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España no se rinde

para otazu

España es mucho más que la representación de una eventual mayoría parlamentaria ahormada sobre la base de pactos, acuerdos o negociaciones de diferente naturaleza.

España es, también, mucho más, que la representación de una eventual mayoría absoluta, obtenida, circunstancialmente, en las urnas, porque la mayor parte de la ciudadanía de España así lo haya decidido en algunos momentos de nuestra historia.

España es un proyecto compartido por españoles de toda condición y a lo largo de toda la historia, que, desde la noche de los tiempos han venido acumulando hazañas, encuentros, desencuentros, aventuras, desventuras, tragedias y hechos irrelevantes, de carácter individual o colectivo, para llegar a conformar la realidad colectiva que ante el resto de las naciones se reconoce como España.

Los españoles hemos trabajado y nos hemos esforzado a lo largo de nuestra historia para sobreponernos a todo tipo de adversidades y para aprovechar, igualmente, todo tipo de vientos favorables acumulando energías de forma transversal a todas las percepciones que de nuestra realidad hemos tenido nosotros, los actuales ciudadanos de nuestra nación, todas las generaciones que nos han precedido y todas las que nos seguirán, para alcanzar nuestras ilusiones compartidas y encontrar un camino colectivo y un lugar en la historia del mundo.

Cierto es que este camino lo hemos tenido que compartir, en ocasiones, con españoles que han experimentado dificultades para sentirse cómodos en este gran proyecto colectivo, imaginando, ellos, una suerte de “progreso” consistente en desandar el camino andado y “recorrer hacia atrás” el devenir de nuestra historia hasta el punto aquel en el que todavía no habíamos “recorrido hacia adelante” el itinerario de nuestra unión nacional y el de la fusión de las diferentes partes de nuestra nación que vinieron en cohesionarse y consolidarse en lo que hoy conocemos como España.

Nuestra Constitución propugna en su artículo 1, como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, razón por la cual, ningún tipo de ideología ni aspiración política están excluidas de nuestra realidad política nacional. No obstante, el mismo artículo 1 determina que la soberanía nacional, la de nuestra nación, la española, la única nación a la que se refiere el texto constitucional, reside en el pueblo español, el único al que, igualmente, se refiere la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. De él, del pueblo español, emanan los poderes del Estado.

 

Vemos hoy, a pesar de ello, cómo en la actividad política hay actores que se esfuerzan en retorcer los argumentos con fines meramente electoralistas, a fin de obtener ventajas indebidas e incluso ámbitos de impunidad para la comisión de acciones contrarias a los principios citados. Así se nos habla de la existencia de varias naciones en España o de diversos pueblos como sujetos de algún tipo de soberanía parcial o regional. Nada de ello es compatible con nuestro ordenamiento constitucional, si es que la norma escrita ha de servir para algo. Se argumenta en ocasiones que la Constitución no es inamovible y que debería revisarse en algunos extremos. No debería existir inconveniente alguno si esto se realiza de acuerdo con las previsiones de la propia Constitución.

Todo lo demás, la alteración unilateral de las mayorías requeridas para modificar nuestro modelo de convivencia, la utilización de subterfugios pretendidamente lícitos para alterar el concepto de nación y de pueblo, fragmentando lo que para la Constitución es objeto de consideración unitaria o el abuso del concepto de soberanía popular atribuido a las Cortes Generales o a una parte de ellas, el Congreso, cuando no resulta conveniente hacerlo extensivo al Senado, no son más que argucias pretendidamente legales que no conducen más que a la creación de un ámbito de inseguridad jurídica de imprevisibles consecuencias.

En este ámbito de deriva de nuestro sistema constitucional, nos encontramos en esta legislatura, desde la propia sesión de investidura del candidato que finalmente ha resultado elegido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, profundizando en los tics autoritarios que comenzaron con su llegada a la presidencia del gobierno al fin de la XII legislatura, desacreditando y descalificando al principal partido de la oposición al que se pretende privar de la capacidad de ejercer su obligación de salvaguardar la necesidad de que el gobierno de la nación se ejerza en beneficio de “toda” la nación y no sólo de aquella parte de la misma que coincide en sus planteamientos con los que preconiza el gobierno.

Nos habló el entonces candidato, hoy presidente, Pedro Sánchez, de la necesidad de levantar un “muro” de protección frente a todos aquellos españoles que, por no coincidir en los planteamientos con los esgrimidos por el gobierno pasan a ser considerados “ultraderechistas peligrosos” y enemigos de las conquistas sociales y de derechos promovidos por el gobierno. La ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha estrenado esta semana su nuevo cargo manifestando su esperanza de que la oposición ejerza su tarea “de manera constructiva”, es decir, acatando de manera sumisa los designios del gobierno. En toda democracia, el gobierno y la oposición tienen un interés compartido a salvaguardar, el interés general. Si la oposición observa que el gobierno se aparta de este principio, en beneficio del interés de un sector de la población y en perjuicio de otro o de otros, la oposición tiene la obligación de ponerlo de manifiesto y de tratar de combatirlo. Parece increíble tener que argumentar esto, pero en éstas estamos.

Frente a quienes interpretan la democracia como una vía para imponer al conjunto de la población lo que ésta, auténtica titular de la soberanía nacional, rechaza de manera significativa mediante los mecanismos que las leyes ponen a su disposición, es necesario salvaguardar el legítimo derecho de los españoles, de todos los españoles, a que su voz sea escuchada, atendida y respetada. Esa España que comparte, más allá de las legítimas discrepancias ideológicas, un proyecto común de vida que, apoyada sobre nuestro pasado, se impulsa sobre nuestro presente para lanzarse a nuestro futuro, no se resigna a ser desoída o ignorada. Esa España no se rinde.

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Fernando Gutíerrez Díaz de Otazu

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