestos sin precisar cuáles ni cuánto, quieren remunicipalizar servicios sin concretar cuales (con su repercusión sobre el costo de gestión), aumentar el número de empleados públicos…sin aludir para qué…
En las Comunidades Autónomas el galimatías es más grave por sus amplias competencias y el peso del gasto en sanidad, educación y servicios sociales, por lo que influyen, de modo positivo o negativo, en la confianza de las empresas para realizar inversiones; así hay regiones que anuncian ecotasas turísticas, limitaciones horarias, medidas para mantener la división de mercado frente a la unidad necesaria… Son muchos los avatares y, entre ellos, ha sido sorprendente el apoyo de C´S en la investidura de la Presidenta de Andalucía porque no se ha creado un marco para atajar la corrupción e, incluso, el pacto anuncia la creación de un banco público o el establecimiento de 40 delegaciones comerciales en el extranjero…
Todo este análisis de riesgos debería estar superado tras 40 años de democracia, si dispusiéramos de una normativa rigurosa que evite tantas incertidumbres y, aporte seguridad jurídica y económica a los ciudadanos. Es decir, la ley electoral habría de regular el cambio de los gestores de los gobiernos municipal o autonómico de forma más informada, objetiva y automática, sin crear tantas incertidumbres de personas, mayorías o programas; ello se resolvería si tuviéramos perfectamente definido el modelo electoral con mayorías y segundas vueltas, así como el competencial y presupuestario de estas administraciones. Es evidente que un modelo electoral que evite “colaos” de rebote y un sistema legal objetivo y transparente reduce posteriores excesos de subjetivismo político. Por ello, hay ámbitos de acción para mejorar nuestra democracia en todos los ámbitos; en lo referente a las elecciones locales hay cosas pendientes.
1º. La actualización del sistema electoral evitaría tanta confusión para la formación de los gobiernos locales estableciendo un sistema que permita gobernar a los alcaldes y grupos políticos que representen el “verdadero” deseo ciudadano. Todo está estudiado y probado en las democracias modernas. Hay soluciones por la vía de potenciar la figura del Alcalde mediante su elección directa, reconociéndole un estatuto con mayores competencias; otra vía es el sistema de elección directa de los concejales por barrios. O la de que el partido más votado tenga ventajas para formar gobierno o se establezca una segunda vuelta que permita alcanzar las mayorías desde el electorado. Las soluciones comparadas son varias pero, la vigente en España, debe renovarse. Se trata de evitar estas negociaciones “confusas” y que sean los ciudadanos los que, verdaderamente, elijan a su alcalde y concejales evitando sorpresas y tapados.
2º. Necesaria y rígida separación entre administraciones y gobiernos políticos, municipal o autonómico. La estructura administrativa y funcionarial, especialmente del “controller” de gastos (el interventor o el batallón necesario de interventores y auditores), no debe verse “convulsionada” por el cambio de gobierno. Es excesiva la presencia política y de sus “asesores” en las administraciones territoriales, en las múltiples empresas municipales o autonómicas, y demasiada su influencia en la adjudicación de contratos (que deberían ser por subasta).
3º. Obligado equilibrio presupuestario de las Comunidades Autónomas y responsabilidad política de los excesos realizados. No se han aprovechado estos años para regular racional y equitativamente la financiación autonómica. La figura creada del FLA permite una cómoda (casi frívola) financiación de algunas Comunidades, a las que, sin embargo, no se les ha obligado a controlar sus gastos; por otro lado, las comunidades que cumplen los límites del déficit no han merecido premio alguno. El peligroso nivel de “la deuda del billón”, ya es suficiente hipoteca para nuestros hijos, nietos…, por ello, el déficit público debe ser cero. Hay que evitar que los gobiernos autonómicos lleven a España a la senda griega.
4º. Estatuto y formación idónea de los políticos electos para que conozcan sus obligaciones y riesgos legales. En efecto, conocen bien cómo llegar al poder y las mayorías necesarias para formar gobierno, pero también deberían conocer sus deberes como representantes de los ciudadanos: la responsabilidad, la transparencia, la objetividad en la decisión y la rendición de cuentas. La calidad personal y la preparación mejoraría si los electores conocieran debidamente a los candidatos.
CONCLUSIÓN: El fraccionamiento de la representación de las elecciones municipales y autonómicas de 24 de mayo ha creado un panorama político que exige pactos de gobierno. El ciudadano no tiene una visión concreta de las negociaciones y se encuentra desconcertado sobre los integrantes y capacidad de los nuevos gobernantes así como de sus objetivos. Debería modificarse la ley electoral para que el elector conozca mejor a los candidatos a los que da su confianza para gobernar; hay que cambiar el sistema para ir a la elección directa con segunda vuelta, y, especialmente, habría de potenciarse la figura del Alcalde.
